Si algo ha demostrado la pandemia del coronavirus es la importancia de invertir en servicios públicos. Sin embargo, desde 2010, el porcentaje que representa el gasto social en el total de los presupuestos autonómicos presenta una tendencia a la baja. Lejos del 67,4% de hace una década, está el 60,6% alcanzado en 2019, cuando las comunidades han invertido 122 millones de euros en educación, sanidad o asuntos sociales. Tres años después y con la covid-19 de por medio, el dinero destinado a políticas sociales sigue disminuyendo, mientras el gasto en el resto de políticas no deja de crecer. Madrid, Catalunya y Murcia se llevan la palma en lo que a reducción del gasto social se refiere. 

Entre 2019 y 2021, las comunidades autónomas han aumentado el gasto en políticas sociales en un 7%, mientras que el incremento del desembolso para el resto de órdenes fue del 34%, es decir, cinco veces superior. Este dato pone de manifiesto el "poco peso" que le dan las autonomías a los servicios públicos, según refleja el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. De hecho, la cifra es más llamativa todavía si tenemos en cuenta que el Estado ha ampliado de forma notable el financiamiento a las regiones para gasto social, que sube 23,7 millones de euros en este mismo período. 

Además, la evolución del gasto que cada comunidad ha hecho en políticas sociales es muy desigual. Casi todas han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019, pero en términos relativos, la mayoría ha reducido el porcentaje dedicado a este tipo de políticas dentro del total de sus presupuestos. Es decir, aunque han aumentado el dinero dedicado a cada habitante para servicios públicos, son mayores los crecimientos de otras partidas presupuestarias. Mención aparte merecen los casos de Catalunya, Madrid y Murcia, que arrojan resultados negativos tanto porcentual como cuantitativamente. 

En 2021, comparando los datos con los de 2019, el gasto público de las regiones sitúa la media española en un crecimiento de 155,75 euros por persona. Destaca el compromiso de Castilla-La Mancha, que aumenta la cuantía en 514,9 euros. Muy similar es el dato de La Rioja, con una subida de 487,3 euros. Bien diferentes son las cifras de Catalunya, que lo reduce en 134,5 euros, o Madrid, donde Ayuso hace un recorte de casi 119 euros por habitante, mientras sigue multiplicando el gasto en toros. Ambas realizan un gasto social por habitante un 20% inferior a la media española. En Murcia, la bajada es de 64,9 euros por vecino. 

Si comparamos el dinero que las comunidades destinan a políticas sociales con el que dedican al resto de partidas presupuestarias, vemos que solo cuatro autonomías han ampliado el peso del gasto social sobre la totalidad de los presupuestos. Estas regiones son La Rioja (3,18%), Galicia (3,04%), Navarra (1,74%) y País Vasco (1,24%). Repiten en las últimas posiciones de la tabla Madrid, donde el descenso supera el 10%, y Catalunya, donde baja el 5,55%. Además, se suman a la lista Asturias (-6,72%) y Extremadura (-5,93%), que arrojan los otros dos porcentajes más negativos.