La última medida recentralizadora que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó camuflada en los Presupuestos Generales del Estado  que sacó adelante con Ciudadanos y el PNV (más el Foro, UPN y los canarios de CC y NC) está resultando tan rentable a las arcas públicas como costosa para los ciudadanos: Hacienda lleva ingresados más de mil millones de euros extra a cuenta del gasolinazo que incluían las últimas cuentas del ministro Cristóbal Montoro.

Este apretón fiscal en diferido que lleva en vigor desde el 1 de enero de 2019 consistió en rescatar el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos , cuya recaudación pasaba así de las haciendas de las comunidades a la estatal, para aplicar el tipo máximo que permitía la legislación de manera uniforme en todo el Estado, salvo en Canarias, donde los combustibles tienen un régimen propio con menor carga fiscal.

Así, cada litro de gasolina, gasóleo, biodiesel, bioetanol, fuelóleo y queroseno pasaba a soportar un impuesto de 4,8 céntimos por litro que conlleva un encarecimiento de hasta 2,4 euros por cada repostaje en un depósito de cincuenta litros, ya que la subida generalizada se añade a los 2,4 céntimos que ya aplicaba el Estado.

La medida encareció el combustible en medio país: 2,4 euros por repostaje en Cantabria, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Navarra y País Vasco, que eran las seis únicas comunidades que nunca habían activado su tramo y, entre las que lo aplicaban parcialmente, de 48 céntimos por depósito en Extremadura, de 1,55 euros en Madrid y de 1,2 euros en Aragón. El resto de comunidades ya había llegado al máximo.

Exenciones para el combustible de las térmicas

Las consecuencias han sido beneficiosas para unas arcas públicas que este año se encaminan a un nuevo récord de recaudación derivado del aumento de la presión fiscal a familias y autónomos que el actual Gobierno heredó de la etapa Montoro.
La recaudación por el Impuesto de Hidrocarburos supuso unos ingresos extraordinarios de 117 millones de euros para el Gobierno central en el primer mes de aplicación para sumar 1.061 entre enero y noviembre y alcanzar, con el pinchazo de octubre, una media de 110 millones mensuales, según indican los Informes de Recaudación de la Agencia Tributaria. 

“El ingreso adicional que se está produciendo mensualmente por la integración de la anterior tarifa autonómica en la tarifa especial del impuesto [de Hidrocarburos] (…) ronda los 110 millones netos al mes”, aunque “en octubre fue ligeramente inferior”, indica el Informe de Recaudación correspondiente a ese mes, que añade que “todo el crecimiento” de los llamados Impuestos Especiales, que gravan el consumo de productos de primera necesidad como el combustible y la electricidad y de otros como al tabaco y el alcohol, “es debido” a esa medida, sin la que la aportación de esos tributos caería un 1,4%.

Ese mismo documento recuerda cómo la exención de tributo para el gas natural, el gasóleo y el fuelóleo utilizados para producir electricidad, incluida en el decreto que abolió el impuesto al sol con la finalidad de reducir la quema de carbón en las centrales térmicas, redujo la recaudación en 138 millones de euros entre enero y septiembre, circunstancia a la que se le añade el menor consumo de gasóleo bonificado para calefacción por “las elevadas temperaturas” de este otoño.

La voracidad fiscal y el jacobinismo

Eso, por pasiva, viene a indicar que el grueso del peso del gasolinazo lo están soportando los automovilistas en sus depósitos y los autónomos, que llevan años reclamando sin éxito una bonificación similar a la de los transportistas para los vehículos que utilizan en su actividad profesional.

Y, paralelamente, cuestiona, cuando menos, las bondades que en determinados ámbitos se atribuyen per se a las iniciativas recentralizadoras: medidas tributarias de carácter jacobino como la del Impuesto de Hidrocarburos revelan una voracidad fiscal del Gobierno central superior a la de las comunidades y que afecta directamente al bolsillo del contribuyente.

La recaudación extra por el rescate y la homogeneización al alza del Impuesto de Hidrocarburos es, junto con los últimos coletazos del gran hermano del IVA el único cambio normativo que ha tenido un impacto positivo para las arcas públicas en un año en el que a los efectos de medidas legales como el aumento de las deducciones familiares (467 millones de merma), la reducción de las retenciones salariales a los sueldos más bajos (648), la bajada del IVA del cine (37) o las medidas para paliar el cambio climático (900) se les une el de decisiones judiciales como la que obliga a devolver las prestaciones por maternidad (1.701) y otros como el privilegio tributario de los DTA (activos fiscales diferidos, en inglés) de la banca, que resta 1.343.

La medida llega, por otra parte, cuando los precios medios de la gasolina se encuentran en los niveles más elevados del último lustro en la mayoría de las comunidades autónomas.