Más de 230 trabajadores esperan en vilo la decisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad para conceder una autorización para producir cannabis medicinal en Garray, a 9 kilómetros de Soria, casi a la vera del río Duero. Son los mismos empleados del que fue el mayor invernadero de Europa de rosas rojas, la mayoría ahora en ERTE tras haber comprado la empresa un fondo inversor de EEUU especializado en el sector cannábico. Los sindicatos alertan de que este proyecto es "vital" para el futuro de la capital de la España vaciada.

Aleia Roses era una de las mayores empresas de Soria, una de las siete que llegó a tener más de 250 trabajadores en una provincia con poco más de 89.000 habitantes. En dos invernaderos gigantescos, de siete hectáreas cada uno, se cultivaba la variedad Red Naomi, considerada como una de las mejores del mundo por la intensidad de su color rojo, número de pétalos, grosor del tallo y la duración de hasta dos semanas en un florero. La mayor parte de la producción se enviaba a Holanda, potencia mundial del sector, y luego también a Suráfrica. La empresa, al presentarse en sociedad en 2016, dijo que había invertido 50 millones de euros y que preveía producir 40 millones de flores al año.

¿Y por qué eligieron Soria? Así lo explicaba entonces el consejero delegado de Aleia Roses: "El clima de Soria reúne las condiciones más propicias para el crecimiento de nuestras rosas. A 1.030 metros sobre el nivel del mar, soleado casi todo el año, frío, incluido las noches de verano, bajos niveles de humedad y el Duero al fondo, que nos proporciona agua pura y ayudará a convertirnos en un referente de calidad en un sector tan delicado como el de las rosas".

Sin embargo, apenas cuatro años después, el negocio se fue al tacho. Según el secretario provincial de CCOO, Javier Moreno, la gestión de personal era nefasta con frecuentes atrasos en el pago de los salarios, mientras los altos cargos no escatimaban en gastos a cuenta de la empresa y se acumulaban las deudas con la Seguridad Social, la compañía de electricidad, los proveedores, con todo, hasta que llegó la quiebra. Aleia Roses entró en concurso de acreedores y se hizo cargo de ella un administrador concursal, que logró enderezar la frágil situación económica. Entonces, aparecieron los americanos, el dólar de EEUU.

El fondo de inversiones Full Moon Investments, especializado en las inversiones en el sector del CBD y el cannabis medicinal, con proyectos en varios estados de EEUU y en Colombia, adquirió en 2020 las instalaciones de Aleia Roses en Garray a través de la empresa Ondara Directorship. En un principio, la nueva propietaria anunció que iba a compaginar el cultivo de la rosa con el del cannabis medicinal, pero el pasado mes de abril dio un volantazo y cerró de repente toda la producción de Red Naomi. Como consecuencia de ello, 192 trabajadores entraron en un ERTE, con vigencia hasta el próximo diciembre, 33 fueron despedidos, con compromiso de reincorporación, y unos 40 se quedaron trabajando en los invernaderos para preparar la plantación de cannabis y mantener las instalaciones. Todo eso a expensas, claro, de que la AEMPS conceda la autorización para cultivar marihuana con fines terapéuticos, permiso que aún no ha llegado.

Tres y cuatro plantaciones al año

Pablo Soria, secretario general de UGT-FICA de Soria, estaba contento esta semana no ya porque fueran las fiestas de su ciudad, sino porque la empresa le había mostrado las últimas comunicaciones de la Agencia de los Medicamentos para la concesión de una autorización a la que, según él, ya le quedan unos pocos flecos, solventar tan sólo algunos trámites administrativos. "Esperamos que en breve haya buenas noticias para Soria", manifestó a Público.

La pretensión de Ondara es en un principio cultivar cannabis en una superficie de 3,5 hectáreas, la mitad de lo que ocupa uno de sus dos enormes invernaderos de Garray, para luego ir aumentando la producción, que deberá ir destinada al completo a la exportación, ya que en España aún no está permitido el uso medicinal de la marihuana, legal en cambio en otros países de la UE como Alemania, Italia, Portugal o República Checa. Esa producción proporcionará trabajo a toda la plantilla que estaba en Aleia Roses, según le ha asegurado la empresa a los sindicatos, con una media de tres y hasta cuatro plantaciones al año que garantizaría un empleo permanente.

El responsable de Ondara, George Campbell, aseguró el pasado abril que el proyecto de Garray requería una inversión inicial de seis millones de euros con el objetivo de, a largo plazo, abrir en la misma planta un centro de producción para la transformación de la flor del cannabis en un artículo medicinal listo para exportar.

Lo que decida finalmente y cuándo la AEMPS es todavía una incógnita, de cuya resolución depende el futuro de más de 230 trabajadores de 21 nacionalidades diferentes, una mano de obra extranjera que, con sus familias, ya representa en torno al 10% de la población soriana: de los 89.000 habitantes de esta provincia, 8.700 proceden de otros países, ocupados sobre todo en tareas agrícolas y de servicios. "La situación en la que nos encontramos nos obliga a ser optimistas", dice Javier Moreno, quien subraya lo de "nos obliga".

"La gente está preocupada, hay incertidumbre"

Jose es uno de los empleados que ha entrado en el ERTE tras haber estado cuatro años trabajando con las rosas. Jose es su nombre figurado, porque prefiere permanecer en el anonimato dada la situación incierta en la que se encuentra la empresa. "La gente está preocupada, hay incertidumbre con lo que pueda pasar –dice-. Hay gente que se ha ido a trabajar a la manzana, porque con el ERTE gastas el tiempo del paro, cobras el 70% y a los seis meses, sólo el 50%, y luego el año que viene te cruje Hacienda con la declaración. Otros sólo tienen derecho a cuatro meses de paro, porque sólo habían trabajado un año... Es complicado".

El ERTE de Ondara no es, además, consecuencia de la pandemia de la covid, sino de la coyuntura económica de la empresa, por tanto, no se beneficia de las ventajas aprobadas por el Gobierno para ese tipo de expedientes laborales. Según Jose, en el invernadero de Garray trabajan muchos matrimonios, marido y mujer, incluso madre e hija, y aunque al principio eran, sobre todo, españoles, como él, éstos se fueron yendo poco a poco debido a las duras condiciones del trabajo, al calor insoportable que tenían que aguantar algunos meses.

Las condiciones laborales, sin embargo, fueron mejorando en unos invernaderos considerados como los mejores de Europa, asegura este trabajador: paredes y techos de cristal, no de plástico, calentados con más de 13.000 focos, provistos de máquinas para limpiar toda la cubierta y de carros eléctricos para moverse por sus inmensas instalaciones. "Es una gozada. Y ahora están poniendo cámaras en todos lados con un sistema de seguridad súper controlado para cuando se empiece con el cannabis", afirma Jose.

Lo que también espera este trabajador es que el cultivo del cannabis medicinal traiga mayores salarios. Cuando cultivaban y cortaban las rosas, ganaban un salario base mensual de 900 euros más bonos de productividad, que les dejaba un sueldo medio de unos 1.100 euros, algo que tiene que ver con la circunstancia de que el convenio colectivo del campo de la provincia de Soria es de los más bajos de España, según CCOO. "La nueva empresa –dice Jose- nos ha dicho que cobraríamos más, pero a ver. También nos ha dicho que si la cosa va bien, el año que viene podría haber 500 personas trabajando".

Tanto CCOO como UGT, los sindicatos con representación en el comité de empresa, consideran "vital" un proyecto empresarial que da empleo a más de 230 trabajadores en una provincia paradigma de la España vaciada. Esos 230 empleados suponen, por ejemplo, el 0,6% de la población de la capital soriana, un porcentaje que comparado estimativamente con la de Madrid supondría una compañía de 19.000 trabajadores y de casi 10.000 en Barcelona.

"Este proyecto no se puede perder de ningún modo aquí, en la España vaciada de la que se habla tanto. Por eso, las administraciones tienen que ponerse en marcha para que esto se autorice cuanto antes", advierte Pablo Soria. "Si no mantenemos el empleo, aquí no hay nada. Si queremos acabar con la despoblación tenemos que ser capaces de generar empleo para que la gente se quede", señala Javier Alonso.

La zona más despoblada de la Unión Europea

Y Soria tiene un gran problema con la despoblación, tanto que es, junto a Laponia, la zona con menos habitantes por kilómetro cuadrado de toda la UE, subraya el secretario provincial de CCOO. El informe de la fundación Funcas La despoblación de la España interior, presentado el pasado febrero, refleja que Soria cumple rigurosamente, junto al resto de las provincias de Castilla y León, los criterios que determinan esa situación: una tasa de crecimiento demográfico negativa entre 1950 y 2019, y una densidad de población inferior a la media nacional.

El estudio revela que Soria, Teruel, Cuenca, Palencia, Zamora, Huesca y Burgos son las provincias en las que se manifiesta con mayor intensidad el vacío demográfico, con densidades que, excluyendo las capitales y ciudades de más de 50.000 habitantes, son inferiores a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, "cifra que es la que toma la Unión Europea para definir las zonas con muy baja densidad de población". El fenómeno de la despoblación ha sido, en algunos casos, "devastador", hasta el punto de que Soria ha perdido casi dos terceras partes de su población y se ha situado en 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado, concluye el informe de Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorro. Valga como referencia que toda la población de esta provincia cabría casi en un estadio de fútbol como el Santiago Bernabéu y de sobra en el Camp Nou.

Y a esos datos de la despoblación se suma la falta de infraestructuras de transporte y comunicaciones, que hacen aún mayor el aislamiento y los incentivos para retener y atraer más población: la provincia sólo cuenta con un tren, el que une la ciudad de Soria con Madrid, ninguno con el resto de las capitales de su comunidad, ni siquiera con Valladolid; apenas una autovía, entre Medinaceli y Soria, y muy mala cobertura de internet y telefonía móvil en una buena parte de los pueblos de la provincia. "Es una cuestión de voluntad política, de que haya una apuesta clara para solucionar esto", recalca el secretario de CCOO. Por eso, lo que pueda pasar con los invernaderos de Garray cobra una dimensión especial: "Para rejuvenecer la población, para traer gente, son fundamentales proyectos empresariales como el de Ondara. Estos proyectos son vitales para Soria", remacha el responsable de UGT-FICA.

De momento, los trabajadores en ERTE y los que han sido despedidos tienen que seguir esperando a que haya fumata blanca de la Agencia Española de Medicamentos para que el invernadero más grande y moderno de Europa se ponga de nuevo en marcha. Jose confía en que todo se resolverá favorablemente y podrán volver pronto al tajo, después de haber hecho unos cursos formativos para aprender a trabajar con la nueva planta: "Nos han dicho que nos van a ir llamando por grupos para hacer la formación. Con las rosas ya sabíamos lo que teníamos que hacer, pero con el cannabis no tenemos ni idea".

En abril, Ondara Directorship puso un anuncio de oferta de empleo en el que demandaba para su centro en Garray personas con formación y experiencia en biología, ingeniería, farmacia, administración y finanzas con alto nivel de inglés. El pasado 17 de junio, la AEMPS actualizó la lista de entidades públicas y privadas a las que se ha concedido autorización para el cultivo de cannabis con fines de investigación o de producción medicinal, pero la empresa ubicada en Soria no figuraba entre las 22 que disponen ya de ese permiso de carácter temporal, renovable anualmente.

Las instalaciones de Ondara forman parte del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) promovido por la Junta de Castilla y León en Garray, donde ya hay una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y una planta de generación energética con biomasa. El Ayuntamiento de Garray, al igual que la comunidad autónoma, está gobernado por el PP, partido que el pasado 10 de junio votó en contra en el Congreso de la creación de una subcomisión para analizar las experiencias de otros países con el uso del cannabis medicinal con vistas a una posible regulación en España.