Las comunidades autónomas volvieron a aumentar su dependencia de la financiación de la Administración Central el año pasado, pasando el porcentaje de su deuda total en poder del Estado desde el 47,7% de 2015 al 53,7%, siendo Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha las regiones con mayor dependencia de financiación estatal el año pasado.

Así se desprende del documento 'La evolución de la deuda pública en España en 2016', elaborado y publicado este martes por el Banco de España, que muestra que la ratio de deuda pública sobre el PIB se redujo por segundo año consecutivo desde 2008, hasta alcanzar el 99,4%, frente al 99,8 % registrado en 2015.

En concreto, el déficit primario y la carga de intereses aportaron 1,7 y 2,8 puntos porcentuales del PIB a la deuda de 2016, respectivamente, lo que supone tres décimas del PIB menos que en 2015 en ambos casos, de forma que el déficit público fue de 4,5% en 2016.

Sin embargo, estos incrementos se vieron más que compensados por las aportaciones del crecimiento del PIB nominal y del ajuste déficit-deuda, que redujeron la ratio deuda-PIB en 3,4 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Instrumentos de largo plazo

En términos de su estructura, la deuda de las administraciones públicas en 2016 se concentró en instrumentos de largo plazo (91,% del total), con una vida media ligeramente superior a los seis años, y se materializó principalmente en valores (83,1% del total) que aumentaron su peso en detrimento de los préstamos.

Entre 2015 y 2016, el Eurosistema adquirió deuda pública de los países del área del euro por valor del 4,7 % y del 7,2 % de su PIB en los años 2015 y 2016, respectivamente. Como resultado, las tenencias de deuda pública española por parte del Banco de España se situaron en el 12,9% del total de deuda pública (12,8 % del PIB).

Mientras, la deuda a corto plazo siguió perdiendo peso con respecto al total de deuda en los principales países del área del euro. El porcentaje del volumen de deuda que vence en menos de un año disminuyó en términos agregados, lo que conllevó un ligero incremento de la vida media del stock de deuda tanto en España como en el área del euro.

Ajuste déficit-deuda

Según el Banco de España, el denominado ajuste déficit-deuda ha sido un factor "relevante" en la dinámica de la deuda pública en España desde el comienzo de la crisis, como consecuencia de las operaciones financieras de diversa naturaleza en las que se han involucrado las administraciones, si bien en términos acumulados en los últimos años su impacto ha sido escaso.

En concreto, estos ajustes redujeron el saldo de deuda en 2010 y 2011, cambiaron de signo en 2012, y contribuyeron a aumentar la deuda ese año en 3,7 puntos del PIB y en 2013 en 1,5 puntos del PIB. En 2014 su efecto fue nulo, para volver a tomar un valor negativo en 2015 y en 2016, disminuyendo la deuda en 2,1 y 1,6 puntos del PIB, respectivamente, una variación que se explica en su mayor parte por la enajenación de activos financieros.

En 2016, los pasivos de las administraciones públicas se redujeron en 2 puntos del PIB, hasta el 139,1% del PIB. No obstante, una vez que se tienen en consideración las operaciones entre los distintos niveles de las administraciones públicas, los pasivos consolidados de las administraciones son "notablemente inferiores" (117,2% del PIB), si bien se sitúan por encima de su nivel en el área del euro (109% del PIB).

Por subsectores

El Banco de España explica que en los últimos años las operaciones de endeudamiento entre los distintos subsectores ha determinado un incremento de la deuda de la Administración Central emitida en el mercado, que ha servido para financiar las CCAA y las corporaciones locales, aunque también se han producido operaciones entre la Administración Central y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La deuda sin consolidar de la Administración Central se situó en el 87% del PIB en 2016, 0,4 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2015. Si se tiene en cuenta que ha aumentado la financiación concedida a otras administraciones, hasta alcanzar los 15,5 puntos, principalmente frente a las CCAA, el volumen total de la deuda de la Administración Central, una vez descontados esos activos financieros frente a otras administraciones, se redujo en 2016 en 2 puntos porcentuales.

Por su parte, la Seguridad Social registró un endeudamiento del 1,5% del PIB, una décima menos que en 2015. Simultáneamente, en 2016 disminuyó de nuevo la cuantía de los activos de otras administraciones públicas que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mantenía en su cartera. Estos activos, que llegaron a suponer un 5,8% del PIB en el año 2011, se redujeron hasta alcanzar en 2016 un 1,4%. Por tanto, por primera vez desde el año 2003, la deuda de la Seguridad Social neta de estos activos financieros fue ligeramente positiva (0,1% del PIB).

Con respecto al conjunto de las CCAA, su deuda aumentó en 2016 en 0,4 pp del PIB, hasta situarse en el 24,9 % del PIB. El incremento fue generalizado entre CCAA, pero de diferente intensidad, situándose en algunas de ellas en niveles de endeudamiento superiores al 30% de su PIB regional.

De su lado, las corporaciones locales redujeron su nivel de endeudamiento en 2016, por cuarto año consecutivo, en 0,4 pp del PIB, hasta situarlo en el 2,9 % del PIB. En el caso de las administraciones locales, la deuda en su poder emitida por otras administraciones públicas es nula, mientras que las CCAA sí que han recibido en los últimos años un volumen significativo de financiación por parte de la Administración Central.

A partir de 2015, la deuda de las administraciones autonómicas en poder de esta última se encuentra englobada en el Fondo de Financiación a las CCAA.

Deuda a empresas y familias

En cuanto al stock de los créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago de las administraciones, en 2016 continuó el proceso de disminución de estos pasivos de las administraciones frente a empresas y familias, situándose en 88.500 millones, por lo que acumulan ya una caída de 3,3 puntos del PIB desde el máximo de 131.400 millones registrado en 2011. La deuda pública neta representó en 2016 el 33,2% del PIB en términos de activos consolidados.

En relación con los avales concedidos por las administraciones españolas, el volumen de estas operaciones concedidas por el Estado se ha reducido en 7,2 puntos del PIB desde que alcanzó su máximo en 2012, hasta situarse en el 9% del PIB en 2016, como resultado, sobre todo, de la disminución de los avales vivos mantenidos con entidades de crédito.

Por último, la deuda de las empresas públicas españolas se situó a finales de 2016 en el 3,6% del PIB, registrando una caída en términos nominales por quinto año consecutivo. La reducción acumulada en estos cinco años ha sido de 9.400 millones, siendo esta especialmente acusada en el caso de las empresas públicas dependientes de las administraciones de las CCAA y, en menor medida, de las corporaciones locales.