El Gobierno ha presentado este martes un plan para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb "para alquiler social y asequible". El Gobierno de Sánchez pretende, así, ayudar a ampliar el parque de vivienda pública en los próximos años sumando esta iniciativa dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, tal y como ha informado tras el Consejo de Ministros de este martes.

Según ha anunciado el Ejecutivo, esas 50.000 viviendas se distribuirán en 21.000 ya existentes que pretenden vender a comunidades autónomas y ayuntamientos para que las destinen a alquiler social, 14.000 ya habitadas para las que se desarrollará una estrategia de alquiler social y 15.000 nuevas que quieren que se construyan en suelos que pertenecen a la Sareb. De las 21.000 ya 'preparadas' y aún sin inquilinos, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aclarado que 12.000 están pendientes de obras de finalización o habitabilidad y que las otras 9.000 están listas para entrar a vivir.

La Sareb, acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, ha sido conocida en España como el banco malo. Este organismo fue creado en 2012 para comprar los inmuebles propiedad de los bancos a un precio menor y así aportarles liquidez y sanear sus cuentas. Actualmente el propio Estado es el accionista mayoritario de la Sareb.

Si finalmente acaban entrando al parque de vivienda español 50.000 pisos públicos, podría suponer un cambio de paradigma. Nuestro país lleva años construyendo cada vez menos viviendas. Esa reducción en la obra nueva se ha visto especialmente en los pisos protegidos. Pero el plan del Gobierno también se puede leer como un anuncio electoralista —cuando queda poco más de un mes para las elecciones municipales del 28 de mayo—. Así lo ha definido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido este martes un pacto de Estado por la Vivienda.

"Esto no se arregla interviniendo precios ni con medidas improvisadas en campaña electoral. Ahora se le ocurren cosas porque se acredita que no tiene política de vivienda", ha criticado Feijóo. El Gobierno, en cambio, con este nuevo plan habla ya de la "nueva finalidad social de Sareb".

Aunque serán absolutamente necesarias las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que el plan pueda salir adelante. El Gobierno pretende que sean estas administraciones quienes compren a la Sareb 21.000 viviendas para destinar a alquiler social y también solares para construir otras 15.000. Un total de 36.000 viviendas que dependen de lo que quieran hacer otras administraciones. Más de la mitad de las 50.000 prometidas por el Gobierno.

Ventas ya anunciadas

Calviño ha asegurado que ya han llegado a acuerdos con comunidades como Galicia o la Comunitat Valenciana y que están en negociaciones con otras administraciones como los ayuntamientos de Madrid o Barcelona. Pero esos dos acuerdos ya los había contado la propia Sareb. El banco malo anunció en febrero la venta de 500 viviendas a la Generalitat Valenciana para destinarlas a alquiler social y en marzo la venta de 40 a la Xunta de Galicia para lo mismo. También comunicó la venta de 15 viviendas al Gobierno de la Región de Murcia repartidas en cuatro municipios —la ciudad de Murcia, Abanilla, Torre Pacheco y Caravaca—.

De hecho, Calviño también ha asegurado que la Sareb ya gestiona en la actualidad 2.000 alquileres sociales. Algo que ya había explicado la sociedad en una nota de prensa a finales del mes pasado, donde también indicaba que "el parque de viviendas de Sareb está a disposición para su venta a las Administraciones Públicas autonómicas y locales para su adquisición, y de este modo aumentar el parque público de vivienda social y alquiler asequible".

Cambio de paradigma

Está por ver, entonces, cuántos nuevos alquileres sociales acabarán realizándose finalmente. Sánchez habló en un primer momento de que España tenía que conseguir tener un 20% de vivienda pública, pero el ministerio rebajó luego las expectativas al localizar este porcentaje solamente en los lugares que se declaren zonas tensionadas, como ya contó Público.

Las 50.000 viviendas que el Gobierno pretende que entren al mercado como alquiler social o se conviertan en este tipo de vivienda, si realmente acaban siendo esas, podrían provocar un cambio de paradigma. España lleva desde 2015 sin terminar más de 10.000 viviendas protegidas en un año. En nuestro país se construyen cada vez menos pisos y en el caso de la vivienda pública el mínimo histórico es aún más claro.

En 2021 se terminaron 9.957 viviendas protegidas y 84.091 viviendas libres. Los pisos construidos bajo iniciativa privada tampoco están en sus momentos más abultados, pero la cifra ha ido recuperándose poco a poco desde 2016. Eso no está sucediendo al mismo ritmo con la vivienda pública, en un país que ya de por sí tiene pocos pisos de protección oficial.

España, detrás de la UE y la OCDE

En España tres de cada cuatro viviendas son de propiedad —el 49% de propiedad directa y el 26% de propiedad pero con hipoteca aún sin acabar de pagar—. Los hogares en régimen de alquiler son sólo el 17% —el 14% a precio de mercado y el 3% de alquiler social o reducido—, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La distribución de los hogares en España es similar a la media de los países de la OCDE, pero en lo que más se diferencia es precisamente en esos alquileres sociales o subsidiados por debajo del precio de mercado. El dato en la media de la OCDE aumenta hasta el 7%, más del doble que en España.

Los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo —también de 2020— mostraban algo parecido. Según estos, en España hay 452.040 viviendas protegidas, un 2,5% del total de parque de viviendas. La media de la Unión Europea, en cambio, es del 9,3%: casi cuatro veces más.

Las viviendas de la Sareb

La web de la Sareb permite buscar entre los inmuebles de su propiedad. Según esta, la Sareb tiene 46.542 viviendas a lo largo de la geografía española. Al analizar los datos por provincias, la cosa varía mucho. De las casi 7.000 que tiene el banco malo en Barcelona —6.997— a las solo 14 de Gipuzkoa.

La mayor concentración de viviendas de la Sareb se da en las provincias de la costa mediterránea —Catalunya, Comunitat Valenciana y la Región de Murcia— y en Madrid y Toledo. De hecho, según los datos del propio Ministerio de Asuntos Económicos, entre las 21.000 localizadas para su venta a las comunidades, casi la mitad se encuentran en la Comunitat Valenciana y Catalunya. El banco malo, eso sí, no tiene solo viviendas. Según sus propios datos, tienen también 24.619 suelos, 14.202 obras en curso o 13.192 inmuebles terciarios en todo el país.