Los 31 magistrados del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre quien paga el impuesto sobre hipotecas. Los jueces se reunirán este lunes para estudiar si revocan o mantienen el fallo que acordaba que sean los bancos los que asuman el tributo. Se deliberarán en concreto tres recursos, los tres planteados por la misma parte —la empresa municipal de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)— que recurrió y obtuvo las sentencias firmes que modificaron la jurisprudencia hasta ahora existente, que situaba el sujeto pasivo del tributo en los clientes.

Los ponentes los recursos que se llevarán al Pleno serán el presidente de la Sección especializada en tributos que dictó las polémicas sentencias, Nicolás Maurandi (de dos de ellos) y Francisco José Navarro Sanchís, quienes previsiblemente propondrán que se falle en el mismo sentido en el que se ha hecho en las tres resoluciones ya notificada, es decir, que el pago del impuesto corresponde a las entidades bancarias.

El galimatías hipotecario del supremo se tercia como un laberinto con cinco salidas posibles. De esta forma, los magistrados tendrán que optar entre eximir a los hipotecados del AJD, volver a señalarlos como paganos, dividir el impuesto entre ellos y el banco, limitar la devolución del tributo, hacer borrón y cuenta nueva o trasladar la papeleta al Gobierno y el Congreso.

Mienreas, las dos semanas de espera a que el Supremo fije la doctrina sobre el impuesto de las hipotecas ha tenido repercusiones negativas, con 15.000 operaciones paralizadas en un clima de incertidumbre. El resultado no es negativo únicamente para las empresas inmobiliarias, sino que hay miles de clientes que han visto peligrar sus tratos, tal y como informa la Cadena Ser. Se trata de consumidores que no han podido firmar sus hipotecas, pero también de aquellos que ya habían formalizado sus acuerdos hipotecarios, pues aún está en el aire quién deberá pagar el polémico impuesto.

A nivel económico, la retroactividad del impuesto está cerca de los 3.000 millones de euros, según los datos de Gestha y los 2.300 millones si se atienden a las estimaciones de Moody's. Un impacto multimillonario que podría ser asumible por los bancos, aunque dejaría las cuentas de los bancos más pequeños muy ajustadas.

La querella de Podemos

Respecto a la cuestionada por muchos decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, de dejar en el aire el cambio jurisprudencial y avocar el asunto al Pleno, hay que tener en cuenta que la denominada sala especial del artículo 61 del Supremo respaldó de forma rotunda esta decisión el pasado miércoles en el auto por el que rechazó la querella presentada por Podemos contra este magistrado.

Señalaba dicho auto que la circunstancia de que el asunto sea llevado a Pleno tras haberse fallado otro semejante con anterioridad "no es manifestación de irregularidad alguna", porque en una cadena de asuntos de características similares "nada impide que tal avocación a Pleno tenga lugar una vez ya resueltos alguno o varios de los procedimientos para que (...) se pueda plantear de nuevo la cuestión en otros asuntos semejantes en el futuro". El auto concluye que "no cabe apreciar el más mínimo indicio de la comisión del delito de prevaricación" del que acusaba Podemos al magistrado.