La letra pequeña se acabó. Literalmente. A partir de este miércoles 1 de junio, los bancos, las compañías de seguros y otras empresas de servicios como las de telefonía y otras muchas, tendrán que aumentar un 66% el tamaño mínimo de las letras con las que redactan los contratos que suscriben los consumidores para acceder a sus productos.

La medida es el resultado de la modificación del artículo 80 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada en el Congreso hace unos meses a propuesta de ERC. 

Hasta ahora, en muchos contratos, el texto era tan pequeño que era casi imposible de leer debido a la gran cantidad de información ofrecida a un tamaño que en muchas ocasiones llegaba a ser menor a un milímetro, aunque la ley hasta ahora establecía que fuera de 1,5 milímetros. La modificación consiste en elevar de 1,5 a 2,5 milímetros el tamaño mínimo de la letra para permitir "al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido", un requisito que "en ningún caso se entenderá cumplido" si, además, "el espacio entre líneas fuese inferior a los 1,15 milímetros" o, como ya contemplaba la norma, "el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura". 

Las asociaciones de consumidores celebran la medida, aunque reclamaban que el tamaño de la letras fuera mayor, según explicó Enrique García, de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el pasado mes de marzo a Público: "Pasar de 1,5 a 2,5 es un salto importante, pero pedíamos llegar a los tres milímetros porque eso aumenta mucho el porcentaje de personas que no tendrían problemas de lectura".

Otra cuestión es la que también planteaba a Público hace unos meses Rubén Sánchez, portavoz de Facua: "¿De qué me sirve una letra bonita y grande si lo que me imponen con ella es ilegal y abusivo?". Como ejemplo, Sánchez hablaba de "empresas que suben sus tarifas unilateralmente porque en sus contratos pone que puede hacerlo, cuando eso es ilegal".