El FMI mejora el crecimiento de España en cuatro décimas en 2024, hasta el 1,9%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la economía española crecerá de manera "robusta" y eleva en cuatro décimas su previsión para 2024, hasta el 1,9%, aunque ha recomendado un ajuste de 44.000 millones de euros hasta 2028 para establecer un programa de consolidación para reducir el nivel de endeudamiento y reconstruir el espacio fiscal. 

En su informe del Artículo IV de España, el FMI mantiene su pronóstico para 2025, en el 2,1%, y precisa que "el crecimiento medio trimestral de alrededor del 0,5% observado en 2023 se espera que se mantenga en los próximos trimestres impulsado por la demanda doméstica".

"España ha mostrado una fuerte resiliencia" a la subida de los tipos de interés y a la ralentización de la economía europea, ha subrayado el jefe de misión para España del FMI, Romain Alexandre Duval, en un encuentro con medios españoles.

"La economía española —que en 2023 creció un 2,5% gracias al gasto de los hogares y al sector turístico— ha mostrado mucha resiliencia en un contexto en Europa de un crecimiento más débil y condiciones financieras más constreñidas", indica la entidad multilateral en el informe.

En cuanto a los riesgos para la economía española, la misión del FMI en España apunta a que cabe la posibilidad de que el crecimiento se vea afectado por "una prolongada fragmentación política doméstica, que podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación fiscal".

El FMI también cita otros riesgos para el crecimiento económico como una menor efectividad en el uso de fondos europeos Next Generation o una abrupta desaceleración global o de la zona del euro, pero Duval no cree que la falta de Presupuestos este año afecte a la política fiscal.

En cuanto a la inflación, el informe señala que los principales riesgos para España pasan por un repunte de los precios mundiales de la energía y por "aumentos persistentes" de los costes laborales debido a presiones salariales sostenidas. 

Asimismo, si bien las finanzas públicas españolas siguieron mejorando en 2023, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores, advierten de que la deuda sigue siendo elevada, con un nivel por encima del 107% del PIB, por lo que, a medio plazo, a medida que el crecimiento se modere, la inflación se normalice y el auge de ingresos fiscales se atenúe, el déficit fiscal y la deuda pública se estabilizarían en torno al 3% y 104% del PIB, respectivamente, en ausencia de medidas adicionales de consolidación fiscal. 

En esta línea, se prevé que el creciente gasto vinculado al envejecimiento de la población generará fuertes presiones adicionales sobre las finanzas públicas del país en el curso de la próxima década.

"Se necesita un programa de consolidación plurianual para mantener la deuda en una trayectoria descendente clara y reconstruir el espacio fiscal", subraya la misión del FMI en España, cuyo personal técnico recomienda una reducción acumulada del déficit primario estructural de tres puntos porcentuales del PIB (unos 44.000 millones de euros) en 2024-2028, lograda mediante un ajuste fiscal anual promedio de alrededor de 0,6 puntos porcentuales (casi 9.000 millones de euros). 

De tal modo, el documento señala que la consolidación de este orden de magnitud contemplada por las autoridades en 2024, mediante la imposición de gravámenes temporales sobre ganancias extraordinarias y la retirada paulatina de medidas de apoyo para paliar los efectos de la crisis energética, "es adecuada", aunque advierte de que será necesario mantener este ritmo de consolidación en los años siguientes, lo cual requiere medidas suplementarias de carácter más estructural.

A tal fin, los funcionarios del FMI sostienen que una consolidación favorable al crecimiento debería girar en torno al fortalecimiento de la eficiencia del sistema tributario y la ampliación de la base impositiva, además de formar parte de un plan fiscal explícito a medio plazo.

En concreto, junto con la retirada prevista de las medidas anticrisis restantes, recomiendan que el ajuste fiscal aborde suprimir las exenciones al IVA, armonizando los tipos del gravamen entre productos e incrementando la imposición medioambiental en España a los niveles de sus pares de la UE, añadiendo que el potencial impacto sobre los hogares con rentas más bajas podría abordarse mediante políticas focalizadas, como el crédito fiscal por trabajo, la ampliación de las políticas activas de empleo (PAE) y el aumento de la oferta de viviendas asequibles.