¿Banco Popular tenía un problema de liquidez o estaba en quiebra? ¿Resulta coherente liquidar una entidad financiera que los auditores consideran viable con una inyección de 2.000 millones tras destinar al rescate del sector 56.865 millones de los que se dan por perdidos 42.590 millones? ¿Y cargar las pérdidas a los accionistas, mayoritariamente pequeños ahorradores, que han visto volatilizarse sus inversiones?

El informe de auditoría realizado por Deloitte para la Junta Única de Resolución (JUR) de la Comisión Europea, y que esta ha hecho público este viernes, ha aumentado las dudas sobre la decisión del Ministerio de Economía y la UE y ha mantenido las que existían sobre las valoraciones en las que ambos organismos se apoyaron para tomarla.

El dictamen concluye que, en el peor de los casos, el agujero de Popular alcanzaba los 8.200 millones de euros, aunque plantea dos escenarios que apuntan a que era viable: en la “mejor estimación”, una inyección de 2.000 millones, que es menos de lo que perdieron los accionistas con la resolución ya que solo la última ampliación de capital alcanzó los 2.505, habría permitido salvarlo, mientras que la más favorable le asigna un negocio potencial de 1.300.

Sin embargo, Economía y la JUR optaron por liquidarlo y vendérselo al Banco Santander por un euro, algo que ha generado un aluvión de procesos judiciales. Y que ya antes había levantado críticas como las de la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España, estupefacta ante la amplitud de las conclusiones y para la que resultaba “difícil de aceptar que hoy en día cualquier entidad financiera, por grande que sea, pueda verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de liquidez".

Deloitte, no obstante, incluye en su informe dos datos de calado susceptibles de afectar tanto a la calidad del informe como a las decisiones tomadas a partir de él: tuvo que realizarlo en un plazo “extremadamente corto”, solo dispuso de doce días desde que pudo acceder a “información relevante” cuando lo normal es tener seis semanas y, además, no tuvo acceso a "cierta información crítica". En ese sentido, advierte del "alto grado de incertidumbre" d el informe, al que califica de "provisional".

Un agujero que se duplica según el escenario

El informe de Deloitte plantea tres escenarios sobre la situación del banco (“mejor caso”, “peor caso” y “mejor estimación”) que sitúan el agujero de Santander en una horquilla de 11.800 a 20.600 millones de euros. Las valoraciones son similares en cuatro apartados, aunque la horquilla se amplía de manera espectacular en otros dos.

Así, las pérdidas por activos inmobiliarios oscilarían, entre 2.600 y 3.400; los impuestos pendientes, entre 2.700 y 3.000; los intangibles, que incluyen el software y la propia marca, entre 2.200 y 2.500, y las pérdidas del negocio, entre 400 y 500.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, con el ministro de Economía, Luis de Guindos. REUTERS

Sin embargo, el abanico de valoraciones se abre en tres apartados directamente relacionados con el negocio inmobiliario: el agujero por préstamos y las deudas pendientes de cobro se situaría entre 2.700 y 7.000 (3.500 en la “mejor estimación”) mientras la suma de las contingencias legales, vinculadas a las perspectivas de condenas por cláusulas suelo y los bonos convertibles entre otras, y de las derivadas del grupo empresarial y las joint ventures arrojaría, según el caso, números rojos de 1.200 y 2.700 y 4.100.

Tres conclusiones con 9.500 millones de diferencia

A partir de ahí, y valorando en 10.800 millones los activos al cierre del mes de marzo, Deloitte estima los descuadres, según el escenario, en mil millones de euros o 9.800, para los casos extremos, y en 3.900 para la “mejor estimación”.

A esta cifra le restan los auditores unos posibles “ahorros de costes” que, una vez imputado el gasto necesario para ejecutarlos, irían de 1.600 a 2.300 millones.
Y eso, tras omitir por no estar cuantificadas “otras fuentes de ajustes de valor, como revisiones de contratos y mejoras, le lleva a valorar el agujero más probable en 2.000 millones de euros, mientras los casos extremos darían 8.200 en números rojos o 1.300 en color negro.

La censura del Banco Central Europeo

Los apartados referentes al grupo empresarial y las ‘joint ventures’ aparecen censurados en el balance, lo mismo que numerosos pasajes de la documentación hecha pública por la JUR.

La censura ha sido impuesta por el Banco Central Europeo (BCE), que ha impedido a la JUR publicar los datos referentes a la fuga de depósitos de Popular y a la inyección de liquidez de emergencia que recibió del propio BCE la víspera de su resolución, informa Europa Press.

El presidente del BCE, Mario Draghi, conversa con el gobernador del Banco de España, Luis M. Linde. EFE

Deloitte desglosa las pérdidas en 785 millones por el Wizink (banca electrónica), 142 por la inmobiliaria Aliseda, 403 en su división de seguros (con Allianz), 106 en el Grupo Financiero Ve por Más y 88 en Targobank, lo que da un total de 1.524.

“Con una inyección de dinero habría podido seguir”

Una parte de ese agujero fue enjugada por Santander, que tras hacerse con Popular cerró operaciones iniciadas por esta como colocar el 51% de las acciones de Aliseda, cuyos activos gestionará Blackstone en sociedad con el banco de los Botín, o la venta por 497 millones de la participación en TotalBank, transacciones que habrían modificado la valoración del banco liquidado. Paralelamente, los auditores asignan un precio de venta de entre 119 y 150 millones a Popular Banca Privada y otro de 39 a su filial de Servicios Financieros.

Popular declaró unas pérdidas de 12.218 millones al cierre del primer semestre, una vez cerrada la resolución y su traspaso al Santander, el cual, no obstante, palió ese agujero en apenas cuatro meses: a los 5.226 millones en deducciones fiscales que recibió con la compra se le suman los 7.702 que obtuvo en la ampliación de capital que lanzó para financiar la operación y, también, las operaciones de TotalBank y Aliseda, en la que espera obtener ingresos con la comercialización de pisos, casas y naves valorados en 10.000 millones y que antes habían estado anotados en el balance por 30.000.

“Es agua pasada. Preferiríamos que hubiera seguido como un banco independiente, pero ahora ya no hay nada que hacer”, señala Joan Sierra, responsable de la federación de Banca de CCOO.

“Popular tenía mal resuelto el problema de la liquidez, pero creemos que con una inyección de dinero habría podido seguir adelante”, añade, mientras recuerda las “importantes retiradas de dinero de entidades públicas” que se dieron en vísperas de la intervención.

El informe de Deloitte califica de “significativa” la salida de depósitos, aunque no da ninguna cifra al respecto y mantiene posteriormente información oculta. También apunta que la posición de liquidez de Popular se deterioró significativamente a partir de octubre de 2016.