¿A quién afecta realmente el nuevo (futuro) impuesto a la banca y las energéticas cuando, pese a su evidente importancia estratégica en clave nacional, se trata de dos sectores en los que las principales compañías que operan en el país tienen una elevada presencia de inversores extranjeros que se llevan una porción de esos beneficios proporcional a su participación?

Esa presencia, cualitativamente mayor en el ramo de la electricidad y los derivados del petróleo que en el de las finanzas, en ningún caso baja del 3% y llega a superar los dos tercios en al menos dos de las doce mayores empresas que operan en los mercados españoles de la banca y la energía, según indican los datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y los de las propias compañías.

Esa circunstancia sitúa a varios fondos de inversión, caso de BlackRock, presente en cuatro de los cinco grandes bancos y en otras tantas de las siete principales energéticas, y a firmas como la multinacional italiana Enel, socio mayoritario de Endesa y en la que el Estado italiano tiene a su vez una participación del 23%, entre los principales contribuyentes junto con los propietarios locales del impuesto a los beneficios extraordinarios que el Gobierno pretende implantar, que supondría una merma de sus negocios en España.

El objetivo declarado del Gobierno consiste en recaudar 7.000 millones, 4.000 de las energéticas y 3.000 de la banca, entre los ejercicios de 2022 y 2023, marcados por la tendencia alcista de los precios de la energía y por la subida del euríbor y de los tipos de interés. Dos factores que, mientras el Ejecutivo acaba de diseñar el tributo y las penalizaciones que conllevará el eventual traslado de su importe a los precios, tiran al alza de los resultados de las principales firmas de esos dos ámbitos, tal y como indican los resultados de los últimos trimestres.

Un 30% en la energía, un 10% en la banca

El cruce de los datos sobre las ganancias de esas empresas en el ejercicio de 2021 con los de la presencia de inversores extranjeros en su capital social señala a estos últimos como los destinatarios del 31% de los beneficios que se reparten como dividendo en el caso de las energéticas y del 9,65% en el de los bancos.

Los beneficios netos de las primeras ascendieron a 9.981 millones de euros en sus operaciones globales mientras los de los segundos se elevaron a 19.866, de ellos 9.630 en el negocio local español, con un reparto de, respectivamente, 5.000 y 7.300 como dividendos.

Resulta imposible estimar el impacto del impuesto en unos resultados de esa magnitud antes de conocer su configuración definitiva, aunque todo apunta a que su aplicación reduciría tanto los 1.550 millones que se repartieron los inversores internacionales de las energéticas como dividendos por el ejercicio de 2021 como los 704 que se distribuyeron entre los de las entidades financieras por el mismo concepto.

Por otro lado, la decisión sobre la parte de las ganancias que se destina a dividendos, es decir, al reparto entre los accionistas, no responde a una fórmula fijada de antemano sino que la determina cada año cada una de las empresas, algo que dificulta cualquier estimación.

La aplicación de un umbral de mil millones de euros de facturación anual añadiría a la lista de contribuyentes a multinacionales extranjeras como BP y Galp, mientras Red Eléctrica y Enagás quedarían fuera por desarrollar actividades reguladas.

Las principales participaciones extranjeras

La mayor presencia de inversores extranjeros entre las doce principales compañías españolas de la banca y la energía se da en Endesa y en Naturgy, que operan en los sectores de la electricidad y el gas: en la primera de ellas, la italiana Enel posee el 70% tras un proceso de privatización de varias décadas que afectó a otras empresas de esta selecta docena como Repsol o Enagás, y Naturgy, donde CVC (20%), Canary (20%), Global (20%) e IFM (13%) suman un 73% al que se añade el 3,85% de Sonatrach, la empresa estatal de energía de Argelia.

Las participaciones foráneas superan también el 50%, aunque en este caso de manera indirecta, en Acciona Energías Renovables, propiedad de la constructora que da nombre al grupo con la excepción del paquete de acciones que cotiza en bolsa, y en cuya matriz están presentes los fondos Tussen (29,02%) y WEI (26,1%).

Por número de participaciones, la más frecuente es la del fondo de inversión estadounidense BlackRock, que tiene presencia en los bancos Santander (5,4%), BBVA (5,9%), CaixaBank (3,2%) y Sabadell (4,5%) y en las energéticas Iberdrola (5,3%), Repsol (5,4%), Enagás (3,3) y Red Eléctrica (3,1%).

Otras participaciones que se repiten son las de la Fundación Caixabank y su filial industrial Criteria, con un 30% del banco y un 26% de Naturgy; la de Norges Bank, el banco central de Noruega, con un 3% en Santander, un 3,1% en Iberdrola y un 3% en Repsol; la del propio Estado español, con un 16,11% en CaixaBank, 20% en Enagás y 5% en Red Eléctrica y la del empresario gallego Amancio Ortega, con un 5% en cada una de estas dos últimas empresas.

El retroceso del capitalismo popular por la financiarización

Lo que sí está sufriendo un recorte, intensificado en los últimos meses, es la parte de los beneficios de esas grandes compañías que se distribuye entre los pequeños accionistas como consecuencia de los programas de recompra de acciones que están desarrollando la mayoría de ellas.

Estas operaciones, consecuencia de la financiarización de la economía y de las exigencias de remuneración de los inversores, consisten en la adquisición de participaciones en manos de particulares y de accionistas minoritarios, aunque también en algunos casos de fondos e instrumentos de inversión, a través de las bolsas, con el objetivo de amortizarlas.

Ese tipo de operaciones tiene como finalidad la reducción del capital social de las compañías, algo que, consecuencias contables al margen, tiene entre otros efectos un aumento del peso de los accionistas mayoritarios y una merma de la presencia de los minoritarios: los primeros pasan a acceder a una mayor tajada del dividendo sin modificar sus participaciones al mismo tiempo que se reducen las posibilidades de participar en ese reparto por la otra vía, que históricamente ha sido uno de los motivos que ha animado a los pequeños ahorradores a invertir en bolsa, en el llamado capitalismo popular.

Entre las operaciones de recompra de acciones que se encuentran en curso destacan las de Repsol, que con una autocartera del 4,9% se ha marcado como objetivo retirar del mercado el 2,29% de sus acciones; BBVA, que pretende reducir su capital en un 9,6% con un coste máximo de 3.500 millones de euros y un plazo que concluye en noviembre, o el de CaixaBank, que a lo largo de este año prevé movilizar hasta 1.800 millones en un programa que "no excederá del 10% del capital social".

Naturgy se hizo hace unos meses con 300.000 acciones de la propia empresa valoradas en ocho millones para repartirla como salario entre los empleados que se interesaron por esa posibilidad.