El Gobierno se lava las manos sobre si el banco malo firma contratos con paraísos

La petición de información de varios diputados del PDECat, de Unidos Podemos y de ERC sobre una operación inmobiliaria en Lleida de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, conocido también como el banco malo) con una empresa propiedad de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, ya tiene respuesta.

Según el Gobierno, no puede entregar la documentación que aclararía la operación porque “debe tenerse en cuenta que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una sociedad de capital mayoritariamente privado y que debe respetarse la confidencialidad de los acuerdos entre las partes”.

Además, añade que no hay ni habrá informe del organismo que previene el blanqueo de capitales (el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, o Sepblac) porque, según la normativa española y europea, los contratos de compraventa realizados por particulares no están sometidos a estas verificaciones, con este párrafo: “Sobre la petición de potenciales informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), se informa que los contratos de compraventa o de cualquier naturaleza realizados por particulares no están sometidos a la elaboración de un informe por el SEPBLAC sobre el cumplimiento de la normativa de PBC/FT, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo, y de lo previsto en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es decir, que el Gobierno no exige ni verifica si el banco malo hace o no negocios con paraísos fiscales o con dinero de procedencia dudosa con los restos inmobiliarios del rescate bancario que pagó el estado y, por consiguiente, todos los españoles con sus impuestos.

La Sareb fue creada en 2012 con un capital de 50.781 millones de euros, un 55% de capital privado y un 45% público, que sigue en manos del FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). El Memorando de Entendimiento (MoU) que el Gobierno firmó en julio de 2012 con sus socios europeos para recibir las ayudas del rescate de la banca determinó la constitución del banco malo como una de las condiciones para recibir la ayuda financiera para que fuera “la gestora a la que transferir los activos inmobiliarios de las entidades que atraviesan dificultades, con el objetivo de reducir los riesgos de las mismas y liquidar de forma ordenada los activos problemáticos”.

El Código de Conducta de la Sareb incluye cuatro artículos que le prohíben expresamente hacer tratos con sociedades en "paraísos fiscales o territorios no cooperantes con las autoridades fiscales" (artículos 40, 41, 42 y 45). El Gobierno no tiene en cuenta este código de conducta ni cree necesaria su verificación.

Por último, incluye en su respuesta oficial un enlace a una nota de prensa de la Sareb en la que la empresa se congratula de la operación, sin hacer ninguna referencia a la empresa que realmente firma el contrato, ni dar ninguna información sobre las dudas que presenta una operación de la que se desconoce todo.

Jaume Moya, diputado del Grupo Confederal Unidos Podemos–En Comù Podem–En Marea y uno de los firmantes de la petición de información que ahora el Gobierno ha contestado, interpreta así esta respuesta: “lo que hace el Gobierno es escaparse del asunto y darle cobertura a Sareb, ocultando los documentos que nos mostrarían los criterios para establecer el precio de venta, en esta operación opaca y fea”.

Jaume Moya afirma que “si se ha hecho negocio con una empresa en un paraíso fiscal ya estaría mal pero es que si encima se ha malvendido una propiedad de todos y el pelotazo se lo ha llevado esta empresa, en perjuicio de los intereses comunes, peor.” El diputado de la formación morada señala que con esta opacidad, a la que el Gobierno da cobertura, la sombra de la duda sobre esta operación sigue existiendo.