La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 4 años de cárcel para la cúpula del Banco de Valencia por haber maquillado las cuentas de la entidad. El Ministerio Público les imputa un delito societario de falsedad en los años 2009 y 2010. Dicha manipulación, se producía para ofrecer una imagen de solvencia que no se correspondía con el agujero de 20 millones de euros en una entidad mermada por la crisis de las subprime y una política expansiva de "escasa prudencia" y "elevado riesgo".

Según explica el escrito de acusación, Banco de Valencia pasó de contar con 97 millones de capital social en diciembre de 2003 a 118,3 en diciembre de 2009, presentando para aquel año un balance total de 22.792 millones de euros y repartiendo, en todos estos años, dividendos a los accionistas.

Explica que en muchas ocasiones, realizaron esta práctica a costa de "créditos basados en meras expectativas especulativas de los suelos que se financiaban con los mismos", confiando en que sus problemas se resolverían con el respaldo que suponía tener como accionista principal a Bancaja y la perspectiva de ampliar capital en el futuro.

Sin embargo, los "reales malos resultados que acaecieron en el ejercicio 2009" podían dañar estos planes del Consejo de Administración y una pérdida de recursos. Entonces, según la Fiscalía, la Comisión Ejecutiva primero y el Consejo de Administración, después, pese a ser conocedores de los datos reales de morosidad, acordaron efectuar una maniobra contable para "maquillar" esas cifras negativas y aprobaron unas cuentas ese año y al siguiente que "no reflejaron la imagen fiel de la entidad bancaria".

De hecho, "la falacia", conforme recoge el escrito del Ministerio Público, de aquellas cuentas quedó acreditada el 17 de febrero de 2011 por el Banco de España, en un informe que destacaba la existencia de un déficit de provisiones a 31 de diciembre de 2010 de 197 millones de euros. En julio de aquel año, el Supervisor elevó la cifra a 819 millones de euros y concluyó que, además, el banco tenía dudosos no registrados por 718 millones de euros y subestándar por 1.434.

Catorce personas causadas por Anticorrupción

En la causa, Anticorrupción acusa a 14 personas físicas y 12 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por delito societario continuado de falsedad. Solicita cuatro años y medio de prisión para el expresidente del banco, José Luis Olivas, y su ex consejero delegado Domingo Parra; y tres años para los vicepresidentes del Consejo y de la Comisión Ejecutiva Antonio Tirado y Celestino Aznar, y los consejeros Agnes Noguera, José Segura y Silvestre Segarra.

Asimismo, pide condenas de dos años y seis meses de cárcel para los también consejeros en aquella épooca Manuel Olmos, Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Pedro Muñoz -que además presidía el comité de auditoría--, y Federico Michavila, mientras insta un año y medio de prisión para el socio auditor de Deloitte que firmó las cuentas Miguel Monferrer.