Just Eat España demanda a Glovo por competencia desleal y reclama 295 millones de euros

Just Eat España presentó una demanda el pasado viernes 29 de noviembre contra Glovo ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, ejercitando una acción de competencia desleal por violación de normas y contratar a falsos autónomos y reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, según informa la plataforma de delivery en un comunicado.

Precisamente este lunes, Glovo ha comunicado un cambio de modelo laboral y contratará a sus repartidores en España, lo que permitirá a la compañía operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos.

Just Eat recuerda en su demanda que numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral, por lo que sitúa a Just Eat España en una "clara situación de desventaja competitiva", ya que esta compañía sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales, tal y como exige la ley.

Glovo se habría ahorrado 645 millones

De esta forma, Just Eat España estima que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, lo que le ha permitido adquirir una ventaja competitiva significativa.

Just Eat España ha recordado que es pionera en el mercado de plataformas de delivery donde opera desde 2010, con una plantilla de empleados de más de 2.500 personas y fue la primera plataforma en firmar un convenio colectivo de empresa con los principales sindicatos del país en diciembre de 2021.

Una sentencia que se conoce justo el mismo día que Glovo ha informado de un nuevo modelo en España que le permitirá operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, señalando que su decisión es parte de su "firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país".

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.

En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

La decisión se ha hecho pública el día antes de que el consejero delegado de la empresa, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción, surge de una denuncia presentada por el Ministerio Público, que acusa a la empresa de la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, incluyendo posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el ministerio fiscal acusaba a la compañía de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos y pedía citar a Pierre para tomarle declaración como investigado.

El sindicato CGT ha anunciado este lunes que se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía "con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales".

Está previsto que el CEO de Glovo, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona este martes 3 de diciembre.

Desde CGT lamentan que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los riders tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía "ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomos".

De esta forma, desde CGT critican que los riders quedan desprovistos "de las garantías y derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social", unos hechos que podrían constituir un delito castigado con penas que hasta seis años de prisión y hasta 12 meses de multa.

Glovo estima un impacto de 100 millones

or su parte, la plataforma alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, ha estimado que el cambio de modelo laboral de su filial en España, tendrá un impacto de unos 100 millones de euros en su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado para el ejercicio fiscal 2025.

Asimismo, la alemana espera aumentar la contingencia general en su informe anual completo de 2024 a entre 440-770 millones, frente a los 330-550 millones indicados en su informe financiero semestral de 2024.

Este importe cubre las cotizaciones a la seguridad social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos por pagos que cubren el período hasta finales de 2024 para Glovo España, ha explicado.