La Generalitat también se desentiende sobre el origen de paraísos fiscales de los fondos para el nuevo centro comercial de Lleida

Tras la negativa del Gobierno de España de dar información sobre si la SAREB, (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, –pública al 45%-), vendió los terrenos sobre los que se edificará el nuevo centro comercial en Lleida a una empresa con capital procedente de paraísos fiscales, incumpliendo el propio código ético de esta sociedad, el diputado de En Catalunya en Comù Podem, David Cid Colomer, preguntó a la Generalitat, a través del Parlament, sobre la existencia del contrato de compraventa de estas fincas situadas en el sector sur 42 en Lleida, entre la SAREB y Eurofund Park Lleida.

La respuesta del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera, declara que: “en primer lugar, el Gobierno no tiene constancia de la existencia de ningún contrato privado de compraventa entre las fincas de SAREB y la empresa Eurofund Park Lleida S.L.”. Así mismo el Gobierno de la Generalitat afirma que no es conocedor de las vinculaciones que pueda tener esta Eurofund Park Lleida. Sólo tiene conocimiento de que la empresa nombrada ha promovido la modificación del plan parcial urbanístico sur 42 Torres Salses de Lleida y que la comisión territorial de urbanismo de Lleida acordó el 17 de julio de 2018.

Además, la Generalitat dice que aunque tuviera la información no podría darla en virtud del artículo 95 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria, que establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. Subraya que esta información no puede ser comunicada a terceros. Por este motivo, afirma también, la Agencia Tributaria de Cataluya no puede informar sobre la situación fiscal de Eurofund Park Lleida S-.L.

Jaume Moya: “Lo que hace el Gobierno es escaparse del asunto y darle cobertura a SAREB"

Por último, eso sí, la Generalitat señala que “trasladará a la oficina central de inspección de la Agencia Tributaria de Catalunya la información facilitada por este diputado para que valore si es susceptible de ser inspeccionada”. Aunque, a renglón seguido, reconoce que este organismo no puede investigar el capital de esta sociedad porque no tributa en Catalunya, con la siguiente acotación: “La Generalitat únicamente tiene competencia en cuanto a los tributos propios y a los créditos con el estado”. Es decir, que no revisará lo que se está denunciando.

Jaume Moya, diputado de En Comù Podem y uno de los impulsores de la investigación de esta operación dudosa, resume así lo ocurrido en Twitter: “El gobierno catalán también se desentiende de las vinculaciones de la Operación Torre Salses con paraísos fiscales, refuerza la opacidad y la afectación al patrimonio público y se hace cómplice de la recalificación urbanística en beneficio del entramado Eurofund”.

Moya en declaraciones anteriores afirmó: “Lo que hace el Gobierno es escaparse del asunto y darle cobertura a SAREB, ocultando los documentos que nos mostrarían los criterios para establecer el precio de venta, en esta operación opaca y fea”.

Jaume Moya dice que “si se ha hecho negocio con una empresa en un paraíso fiscal ya estaría mal pero es que si encima se ha malvendido una propiedad de todos y el pelotazo se lo ha llevado esta empresa, en perjuicio de los intereses comunes, peor” y las dudas siguen sin aclararse.