El dinero negro sigue fluyendo, casi a su antojo, por el sistema bancario internacional. Mientras persistan los centros offshore y los paraísos fiscales, la necesidad de blanquear capitales será un constante objetivo de defraudadores y organizaciones criminales.

Así lo constatan desde hace décadas las principales institucionales multilaterales, que ven en este vínculo entre la docilidad tributaria a empresas y grandes fortunas que promueven ciertos Estados y jurisdicciones, y la necesidad de regularizar cuantiosas sumas de dinero de procedencia clandestina o de dudosa legalidad, la razón esencial de que permanezca esta lacra.

Durante años, los intentos de poner cerco a estos lugares de fiscalidad dañina, como se ha instaurado en la jerga multilateral, han sido tantos como los pasos hacia atrás. Gracias a los defensores del sacrosanto argumento de la soberanía impositiva. Y pese a que el lavado de capital sirve incuestionablemente para financiar organizaciones terroristas, cárteles de narcotráfico o tramas criminales.

Quizás la última baza para haber combatido a los paraísos fiscales y a los países benévolos con el blanqueo de dinero fuera los vanos deseos de “refundar el capitalismo” en el G-20, tras la crisis de 2008, lanzados por personalidades como el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy. Pero las pretensiones de ordenar el salvaje neoliberalismo de los mercados han sido cosméticas. Aunque alguna ha habido.

Por ejemplo, la iniciativa BEPS -o de Erosión de la Base Imponible-, de la OCDE, instaurada desde 2013, con apoyo del G-20 y la UE, un compendio de 15 Acciones de buenas prácticas fiscales dirigidas a armonizar los criterios impositivos en un mundo cada vez más globalizado y digital. Es decir, que su implantación entre las grandes corporaciones globales mejoraría la transparencia tributaria y, por otro, evitarían la fuga impositiva mediante lagunas, argucias legales o mecanismos fiscales dañinos de ciertos ordenamientos tributarios.

Objetivo nada tangencial, ya que cada año, según los cálculos más conservadores de la propia OCDE, las empresas eluden el pago de 240.000 millones de dólares mediante argucias en sus declaraciones sobre sus sedes productivas, la facturación asociada a sus entramados de filiales y delegaciones y la prestación de servicios vinculados a activos intangibles.

La cantidad supone el 10% de lo que se recauda por Sociedades en todo el mundo. Otro de estos avances han sido los acuerdos sobre intercambio de información fiscal y bancaria con varios de estos territorios de baja tributación a las autoridades de Hacienda que lo requieran.

Sin embargo, este asunto requiere de soluciones más drásticas y contundentes. No en vano, el lavado de dinero moviliza, cada año, hasta 2 billones de dólares, el equivalente al PIB italiano, afirma la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC, según sus siglas en inglés). Precisamente la cifra que las 500 mayores corporaciones de EEUU declaran, por beneficios, en jurisdicciones de baja tributación, el doble que en la década de los ochenta.

China es el país que más ha permitido la fuga de capitales ilegales desde su territorio. Entre 2002 y 2011, más de 1 billón de dólares, una cuantía similar a la economía española. Pese al control de divisas que establece el ordenamiento jurídico chino, por la que se impide a una personal el cambio de más de 50.000 yuanes a monedas foráneas.

En gran medida, desde Hong Kong y Macao, sus dos regiones administrativas especiales; otrora, colonias británica y portuguesa y en la actualidad, sus principales centros financiero y del juego (casinos), respectivamente.

Rusia, en ese mismo periodo, superó los 880.000 millones; México, los 461.000, Malaisia, 370.000; India, 243.900; Arabia Saudí, 266.000 y Brasil, 192.690 millones de dólares. En total, el G-20 posibilitó la salida de sus fronteras de 5,9 billones de dólares, la suma de la riqueza de Alemania y Reino Unido; a razón de 49.000 millones cada mes.

Datos de la alta ilegalidad fiscal y financiera

El duopolio entre fuga de impuestos y lavado de capitales deja datos muy ilustrativos. Tanto por su volumen, como por su irónica contradicción. Los entre 50 y 60 paraísos fiscales puros -los que atraen capitales de fondos no residentes por su regulación laxa, tasación cero y secreto bancario y tributario, acogen más de 2 millones de compañías y miles de bancos y de instrumentos de ahorro e inversión de grandes patrimonios y fondos de inversión, y se estiman que atesoran más de 21 billones de dólares, cifra superior a los 19,2 billones del PIB de EEUU, alertan instituciones como Tax Justice, que también advierte de que “más del 25%” de los propietarios de empresas en centros offshore no se encuentran “identificados como beneficiarios”; es decir, mantienen una absoluta opacidad antes las autoridades tributarias de sus países de origen.

También resulta perplejo que el mayor receptor de Inversión Extranjera Directa (FDI, en inglés) en 2013 fueran las Islas Vírgenes británicas, un archipiélago de apenas 23.000 residentes.

Alrededor de 92.000 millones de dólares, más que la captación de capitales foráneos conjuntos de India y Brasil juntos. Aunque sus ventajas fiscales también atraigan acciones bursátiles o bonos corporativos. En 2012, el 29% del total de estos activos de procedencia estadounidense y el 7% china acabaron en jurisdicciones de baja tributación. O que las Islas Caimán tengan 234 bancos (en la City operan 370) para una población de 52.000 personas; que las cuatro grandes consultoras -las big four, PwC, KPMG, EY y Deloitte- tengan oficinas en Bahamas, Caimán, Jersey, Guernsey, Bermuda y Aruba; que la renta per capita de Luxemburgo duplique ampliamente a la británica, o que Jersey maneje más de 350.000 millones de dólares de fondos, casi 3,5 millones por cada habitante de la isla.

Eso sí, sin muchos vestigios de democracia ni de estabilidad financiera. Porque algunos paraísos como Singapur, con una deuda superior al 100% de su PIB, o Jersey no permiten la oposición política organizada e islas de la Commonwealth británica, como Caimán o Bermuda, han tenido que pedir ayuda o créditos ventajosos a la metrópolis.

Hasta aquí, datos macroeconómicos y geopolíticos. Porque también existen curiosidades. Como que EEUU es considerado, por muchos expertos, como el gran paraíso fiscal. Mientras aplica una doble vara de medir. Porque, de un lado, ha impuesto multimillonarias multas a varias entidades bancarias suizas y europeas por la Foreign Account Tax Compliance Act, de 2010, que requiere a los bancos extranjeros la obligación de informar sobre cuentas de ciudadanos estadounidenses en el exterior.

Fachada del banco nacional de las Islas Caimán, en George Town. GARY HERSHORN REUTERS

Pero, por otro, en localidades como Delaware, Reno, Wyoming, Dakota del Sur o Nevada, registran elevados números de trust o conglomerados empresariales y gestionan, desde firmas de asesoramiento legal hasta bancos, grandes patrimonios de clientes extranjeros, cuyas riquezas, generalmente, envían a centros offshore y paraísos fiscales.

Resulta irónico, admiten voces jurídicas norteamericanas, que el secreto bancario exista en varias jurisdicciones de EEUU. Quizás por este motivo, la Casa Blanca aún no ha firmado su adhesión a los BEPS de la OCDE. También Suiza, teóricamente, ha entrado en una nueva dimensión, desde enero de este año, con la asunción de la convención internacional para el intercambio de información bancaria, la AEOI.

Pero esa limitación al secreto bancario parece que no será ningún señuelo para que el 30% de las empresas más ricas del planeta, según Fortune, mantengan en el futuro operaciones en el país helvético. Como tampoco parece que vaya a afectar a los 1,9 billones de activos, casi lo que mueve el blanqueo de capitales cada año, sin declarar de clientes extranjeros, como alerta el catedrático de la Berkeley, Gabriel Zucman, que pone en duda la cooperación de más de cien jurisdicciones o países con esta iniciativa, auspiciada también desde la OCDE.

Pero, quizás, el caso más paradigmático sea el de Reino Unido, que ha amenazado a la UE con convertirse en paraíso fiscal, si Bruselas no atiende sus reivindicaciones sobre acceso al mercado interior y las negociaciones desembocan en un Brexit duro.

En paralelo a acusaciones oficiales a Rusia por utilizar bancos británicos para realizar operaciones de blanqueo de capitales de origen criminal. Más de 1 billón de dólares han volado del país bajo los mandatos presidenciales de Vladimir Putin, según el propio Banco Central de Rusia. Mientras 17 bancos británicos -HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds o Barclays, entre ellos- tienen abiertas causas por sospechas de blanqueo fuera del territorio de Reino Unido.

Rankings internacionales

Uno de los barómetros más aceptados sobre la permisividad o lucha de países contra el lavado de capitales es el del Instituto de Gobernanza de Basilea. Este indicador, que conjuga 15 índices de GAFI (el brazo contra el blanqueo de la OCDE), Transparencia Internacional, el Banco Mundial o el World Economic Forum, evalúa de 1 a 10 -cuanto más baja la escala, más combativo es la legislación del país- el riesgo de blanqueo en 149 países.

Top 10 de países en riesgo de blanqueo

España, se sitúan en el puesto 109 de un ranking que concluye con Finlandia, el menos permisivo contra el blanqueo. Es decir, en el cuadragésimo lugar medidas anti-blanqueo más efectivas. En una clasificación de riesgos que lidera Irán.

El blanqueo de capitales también está asociado al crimen internacional. Según Global Financial Integrity, organización sin ánimo de lucro, el negocio asociado a estas prácticas osciló entre los 1,6 billones y los 2,2 billones de dólares en 2016. Las falsificaciones totalizaron casi la mitad (1,1 billones), seguido del tráfico de drogas, con hasta 652.000 millones de dólares.

El devastador escenario español

La Operación Lezo, con los tentáculos de pagos y comisiones y de presunto blanqueo de capitales desde el Canal de Isabel II, así como los registros en empresas como OHL e Indra, no es sólo un nuevo caso de corrupción del PP madrileño.

También deja traslucir que la conexión entre las donaciones del sector privado y la financiación de partidos políticos encierra movimientos de lavado de dinero. Porque la retahíla de investigaciones policiales y litigios judiciales ha sido una constante en los últimos años.

Con peticiones de extradición de oligarcas rusos y ucranios con vínculos y negocios con políticos y empresarios británicos y europeos; tramas de evasión de impuestos de antiguas autoridades del Estado como Rodrigo Rato, o de máximos responsables de bancos, como el reincidente Mario Conde; organizaciones mafiosas, como la que significó la detención, por parte de las fuerzas de seguridad, de varias decenas de ciudadanos chinos y la involucración de directores de bancos de este país por operaciones masivas de lavado de dinero o de entramados criminales procedentes del Este europeo o de la mafia italiana -entre otras-, que manejaban ingentes cifras de dinero negro.

O arrestos como la de una treintena de personas involucradas en operaciones turbias con bitcoins, la moneda virtual que opera por todas las latitudes del planeta; ciudadanos mayoritariamente latinoamericanos acusados de narcotráfico o procedentes de países musulmanes bajo los cargos de financiación de grupos terroristas.

EEUU ya señaló a España como uno de los países benévolos con el lavado de dinero en 2012. Al poco de la entrada en vigor de la FATC Act, con la que Washington reclamó el inicio de medidas cautelares, por blanqueo, contra Banca Privada de Andorra (BPA) y su sucursal en España, Banco Madrid.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (d), a su llegada al despacho que tiene en la calle Alcalá de Madrid acompañado por Guardias Civiles para proceder al registro del mismo.EFE/Ballesteros

Pero unos años antes de que investigaciones como los Papeles de Panamá identificaran a no pocos políticos, empresarios, banqueros y grandes fortunas -sobre todo relacionadas con la alta alcurnia-, hasta casi rivalizar con la mayor potencia del planeta en número de multinacionales que operan en este paraíso fiscal centroamericano. O se constatara que Suiza era el gran enclave de las cuentas engordadas por casos de corrupción en España.

Una larga lista de agravios comparativos que, si cabe, resultan todavía más espeluznante si se tiene en cuenta que bancos y notarios, por ejemplo, son sujetos obligados por ley a la denuncia de este tipo de criminalidad. Organizada o no. Aunque sólo sean sospechas o indicios de veracidad. Con todo el instrumental tecnológico e identificativos que ambos estamentos, las entidades financieras y las notarías, disponen para su acusación telemática inmediata -es decir, on line, en tiempo real- a las autoridades policiales y/o judiciales pertinentes.

Y a pesar de que el Gafi, el Grupo de Acción Financiera de la OCDE, del que parte todo el armazón legal para evitar las fugas fiscales y el blanqueo de capitales, elogie, año tras año, más que critique, los avances legislativos, los controles de supervisión y vigilancia y las medidas de prevención implantados por España.

Voces como las de Transparencia Internacional claman por que se eleven las penas por elusión de impuestos hacia paraísos fiscales. Por exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cumplimiento estricto de su obligación de prevenir el blanqueo de capitales. O por inculcar a las entidades financieras códigos de buenas prácticas y de prevención de la corrupción en el sector financiero; sobre todo, después del multimillonario -y aún no cuantificado con las pérdidas exactas de los activos inmobiliarios tóxicos llevados al banco malo, Sareb- rescate a la banca.

Entre estas medidas, esta ONG resalta que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales -conocida como Sepblac y dependiente de Tesoro, departamento adscrito al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, “esté compuesta por personal técnico e independiente”, con acreditada cualificación y experiencia profesional, “y no por altos cargos de la Administración designados políticamente”, aclara.