PresupuestosGrandes patrimonios, multinacionales y potentados serán los más afectados por la reforma fiscal

El Gobierno PSOE-UP ha comenzado a poner coto a los beneficios económicos que, por la vía de la elusión, la ingeniería fiscal proporciona a las multinacionales españolas y a algunas de las grandes empresas que operan en el país: el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado que este martes presentaron el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias recorta un 5% la exención que esos grupos aplican en el Impuesto de Sociedades a la repatriación de los beneficios obtenidos por sus filiales y a su canalización dentro del territorio estatal hacia sus matrices, una medida que, según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aportará 1.520 millones de euros a las arcas públicas en los próximos dos años.

Esta es, tanto en cuantía como por su simbolismo para la coalición de izquierdas, y aunque sintoniza con los parámetros de un liberalismo europeo que no acaba de cruzar el Pirineo, la principal de las medidas tributarias que figuran en el anteproyecto, que incluye otras que, principalmente, afectan a las rentas más elevadas y a los grandes patrimonios, con una reforma del Impuesto de la Renta que resulta inocua para el 99,83% de la población.

Se trata, como señala Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de los inspectores de Hacienda, de "medidas muy acotadas y que afectan a poca gente, salvo en el caso del diésel". De hecho, 2.590 de los 3.997 millones que, sobre el papel, deberían recaudar proceden de esos estratos elevados de la pirámide social y empresarial.

Sociedades: los entramados societarios de multinacionales

La elusión y la ingeniería fiscales son, de largo, una de las principales asignaturas pendientes de España en materia Tributaria. Consisten en organizar tinglados societarios para reducir al mínimo posible la aportación a las arcas públicas. "España tiene un problema de suficiencia tributaria y de progresividad", explica Íñigo Macías, economista de Oxfam Intermón.

Esta oenegé concluía en un reciente informe que hace ya cinco años la exención que ahora intenta aminorar el Gobierno redujo en más de 210.000 millones de euros la base contable sobre la que se calcula el Impuesto de Sociedades, algo que, en la práctica y con los tipos efectivos de ese tributo, habría supuesto una merma de en torno a 20.000 millones de euros para la Agencia Tributaria.

El argumento que justifica esas exenciones consiste en que esos beneficios ya han tributado en otros países, aunque sin tener en cuenta a cuánto ascendió esa presión fiscal ni si se produjo en un paraíso fiscal (diez compañías del Ibex 35 operan en ellos) o en territorios de fiscalidad peculiar como Holanda o Irlanda.

En este sentido, el primer Informe por País elaborado por la Agencia Tributaria revela cómo los 25.325 millones que en 2016 ganaron en el extranjero 27 de las 134 multinacionales españolas llegaron a sus matrices prácticamente limpios de polvo y paja, tras pagar solo 65 (0,3%) en esos territorios, y cómo de los 19.724 que ganaron otras dieciséis solo se quedaron en las haciendas de origen 1.149 (5,8%).

Con la reforma, y en un país en el que más de la mitad de las empresas son de papel (1,76 millones de 3,35, según datos del INE) y en el que nueve de cada diez sociedades creadas entre 2015 y 2019 eran instrumentales, la propuesta del Gobierno es que el 5% de esas ganancias soporten impuestos como si se hubieran generado en España. Eso, siempre que el grupo facture menos de 40 millones al año (hasta 2023), lo que reduce el número de eventuales afectados a 1.739.

"El impacto puede ser importante y dar lugar a tributaciones en cascada, en cada paso entre filiales y matrices, que fuercen a los grupos empresariales a reestructurarse", explica Luis del Amo, secretario técnico del Consejo General de Economistas. Los grupos empresariales soportan en España una presión de entre dos terceras y tres cuartas partes inferior a la de las pymes.

IRPF: las elites de las ocupaciones laborales

"Las medidas que proponen para el IRPF afectan a pocas rentas y no va a tener una gran importancia recaudatoria", señala Del Amo, que coincide con Cruzado en que "el número de afectados por esa medida es muy bajo".

La reforma del IRPF consiste, por una parte, en que quienes ganan más de 300.000 euros brutos al año por su trabajo, ya sea como asalariado o como profesional, pasen de pagar un 45% de la base liquidable (lo ingresado menos las deducciones que les correspondan) a un 47%; y, por otra, en que la tributación de quienes obtienen más de 200.000 de intereses, dividendos y venta de propiedades subirá del 23% al 26%.

Y quién gana en España más de 300.000 euros trabajando o más de 200.000 como rentista? Hablamos de 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total, que aportarán 144 millones de euros este año y 346 el año que viene (menos de 4.000 y apenas 9.500, respectivamente, de media). La nómina hay que buscarla en las élites de algunos tipos de ocupaciones como la gestión empresarial, el deporte o algunos ámbitos de la cultura y el espectáculo.

"La tributación de las rentas del capital es mucho más beneficiosa que la del trabajo. Habría que eliminar ese diferencial", anota Macías. Oxfam Intermón estima que con una subida de cuatro puntos para las bases de ahorro de menos de 6.000 euros, de seis para las de entre esa cifra y 50.000 y de ocho a partir de ese nivel, la recaudación tributaria aumentaría en 1.100 millones al año.

Planes de pensiones: la misma tónica que el IRPF

Los planes de pensiones dejaron de ser planes de pensiones hace menos de tres años, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy los desvinculó de la jubilación para convertirlos en un producto financiero de ahorro a medio camino entre el fondo de inversión y el plazo fijo.

Lo que propone el ejecutivo actual consiste en elevar de 8.000 a 10.000 euros la cantidad que puede reducirse en la base a partir de la que se calcula el IRPF el titular de uno de esos productos, ya sea propio o de empresa, y en reducir a 2.000 euros la aportación máxima anual a los particulares.

"El 58% de los trabajadores aporta menos de mil euros al año", apuntó Montero al anunciar la medida, que en este caso afecta únicamente a quienes manejan rentas elevadas y utilizan esos artículos financieros para cuadrar su declaración del IRPF, que el año que viene aportarán 580 millones de euros a las arcas públicas.

"En Gestha somos partidarios de eliminar esa reducción en la base del IRPF por una deducción en la cuota, lo que aumentaría la progresividad", anota Cruzado. Comparte el criterio con la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

Patrimonio: los ricos entre los ricos…si quiere la comunidad 

El gobierno de coalición PSOE-UP plantea establecer una "vigencia indefinida" para el Impuesto de Patrimonio, cuya cuota proponen elevar del 2,5% al 3,5% para quienes poseen una fortuna valorada en más de diez millones de euros.

¿A quién afecta eso? Montero no ofreció una estimación, si bien los datos que ofrece la Agencia Tributaria en su última estadística sobre ese tributo indican que solo 7.063 ciudadanos poseen bienes por valor de más de seis millones de euros. Se trata de los ricos entre los ricos, que acumulan fortunas valoradas en más de 200.000: más de 117.000 sujetos a impuestos y otros 86.000 exentos de tributar.

Sin embargo, ese aumento de la presión fiscal, cuyo impacto cifra Hacienda en 339 millones de euros anuales, podría no ser tal. "La de Patrimonio es una subida virtual, porque cada comunidad aplica su propia tarifa y sus bonificaciones y exenciones. Su efecto práctico será el que quieran los gobiernos autonómicos", explica Del Amo. Esa competencia local lleva a que Madrid perdone más de 900 millones cada año solo en este impuesto.

"Deberían plantear una armonización en lugar de mover los tipos", añade Macías, que reclama "fijar un límite mínimo en todo el territorio común de Hacienda. Y también tener en cuenta los resultados de ese impuesto a la hora de negociar transferencias a las comunidades".

Socimis: señores del ladrillo pierden sus beneficios fiscales

La reforma fiscal de PSOE-UP contempla que las socimi, las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria que acaparan enormes carteras de vivienda, locales comerciales, oficinas y también hoteles y centros sanitarios, serán las primeras que tributen en el Impuesto de Sociedades con una tarifa mínima, y en este caso porcentualmente fija, del 15% de sus beneficios, algo de lo que hasta ahora estaban prácticamente exentas si cumplían unos sencios requisitos en el reparto de las ganancias cuando estas superan los 2.000 millones al año.

La aparición de esta medida, con la que el ejecutivo espera obtener 330 millones de euros, en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado provocó este martes un desplome de las cotizaciones bursátiles de los principales afectados, como Colonial, Merlin Properties, ambas en el Ibex 35, y, fuera de él, Lar España, mientras Arima apenas sufría cambios. Algunas de ellas están participadas por fondos de inversión y bancos.

Diésel, bebidas azucaradas y seguros: consumo generalizado

El anteproyecto de los presupuestos incluye otras tres modificaciones tributarias cuyo grado de afección depende del consumo de determinados productos o artículos entre los que el más generalizado de ellos son los seguros, el impuesto sobre cuyas primas sube dos puntos 32 años después para llegar al 8%, lo que genera una previsión de ingresos de algo más de 500 millones de euros en dos años.

Los otros dos son las bebidas azucaradas y edulcoradas, cuyo IVA en las tiendas de alimentación (no en la hostelería) pasa del 10% al 21% y el gasóleo de automoción, cuya bonificación cae a 3,8 céntimos por litro mientras el gravamen estatal sube de 30,7 a 34,5, cinco y medio por debajo de la gasolina.

El objetivo del primero, con el que Hacienda prevé obtener 340 millones de euros este año y 60 el próximo, es penalizar un producto alimentario insano, mientras el segundo, que genera unas previsiones de 450 y 50, se enmarca en la fiscalidad verde que promueven todos los organismos internacionales frente al calentamiento global.

"El impuesto al diésel es muy bajo y no se equipara con el de la gasolina", explica Cruzado, que considera "inevitable" incrementar los gravámenes sobre ese tipo de combustible para desincentivar su uso, en sintonía con el resto de Europa.

Lo que no se toca: módulos e IVA de la educación

El Gobierno ha decidido no incluir en el anteproyecto de los Presupuestos ninguna modificación del sistema de módulos para los autónomos ni tampoco en el IVA que grava los servicios de educación y de la sanidad privadas, algo que, especialmente en el caso de la enseñanza, entrañaba el riesgo de complicar un poco más, si cabe, la viabilidad de miles de academias y pequeños centros de todo el país.

El texto que este miércoles llega al Congreso tampoco incluye el tipo efectivo mínimo del 15% para la gran empresa en el Impuesto de Sociedades que figura en el acuerdo de coalición entre PSOE y UP, y que también contempla uno del 18% para entidades financieras y para petroleras.

"Hemos perdido una oportunidad de hablar de los beneficios extraordinarios, y más en esta situación como la que se da con la pandemia, en la que a muchas empresas les va a ir mucho mejor de lo previsto por algo que no tiene relación con su negocio", recuerda Macías.

Medidas extrapresupuestarias: tasa Tobin, Google y otras

"Tenemos una tributación analógica para una era digital", recalcó varias veces este martes la ministra Montero en alusión a la entrada en vigor el próximo año de los impuestos sobre las transacciones societarias y/o financieras y sobre los servicios digitales, conocidos coloquialmente como tasa Tobin y tasa Google.

Estos impuestos, creados a principios de este año pero suspendidos hasta que comience el siguiente a la espera de ver cómo evolucionan las tensiones que genera en el ámbito internacional por la oposición de EEUU, iban a aportar, respectivamente, 850 y 1.250 millones de euros, previsión que, para el segundo, baja ahora a 968.

Esos dos tributos forman parte de un segundo paquete de medidas que genera en el Ministerio de Hacienda una expectativa de ingresos de 4.223 millones de euros que se completa con un impuesto sobre los residuos (861) y otro sobre los envases de plástico (491), con 828 procedentes de la represión del fraude fiscal y 225 más consignados como "otros".