El Gobierno aprobara este viernes en la reunión del Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la liberación de un total de 9.330 millones de euros para poder abonar la paga extra de los pensionistas de final de año.

Una parte de este importe, vendrá de la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 6.330 millones de euros. Este libramiento es la segunda parte del préstamo presupuestario de 13.830 millones aprobado a primeros de año, de los que se utilizaron ya 7.500 millones de euros el pasado mes de julio.

Como lo que resta del préstamo no es suficiente para el abono de la paga extraordinaria, por lo que el Gobierno ha decidido disponer de 3.000 millones de euros adicionales del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, unos 2.000 millones menos de los inicialmente previstos por el anterior Gobierno del PP.

Según fuentes del Ejecutivo, cuando se aprobó el Presupuesto, en mayo, las previsiones del Comité de Gestión del Fondo de Reserva eran utilizar 5.000 millones para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, según consta en las actas de este órgano. Desde el Ministerio de Trabajo se asegura que la mejora en la recaudación de las cotizaciones sociales ha permitido reducir la disposición a 3.000 millones de euros.

Desde el Ministerio de Trabajo se afirma que "el problema no sólo tiene una dimensión financiera, sino también contable". Y lo explican porque la aprobación en la discusión presupuestaria de la revalorización de las pensiones en un1,6% en lugar del 0,25% se realizó sin hacer la previsión en el estado de ingresos de la cantidad necesaria para financiar este gasto; y tampoco se consignó financiación para la subida de la Base Reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56% abonada a finales de agosto.

Esta decisión, según el Gobierno, vulneró la legislación presupuestaria y los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, y ha forzado a la Seguridad Social a tramitar una ampliación de crédito por 1.497 millones de euros al amparo de la vigente normativa.

Desde el Ejecutivo también se quiere aclarar que esta decisión de la Seguridad Social no tendrá ningún impacto en el déficit, y en términos tanto de contabilidad nacional como de contabilidad patrimonial la operación por tanto no supondrá ningún cambio.