El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a los agentes sociales que aquellos que demoren la jubilación voluntariamente más allá de la edad legal ordinaria puedan recibir los incentivos actuales cada seis meses a partir del segundo año de demora. Según el documento que el Gobierno ha trasladado a sindicatos y empresarios este lunes, cuando se acceda a la pensión de jubilación por un periodo de demora superior a dos años, si dicho periodo de espera es superior a seis meses e inferior al año, al incentivo se le sumará un complemento adicional del 2%. 

Se trata, según el Ministerio, de "un nuevo esquema más flexible de la jubilación activa", que permite compatibilizar pensión contributiva y trabajo después de la edad ordinaria de jubilación.

Con la propuesta del Ejecutivo, el trabajador que decida seguir en activo de manera voluntaria tras cumplir la edad legal de jubilación podrá cobrar estos incentivos cada seis meses siempre y cuando retrase su retiro al menos dos años. En el caso de jubilaciones demoradas que opten por cobrar el porcentaje adicional del 4% por cada año de demora, quienes retrasen su jubilación dos años y seis meses cobrarían un 10% adicional.

Además, el Ministerio ha planteado a los agentes sociales un nuevo marco legal para compatibilizar trabajo y pensión "con diferentes fórmulas para mejorar el tránsito del trabajo a la jubilación". Para ello, Inclusión permitirá compatibilizar la pensión contributiva y el trabajo después de la edad ordinaria de jubilación. De esta forma, con cada año de demora de la jubilación, el porcentaje de compatibilidad con la pensión sea mayor. 

Con los nuevos cambios, se mantiene la necesidad de demorar al menos un año la jubilación para poder compatibilizar el trabajo con la pensión. Se elimina también la incompatibilidad con el complemento de demora, así como la exigencia de una carrera de cotización completa.

En esta línea, el Gobierno propone que el porcentaje de pensión a percibir por el jubilado que se mantenga en activo vaya subiendo gradualmente, en función del tiempo en que demore su marcha del mercado laboral: tras un año de demora, el trabajo sería compatible con el 30% de la pensión, con dos años se percibiría el 40% de la misma, con tres años, el 50%, con cuatro años se cobraría el 75%, y con cinco años o más en activo se generaría el derecho a percibir el 100% de la pensión.

Actualmente esto no es posible ya que para compatibilizar la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia no permite percibir el 100% de la pensión. La única excepción es si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. 

Asimismo, la regulación actual señala que la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe reconocido inicialmente. La normativa vigente tampoco permite percibir el complemento por prolongación de la vida activa laboral establecido en la reforma de pensiones de 2021, pero en la reforma que ahora plantea el Gobierno sí que se podrá cobrar.  

Por otra parte, el Ministerio ha señalado que este año se ha avanzado en la implicación de las mutuas en las situaciones de incapacidad temporal y en las condiciones de acceso a la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos. En concreto, Inclusión ha recordado que se han abordado las condiciones de jubilación parcial y contrato relevo.

UGT valora los avances conseguidos

La secretaria confederal de UGT, Patricia Ruíz, ha lamentado que todavía queda "muy lejos" un acuerdo respecto a la jubilación parcial y el contrato de relevo: "Confiamos en que antes del mes de agosto podamos tener algún texto que se acerque de forma positiva a nuestras reivindicaciones", ha subrayado. Ruiz ha apuntado también a que espera que el acuerdo logre el objetivo de "contratar a la gente joven y poder jubilar a la gente que más lo necesita".

No obstante, ha reconocido que ha habido "bastante avance" en relación a los fijos discontinuos y su cotización, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los coeficientes reductores. El sindicato ATA, por su parte, ha criticado que a través de esta propuesta el Gobierno pretende "recortar derechos" a los autónomos que compatibilicen trabajo y pensión, reduciendo el importe de la pensión resultante a recibir desde el actual 50% al 30%. "Todo un recorte de derechos y de pensión a los autónomos que estarán en jubilación activa. Vamos para atrás", han apuntado.