El Gobierno calcula que en 2020 deberá hacer un primer pago de 120 millones por las autopistas rescatadas

El Gobierno estima que el erario público podría afrontar en 2020 una primera factura, estimada en 120 millones de euros, por las nueve autopistas de peaje que quebraron y fueron rescatadas durante la crisis.

Así se indica en el Plan Presupuestario de 2020 que el Gobierno acaba de mandar a Bruselas, que mantiene en 1.800 millones de euros la estimación de la factura total que el Estado habría de afrontar por estas vías fallidas.

Este importe corresponde a la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, el importe que por contrato el Estado debe abonar a las empresas que construyeron las autopistas para compensar la inversión que realizaron y que no tuvieron tiempo de recuperar durante el tiempo en que las explotaron.

El eventual primer pago de 120 millones es la estimación realizada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de la parte de dicho importe total que podría llegar a pagarse el próximo año, según detallaron fuentes gubernamentales.

No obstante, dichas fuentes recuerdan que, en la actualidad, el Ministerio de Fomento no ha concluido el proceso de cálculo exacto de dicho monto total.

Fomento ha reiterado en distintas ocasiones que trabaja para contabilizar y pagar cuanto antes esta factura. El cálculo se realiza a partir de una fórmula que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril y que fijó en un máximo de 3.305 millones el monto a afrontar por el erario público por estas vías fallidas.

Pendiente del Tribunal Supremo

El Ministerio asegura además que esta labor no se ve obstaculizada ni paralizada por la cascada de recursos que las constructoras y los bancos que controlaban las autopistas rescatadas han presentado ante el Tribunal Supremo contra la propia fórmula de cálculo. Estas empresas y bancos, los fondos que se quedaron con la deuda y el sector concesional estiman un importe mayor para la factura de estas vías.

En concreto, lo elevan por encima de 5.000 millones, con lo que casi duplica el tope máximo de 3.305 millones fijado por la fórmula aprobada por el Gobierno y recurrida al Alto Tribunal y casi triplica a la estimación de 1.800 millones que mantiene el Gobierno ante Bruselas en su Plan Presupuestario.

Por todo ello, tanto desde el Gobierno como desde el sector hace tiempo que se da por hecho que la factura final de la quiebra de las autopistas la acabará fijando los tribunales. Ello sin perjuicio de que inicialmente Fomento calcule y pague lo que su fórmula indique. Posteriormente, este importe se ajustaría, en su caso, al alza o a la baja según lo que determinaran los jueces.

Las nueve vías rescatadas, actualmente están bajo la órbita y la gestión de Seittsa, empresa de Fomento, son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.