La luz ha subido el doble que el IPC con una docena de políticos en los consejos de las eléctricas

El precio de la electricidad ha subido para los hogares españoles el doble de lo que lo ha hecho el IPC o coste de la vida en los casi tres años que ha tardado el Gobierno en abordar la reforma del sistema de retribuciones productivas de las compañías eléctricas o "beneficios caídos del cielo", revisión que PSOE, UP los Comunes y las Mareas pactaron a finales de 2018, y mientras, a lo largo de ese periodo, en los consejos de esas empresas se sentaba una docena de políticos que previamente habían ocupado cargos relevantes en los ejecutivos, partidos y grupos parlamentarios de socialistas y populares y también de otras formaciones como CiU.

El anuncio de la tramitación de un anteproyecto de ley con esa finalidad ha provocado una caída de valor bursátil de las grandes eléctricas españolas de 5.600 millones de euros, aunque eso, no obstante, parece más vinculado a la hipersensibilidad de las bolsas que a otra cosa, ya que las previsiones del Gobierno apuntan a una reducción de solo mil anuales en los ingresos del sector (no en los beneficios, que el año pasado superaron los 5.000) y de una rebaja de la factura que se quedaría en el 4,8% para los hogares y en el 1,5% para la gran industria.

La propuesta, de hecho, se aleja bastante de la inicialmente acordada por la actual coalición de gobierno en octubre de 2018, como base para la negociación presupuestaria que, tras el desmarque de ERC, abrió el ciclo electoral de 2019, el previo a la pandemia.

Entonces, según recoge la versión oficial difundida por Moncloa, el pacto recogía "realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como "beneficios caídos del cielo") que reciben en el mercado mayorista" cuyos costes de inversión se han "recuperado sobradamente", para lo que apostaban por "establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico" y destinar "la diferencia entre el precio del mercado y ese límite (…) a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores".

Junto con esa medida, atenuada en el anteproyecto de ley, figuraban otras como "revisar los pagos por capacidad", que son una serie de subvenciones destinadas al mantenimiento de las centrales eléctricas, para limitarlos a "medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso".

Producir a uno, cotizar a 10 y vender a 25

Ahora, para tratar de reducir el margen de ingresos extra que las compañías obtienen al vender a precio de energía producida con fuel el de sus amortizadas centrales hidroeléctricas y nucleares como consecuencias del peculiar sistema español de subasta, el Gobierno propone desvincular estas tecnologías del mercado de los bonos de CO2 que gravan el uso de carbón y combustibles fósiles.

Para hacerse una idea de lo disparatado del sistema basta con comparar los precios a los que cotiza el kilovatio en el mercado mayorista, donde este año ha superado los diez céntimos (sin costes de transporte y distribución ni peajes e impuestos), según el operador peninsular OMIE , mientras que un organismo estatal como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) lo obtiene a menos de uno en las primeras centrales revertidas en España y ubicadas en el Pirineo aragonés.

Entre el año de aquel acuerdo y el lanzamiento del anteproyecto, es decir, entre 2018 y la primavera de 2021, y según indican los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el IPC aumentó un 4,2% mientras el precio de la electricidad, que es uno de los que más han tirado al alza del índice general, lo hacía en un 7,8%, prácticamente el doble.

Esas variaciones se refieren al precio final de la energía, con peajes, recargos e impuestos, que culmina así una escalada en la que, según las estimaciones de la Encuesta de Presupuestos Familiares, también del INE, se duplicó al pasar de 14 a 28 céntimos por kilovatio, como promedio, entre 2006 y 2019.

Esta semana, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema de tarificación por tramos horarios, el precio del kilovatio ha alcanzado los 25 céntimos sin recargos ni impuestos en las horas punta (también los 11 en las valle) en lo que supone un récord histórico del mes de mayo (que llega tras otro en abril) que ha llegado a situar el precio final por encima de 31,5 en los periodos de mayor carestía y para un hogar medio, según la organización de consumidores Facua.

Hasta 12 exaltos cargos y políticos en las grandes eléctricas

En esos tres años, el sistema eléctrico mantuvo una de las tradiciones que comenzaron a cronificarse con las privatizaciones del cambio de siglo: las puertas giratorias que conectan a los poderes económicos con políticos al fichar los primeros como ejecutivos a destacados miembros salientes de los segundos.

Entre 2018 y la primavera de este año, hasta una docena de exaltos cargos y dirigentes de los dos principales partidos políticos del país y de otro como CiU que siempre tuvo línea directa con los gobiernos han pasado por los consejos de administración de las cuatro principales compañías eléctricas del país.

El grueso de ellos pasó por la cúpula de Red Eléctrica, la empresa privatizada que gestiona los sistemas de distribución y transporte del sistema en España y en la que el Estado sigue manteniendo una participación del 20% a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), en cuya presidencia relevó en febrero del año pasado Beatriz Corredor, exministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero, a Jordi Sevilla compañero de gabinete con la cartera de Administraciones Públicas.

Completan la lista Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía; Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil; Alberto Carbajo, exdirector general de Minas; José Juan Ruiz, exsecretario general de Economía, y José Luis Feito Higueruela, que fue alto cargo del Banco de España y el Ministerio de Economía.

El otro exministro que pasó por la cúpula de una eléctrica fue Ángel Acebes, responsable de Administraciones Públicas, Justicia e Interior con José María Aznar y secretario general del PP durante cuatro años. Iberdrola, en cuyo consejo también se sentó Fernando Becker, presidente del ICO (Instituto de Crédito Oficial) con Aznar tras haber sido consejero de Economía en la Junta de Castilla y León, lo repescó como consejero en octubre del año pasado, tras un cese de casi veinte meses iniciado en marzo de 2019 por su vinculación con el caso Bankia, del que salió absuelto.

Miquel Roca Junyent, histórico dirigente de CiU y abogado de la familia Borbón, se sentó hasta el pasado mes de abril en el consejo de Endesa, en el que sigue como secretario Borja Acha Besga, exdirectivo de la Sepi y de la Agencia Industrial del Estado.

Por último, Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación con Zapatero, pasó por la dirección de Naturgy hasta mediados de 2018, unos meses antes del pacto original para bajar el precio de la luz.

"Tenemos la sospecha, pero nunca ha podido demostrarse"

¿Están directamente relacionados, más allá de su inapelable coincidencia espacio-temporal, esa tardanza en legislar, y los efectos de las puertas giratorias?

"Eso está ahí. Tenemos la sospecha, pero nunca ha podido demostrarse que haya habido llamadas que influyeran en algún tipo de decisiones", plantea Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la universidad Rey Juan Carlos y uno de los principales expertos del país en transparencia y corrupción. "Está muy estudiado internacionalmente que la contratación de políticos relevantes se hace por su agenda, pero ¿eso garantiza llegar al objetivo?", anota.

Coincide con Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, quien se pregunta si "¿tener a políticos en el consejo garantiza precios altos? Aunque lo pensamos, lo que no tenemos son pruebas de que esté pasando. En ese caso estaríamos en el juzgado, sin duda".

"Es evidente que a los gobiernos les cuesta legislar sobre el sistema eléctrico, en el que a las compañías el grueso de los beneficios les llega del sistema de retribuciones. Y es obvia la existencia de las puertas giratorias y de una resistencia a modificar el sistema tarifario que beneficia a las grandes eléctricas", añade Andaluz, que apunta que "las empresas no van a sacar de la factura por iniciativa propia ese ‘beneficio caído del cielo".

En cualquier caso, la dificultad para demostrar que esos contactos de cabildeo fuera de los focos y las agendas oficiales existen y que, además, tienen consecuencias en la regulación sería más que complicada. "La clave de la regulación está en que al menos se sepa con quién se reúne un ministro tal día para hablar de precios", explica Villoria, que anota que "si luego se descubre que toma decisiones por esas conversaciones o que tiene acciones de esa empresa, ya es otra cosa. Y si esa empresa lo ficha habrá una crítica política. Se trata de regular para saber sobre las reuniones y de hacerlo también para que se puedan investigar".