Las guerras de Ucrania, Yemen y el Sahel disparan el negocio de la industria española del armamento

El siniestro negocio del armamento navega con viento de cola desde el fin de la pandemia, cuando comenzaron a arreciar unos vientos belicistas que alumbran nuevos focos de conflicto armado al mismo tiempo que se cronifican los que ya se habían desatado: Ucrania se suma a Yemen, Sudán y el Sahel como escenario bélico, mientras la pax talibán de Afganistán proyecta vectores de tensión hacia un Indostán donde Pakistán se rearma, y los enfrentamientos internos de países como Filipinas se añaden a los de áreas como el Magreb.

Y alguien hace caja a cuenta de todo eso, como ya ocurre con una industria militar española en la que el Estado lleva décadas como actor principal y en la que cada vez es más frecuente la presencia de fondos de inversión, animados por la expectativa de negocio que ofrece el panorama.

La industria militar española, varios de cuyos principales y discretos representantes se darán cita esta semana en Feindef (la Feria Internacional de Defensa y Seguridad que durante tres días va a desarrollarse en Ifema, en Madrid), ha cerrado en los últimos cinco años (2017-2021) contratos de suministro a clientes de otros países por un valor superior a los 80.000 millones de euros, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Eso situaría el armamento entre los principales motores de la exportación, que el año pasado alcanzó un volumen de 389.000 millones para el conjunto de la economía española, y lo colocaría por delante de ramos como el de la automoción, cuya balanza comercial rondó el año pasado los 10.000 millones de euros.

No obstante, esa cifra de 80.000 millones requiere algunos matices, ya que resulta claramente superior a la de la facturación real del sector armamentístico y de la seguridad, que ronda los 8.000 millones anuales, según indica el seguimiento que realiza el Centre Delàs de Estudios por la Paz, y emplea a algo más de 20.000 trabajadores.

La explicación se encuentra en que el dato hace referencia a las exportaciones autorizadas por el Gobierno, es decir a encargos que en unos casos se cumplen y en otros siguen pendientes por la duración del proceso de fabricación del género (aviones, navíos, tanques, etcétera), e incluye tanto el material propiamente militar como el de ámbitos afines de carácter securitario y policial y, también, el de las tecnologías de uso mixto civil y castrense.

Así, las propias estadísticas oficiales del Gobierno sitúan las exportaciones de material de defensa efectivamente realizadas en una horquilla de 3.200 a 4.300 millones de euros anuales para el periodo 2014-2021 y en otra de 167 a 265 para los productos de doble uso, mientras que en 2021 las de material antidisturbios sumaron 6,06 millones y las de armas no militares ni policiales otros 794; cifras a las que hay que añadir un volumen mucho menor de operaciones exentas de autorización previa. La suma de ese último ejercicio fue de 4.090 millones de euros.

El principal actor del sector armamentístico español es el propio Estado, que es propietario o socio de referencia de tres de las principales empresas del ramo: la aeronáutica Airbus, la naviera Navantia y la tecnológica Indra, que en 2019 sumaron más de tres cuartas partes de la facturación del ramo con 4.005, 1.196 y 576 millones de euros, respectivamente, según los datos del Centre Delàs, que disgrega los registros de la rama de defensa del total de la actividad de las compañías.

"Conforman un oligopolio y son las principales suministradoras del Ministerio de Defensa", que tiene una cartera de 450 millones, explica Pere Ortega, investigador del Centre Delàs, quien añade que su existencia es "una herencia de la etapa franquista, de cuando tras la guerra civil Franco intentó ser autosuficiente en armamento para no depender del exterior en caso de conflicto, algo que han intentado siempre todos los países".

Navantia, de capital 100% estatal, es la heredera de Bazán, un astillero con una plantilla de 4.200 trabajadores que tiene sus centros principales en A Coruña y Cádiz, y que "viven en una crisis perpetua, porque todos los años requieren ayudas estatales y pedidos para evitar el cierre. Son interdependientes con el Estado", señala Ortega.

Airbus es un consorcio aeronáutico de Estados europeos en el que el España posee el 4,5% del accionariado tras aportar al proyecto lo que en su día fue la empresa pública CASA (Construcciones Aeronáuticas SA). "Fabrica todos los aviones de combate del Ejército español y también se ve favorecida por sus encargos", anota el investigador.

Indra, por su parte, fabrica los equipos tecnológicos para esas dos compañías y para la privatizada Santa Bárbara Sistemas, ahora controlada por la estadounidense General Dynamics, que elabora el material que utiliza el Ejército de Tierra.

En General Dinamycs, que se encuentra entre los cinco principales grupos de la industria armamentística planetaria, confluyen a su vez los fondos de inversión Longview, Evercore y The Vanguard Group y el de pensiones Capital Group.

El desembarco de los fondos y las multinacionales

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es, según los registros de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), con un 25,1% adquirido a Bankia en plena crisis financiera, el principal accionista de Indra, una empresa cuya evolución societaria refleja, lo mismo que Santa Bárbara Sistemas, una de las tendencias que se están consolidando en la industria española del armamento y la seguridad.

Se trata de la entrada de fondos de inversión y de grupos multinacionales animados por el furor belicista de los últimos tiempos, con la OTAN conminando a sus Estados miembros a elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB a medio plazo.

Los fondos de inversión han detectado en España varios puntos fuertes del ramo en clave económica: su amplia cuota de mercado (ya que se encuentra entre los diez principales fabricantes de armas del planeta), su avanzado grado de desarrollo tecnológico, y la cercanía de una banca proclive a financiar sus operaciones, algo fundamental para que el tinglado funcione.

Así, en el accionariado de Indra, cuya rama militar supone en torno a la sexta parte de su volumen de negocio, se encuentran presentes Deustche Bank (5%) y los fondos Fidelity (7,1%), FMR (9,95%), Melquart (1,03%) y Amber (3,23%), además del inversor de referencia de este último y del grupo Prisa, Joseph Ourghourlian (5,13%), a los que se suman las empresas españolas SAPA  (5%) y, desde esta semana, Escribano (o EME, de Escribano Mechanichal and Engineering), que se ha hecho con un 3% y aspira al 10%.

Estas dos últimas compañías, una especializada en material tecnológico para artillería y la segunda en munición de fusilería, forman parte del bloque de empresas privadas armamentísticas españolas, todas ellas con facturaciones de entre 500 y 1.000 millones de euros en material militar o de defensa.

Propiedad de la familia guipuzcoana Aperribay, SAPA lleva tiempo negociando su entrada en la también vizcaína ITP Aero, gestionada por el fondo estadounidense Bain Capital tras comprarle hace dos años por 1.700 millones de euros su participación mayoritaria a Rolls Royce.

El lucrativo negocio de la venta de munición a Ucrania 

Junto con las ramas específicas de algunas firmas de automoción como Nissan e Iveco y algunas otras compañías de pequeño tamaño como Oesia (afiliada a la sueca Heisenberg) o la tecnológica Tecnobit, cuatro empresas medianas concentran en los últimos meses la atención de observadores y analistas.

Se trata de Expal (Explosivos Alaveses), FMG (Fábrica de Municiones de Granada), EME (Alcalá de Henares) y Nammo Palencia, esta última llamada así desde que hace una década la multinacional sueca del mismo nombre adquirió la Fábrica de Armas de la ciudad castellana.

Son las cuatro principales fábricas de munición que operan en España y al menos las dos primeras están participando en el programa de compras conjuntas de munición que ha puesto en marcha la UE para pertrechar a Ucrania de balas del calibre 155 en su guerra contra el invasor ruso.

La guerra de Ucrania se ha convertido en una jugosa vía de negocio para los fabricantes españoles de munición: los 6,87 millones de euros en municiones y explosivos que aquel país había importado desde España entre 2018 y 2021 se dispararon con el cambio de año, con remesas por valor de 7,25 millones en diciembre, de 5,45 en enero y de 12,18 en febrero, últimos meses con datos disponibles en la base de datos de la Agencia Tributaria y las Cámaras de Comercio. Es decir, en solo esos tres meses, 24,88 millones de euros, cuatro veces más que el negocio de los tres años anteriores.

Ese repositorio también indica que la mitad de la facturación de la industria militar española en el epígrafe de "municiones, proyectiles y granadas de guerra y sus partes" en los dos primeros meses del año, con 17,64 millones de euros de 34,28, tenía Ucrania como destino.

"En Ucrania se está consumiendo más material del que puede producir la industria", anota Ortega.

De mantenerse todo el año, ese ritmo llevaría la facturación en munición por encima de los 100 millones de euros en el ejercicio, un volumen que situaría a la industria militar española en la parte alta de la lista de beneficiados por la guerra de Ucrania.

Los conflictos más rentables para España

El de Ucrania no es, ni mucho menos, el único conflicto armado rentable para las empresas españolas del sector del armamento.

Los datos sobre la venta de armamento que controlan la Agencia Tributaria y las Cámaras de Comercio, y que no incluyen vehículos ni software, sitúan a varios de los contendientes en las principales guerras activas en el planeta entre los mejores clientes de esas compañías españolas.

Así, tres países implicados en la guerra de Yemen y/o en la de Sudán, como Arabia Saudí, Omán o los Emiratos Árabes Unidos, han adquirido a España en los últimos tres años (de 2020 a 2022) material bélico por valor de 257 millones de euros, con más de dos tercios de la factura (175 millones) para el primero de ellos.

En el caso de los conflictos en la zona del Sahel, Ghana mantiene un suministro de algo más de cinco millones anuales en munición y explosivos desde 2020, mientras que Pakistán, cuyas tensiones con los talibanes afganos vuelven a crecer desde la retirada de las fuerzas occidentales hace algo más de año y medio, lleva desembolsados en ese mismo periodo 67,5 millones, con las principales partidas en armamento pesado (15,3) y en equipos complementarios (50,8).

El Gobierno de Filipinas, donde el conflicto con el Frente Moro se superpone con otro con el narcotráfico y uno más con la guerrilla maoísta, lleva gastados más de 55 millones de euros en armas y munición fabricadas en España ese mismo trienio.

Esos cinco focos bélicos, los de Ucrania, Yemen y Sudán, los varios del Sahel, la frontera afganopakistaní y los de Filipinas han absorbido un tercio de las exportaciones de armamento español que controla esa fuente, con 424 millones de un total de 1.324.

25.000 intermediarios de armas en Madrid

A estos clientes se les suma entre los principales, y por encima de ellos salvo en el caso de Arabia Saudí, EEUU, que desde 2020 ha comprado en España suministros de munición y explosivos por 70,8 millones, armas ligeras por 83 más y complementos por otros 12.

No obstante, "el principal cliente de las empresas de armamento españolas es el Ministerio de Defensa", matiza Ortega, que añade cómo poco después del parón de compras que el sector sufrió a comienzos de la pasada década como consecuencia de los recortes decretados por el Gobierno de Mariano Rajoy, la actividad se vio relanzada por el plan que puso en marcha el ministro Pedro Morenés, antiguo y posterior ejecutivo de empresas del ramo: colocó agregados militares con funciones comerciales en 34 embajadas y consulados situados en los países que más armas venían comprando entonces, principalmente en los de Oriente Medio.

"Ahora se ha invertido la proporción y han pasado de vender el 65% de la facturación en España y el 35% fuera a hacerlo al revés", añade el investigador.

La política comercial de la industria del armamento tiene otra de sus patas en el trabajo de sus dos patronales, Tedae y Aesmide, dos de los patronos principales de la Fundación Feindef, la organizadora de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España por la que esperan que en tres días pasen alrededor de 25.000 vendedores, compradores e intermediarios de material militar y policial: habrá 300 expositores de 20 países y se han acreditado 76 delegaciones oficiales de 36 países y 19.873 visitantes profesionales.

Las empresas patrocinadoras de la feria

Entre los principales patrocinadores de la feria se encuentran varias de las principales empresas de armamento españolas, como la paraestatal Indra como espónsor global junto con el Icex (la empresa pública de exportaciones del Ministerio de Industria) y la pública Navantia como mecenas dorados.

El bloque, que viene a suponer una proporción similar a la de lo público y lo privado en el conjunto del sector de la industria del armamento, se completa con las españolas ITP Aero y Tecnobit (la primera, especializada en componentes de aeronáutica, y la segunda, en ingeniería de equipos) y la estadounidense Palantir, una multinacional especializada en tratamiento de datos para entidades de inteligencia (espionaje) que participó en la operación de captura y muerte de Osama Bin Laden.

En el siguiente nivel, el de los patrocinadores plateados, aparecen la empresa de municiones Escribano; la ingeniería vasca Sener (controlada por los vizcaínos Sendagorta, cercanos al Opus Dei) y la zaragozana URO, especializada en la fabricación de vehículos militares; mientras por el exterior llegan la estadounidense General Dynamics, la francesa Thales (fabricante de sistemas para misiles y otros materiales) y la consultora irlandesa de defensa Accenture.

Completan la plantilla de colaboradores Airbus, una filial de Navantia, tecnológicas como Microsoft y Telefónica, firmas de munición como Expal o la aeronáutica Lokheed Martin.