La constructora FCC ha explicado este viernes detalles sobre el pago, a través de facturas simuladas que la compañía denunció ante la Fiscalía, de 75 millones de euros (82 millones de dólares) en comisiones para contratos públicos en Panamá y por las que está siendo investigada por corrupción y blanqueo.

En poco más de una hora, los representantes legales de las tres filiales objeto de pesquisas (FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias) se han sometido al interrogatorio del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, de la fiscal Teresa Gálvez y del resto de partes, según han informado fuentes jurídicas.

También estaba emplazado, aunque como testigo de Anticorrupción, Timothy Scorah, representante de una sociedad vinculada a la multinacional brasileña Odebrecht, conocida esta última por su implicación en el homónimo caso de corrupción transfronteriza que movió más de 788 millones de dólares en dádivas y con la que se habría concertado FCC en Panamá. Sin embargo, Scorah finalmente no ha comparecido al no haberle podido entregar la citación.

A tenor de las mismas fuentes, los letrados de la constructora han respondido a todas las preguntas, un hecho previsible después de que fuera la propia compañía la que pusiera en conocimiento del Ministerio Público esta primavera las irregularidades en las que incurrieron varios de sus ya exdirectivos.

El presente caso se remonta a 2017, año en el que el juzgado central de Instrucción número 2 admitió a trámite una querella por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015 contra un asesor jurídico de Odebrecht.

El gigante carioca, tal como estaba investigando por entonces la Justicia de varios países latinoamericanos, se habría servido de sociedades pantallas españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.

Si bien de inicio la española no figuraba en la lista, después de dos años de diligencias se encontraron indicios de que tras el consorcio entre Odebrecht y FCC para la construcción de la primera línea de metro de Centroamérica se ocultaría un concierto entre directivos para generar "sobrecostes" en los contratos.

Este esquema de "corrupción", según Fiscalía, buscaba generar fondos para abonar "pagos encubiertos" a responsables políticos y empleados públicos, objetivo para el cual se sobredimensionaba el suministro del acero en "precio y cantidad".

A finales del pasado mayo, FCC presentó dos escritos ante la Fiscalía en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con el entramado de sociedades de Mauricio Cort, supuesto testaferro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Esta estrategia "encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los gobiernos de Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua", cita textualmente el auto de imputación.

Las facturas incorporaban una descripción de servicios técnicos, de diseño urbanístico y arquitectónico o de estudio de impacto medioambiental, entre otros, "simulados" que nunca llegaron a realizarse en las obras investigadas: las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton.

"Ninguno de estos servicios se prestó y sólo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil", prosigue el informe de Anticorrupción, en el que explica que FCC "no ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Cort" entre 2010 y 2014, cuyo importe ascendió a 82,7 millones de dólares (75 millones de euros).

En julio de este año, la responsable de la asesoría jurídica de la constructora admitía en su declaración en Fiscalía que todas las facturas "habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Cort" como testaferro de Martinelli, que "exigía" comisiones para "permitir a FCC" operar en las obras públicas de Panamá.

Tras la declaración de la constructora, cuya imputación como persona jurídica se produjo por no activar ni aplicar protocolo anticorrupción alguno, el juez Moreno proseguirá con la instrucción de la causa, que queda pendiente de nuevas pruebas a la espera del futuro procesamiento.