Intereses de demoraEl Gobierno penaliza más que la banca las deudas de empresas y ciudadanos con la Administración durante la crisis

¿Es posible que a un ciudadano le resulte menos gravoso pedir un crédito en el banco para pagar una deuda con una administración que dejársela a deber a esta e ir liquidándola? Ocurre en España, y no va a dejar de pasar en plena crisis pandémica y con la morosidad y la insolvencia desbocadas, salvo que algún grupo parlamentario lo proponga en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado y esta salga adelante.

El proyecto de ley que tramita el Congreso mantiene en su disposición adicional 49ª los intereses de demora en el mismo 3,75% en el que quedó fijado en los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro y hace lo mismo con el interés legal del dinero, que seguirá en el 3%.

Esos gravámenes, perdidos en la página 183 del proyecto y ajenos al bullicio que se crea en torno a otros aspectos del texto, resultan claves para la gestión de los crecientes volúmenes de deudas que está generando la crisis pandémica tanto en la esfera pública como en la privada.

Los de demora los aplican las administraciones públicas, como la Agencia Tributaria y Seguridad Social pero también las comunidades autónomas y los ayuntamientos, como recargo en las cantidades que les adeudan los contribuyentes, ya sea por impagos o por devoluciones pendientes, mientras que el interés legal del dinero es el que agregan los tribunales en sus sentencias a las cantidades que deben pagar los condenados, especialmente en la jurisdicción civil y en la social.

Se trata, en ambos casos, del interés que se aplica a las cifras por cada año de retraso el liquidarlas. Los dos se encuentran en el nivel más bajo de las dos últimas décadas, aunque en ninguna de ellas –ni siquiera en el tramo más duro de la anterior crisis– se había dado una situación generalizada de asfixia financiera como la actual en el tejido productivo y comercial del país.

Por encima de los intereses que cobra la banca

"Espero que lo enmienden. Parece excesivo aplicar esos intereses con la situación que hay ahora mismo"

"Espero que lo enmienden. Parece excesivo aplicar esos intereses con la situación que hay ahora mismo. Los autónomos y las familias no deberían sufrirlos cuando su incapacidad para pagar se debe a una falta de liquidez por la crisis derivada de la pandemia", sostiene Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

"Que un decreto te obligue a parar tu actividad y que tengas que pagar los impuestos habituales de tu actividad con normalidad ya es conceptualmente injusto, pero que te den una moratoria, sin quitártelos, y si te retrasas en pagar te apliquen esos intereses resulta poco ético, poco solidario y también injusto", añade Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Llama la atención que esos gravámenes resulten más elevados que los que la banca carga en sus préstamos, los cuales, según los datos del Banco de España, se sitúan en el 1,72% en el caso de estar avalados por un inmueble y llegan al 3,29% en las pólizas de crédito para las familias (la excepción son los de consumo, en los que alcanzan el 6,73%) y se quedan por debajo del 2% en el caso de las empresas.

Aplicar esos recargos a los 1.946 millones de euros en impuestos aplazados en primavera que pymes y autónomos seguían sin poder liquidar en septiembre, según el Informe de Recaudación de la Agencia Tributaria de ese mes, elevaría en algo más de 70 millones de euros tanto la deuda como la dificultad de esos contribuyentes para saldarla.

"Debería ser como mucho un 0,25%, que es lo máximo que pagan los bancos cuando acuden a los mercados financieros a por dinero y las administraciones cuando emiten deuda", indica Abad, para quien "no tiene sentido que la Administración te aplique un 3,75% que está por encima de cualquier tipo de interés bancario".

"La política debería cuidar a quien paga impuestos para desarrollar políticas"

Cañete, por su parte, llama la atención sobre otro aspecto como son las deudas de las administraciones con sus proveedores, que según las estimaciones de la plataforma superan los 15.000 millones de euros, con 8.000 de ellos por encima del plazo de 60 días que da la ley. "Los deben, y cuando los pagan lo hacen sin intereses pese a que la ley marca que debería aplicársele un 8% anual", explica. A eso, mientras el Congreso encara el tercer intento de penalizar la morosidad tras fracasar los anteriores, se deben los 60.000 millones de las grandes empresas.

"La política debería cuidar a quien paga los impuestos que permiten desarrollar políticas", anota Cañete, que recuerda cómo, según las estimaciones del Banco de España, el 70% de las empresas españolas tiene problemas de liquidez por la caída de la actividad, lo que está generando una necesidad de ingresos de 240.000 millones de euros entre marzo y diciembre. "Es lo que necesitan para pagar nóminas e impuestos y cubrir los gastos", añade.