El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto para la nueva Ley de Industria, que sustituirá a una legislación vigente desde 1992 y con la que busca impulsar el proceso de reindustrialización del país y situarla "a la vanguardia del siglo XXI", indicó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El pasado mes de abril, el Ejecutivo ya lanzó el proceso de consulta pública sobre esta nueva normativa para la industria, con el objetivo de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Maroto señaló que esta futura ley "es un compromiso del Gobierno" para dar respuesta a la urgente necesidad de potenciar la autonomía industrial del país y destacó que "refuerza el papel de la industria, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta nuevos instrumentos de política industrial necesarios mejorar su competitividad". El objetivo es hacer de la industria "un sector líder en innovación, sostenibilidad y digitalización" y esta ley "involucra a administraciones públicas, agentes y fuerzas políticas ante la urgente necesidad de potenciar la industria en el país", añadió Maroto.

La titular de Industria añadió que otro de los objetivos es "agilizar" los trámites todo lo posible para que esta nueva ley sea aprobada en segunda ronda "lo antes posible" y se pueda "complementar" con el Pacto por la Industria. En concreto, esta nueva Ley de Industria busca blindar el empleo industrial, estableciendo que las empresas beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años, tres años en el caso de las pymes.

La norma también aborda la promoción industrial, la mejora de la competitividad, la reindustrialización, la digitalización, la adaptación a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas industriales y los proyectos de interés general, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza.

Atraer inversión estratégica

Además, la normativa busca favorecer la atracción de inversiones en sectores estratégicos y en sectores afectados por el reto demográfico a través promoción de un entorno favorable e impulsando proyectos tractores y de interés general. Igualmente, incorpora medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial y reconoce, por primera vez, la especial protección a la industria electrointensiva en energía e incorpora medidas de acompañamiento para favorecer su descarbonización.

Igualmente, recoge un capítulo especial en la ordenación de los procesos de reindustrialización, en el que se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo. Para ello, fija que se deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados y se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá la Administración General del Estado.

Según indicó el Ministerio, se consideran dentro del ámbito de aplicación de la ley las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.

Reforzar la gobernanza

La nueva ley también busca reforzar la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad.

Las empresas industriales beneficiarias de ayudas públicas tendrán que mantener su actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de una gran compañía, o tres años si se trata de una pyme, según el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, aprobado este lunes por el Gobierno en primera vuelta.

El texto también recoge como novedad la obligación de las empresas en determinadas circunstancias de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad que suponga una pérdida importante de puestos de trabajo.

En estas ocasiones, se creará una mesa de reindustrialización en la que participarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas para "tratar de prevenir la pérdida de capacidades industriales y de empleo", ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Estrategia de Impulso Industrial 2030

Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.
Por otra parte, la ley regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.

También se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.

Asimismo, se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación. La ley introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.

Por otra parte, se define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi) con la declaración de proyectos de interés general. Por otra parte, la ley detalla un régimen de sanciones e infracciones, que van desde muy graves a graves o leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.

Las infracciones serán sancionadas desde leves, con multas de hasta 60.000 euros; a graves, con multas de hasta 6 millones de euros, y muy graves, con multas de hasta 100 millones de euros.