El exministro de Industria y Turismo Miguel Sebastián ha pedido al juzgado central de instrucción nº6 de la Audiencia Nacional una condena de 18 años de cárcel para el expresidente de BBVA Francisco González por los presuntos encargos ilegales que habría encomendado al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Se trata de la causa que ha investigado la contratación de empresas vinculadas al comisario jubilado entre 2004 y 2016, la denominada operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004.

El pasado mes de junio, el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar a González, Villarejo, el banco y varios excargos de la entidad por dichos presuntos encargos ilegales.

En su escrito de acusación, fechado el pasado 13 de septiembre, Miguel Sebastián (que también fue director del Servicio de Estudios del BBVA entre 1999 y 2003) pide para González 6 años de prisión por el delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos; 7 años por el delito de cohecho activo, y 5 años por el delito de promover, constituir, organizar, coordinar o dirigir una organización criminal.

Además, el exministro solicita de igual forma una sentencia condenatoria para el que fuera jefe de Seguridad de la entidad Julio Corrochano; el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y el exconsejero delegado del banco Ángel Cano. De igual forma, solicita que BBVA abone 260.000 euros como responsable civil subsidiario.

Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo por estos hechos figuran además de González, Villarejo, Corrochano y Cano, el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari, y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.

Objeto de una "feroz actividad de espionaje"

Cuando comenzaron los encargos a Villarejo, Sebastián era Director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero. En su escrito, el luego ministro de Industria relata que se percató de que había sido objeto de una "feroz actividad de espionaje", pese a encontrase "bajo el paraguas del férreo sistema de seguridad" que le brindaban los servicios de protección y vigilancia de la Presidencia del Gobierno.

Sebastián señala que solo desde dentro, es decir, con la implicación de algunas personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fue sido posible ejecutar aquellas acciones, que le comportaron un "repentino y continuado vapuleo mediático y un grave perjuicio en su vida profesional". Asimismo, y "más importante, una intromisión en su esfera personal más íntima, mediante la revelación pública de su condición sexual en contra de su voluntad.

En su caso, además, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intimidarlo para torcer su voluntad.

No sólo fue víctima del espionaje "descarnado" ejecutado a través de diversidad de medios tecnológicos mediante la interceptación de sus comunicaciones, lesionando su derecho a la intimidad, sino que además, se reveló públicamente su condición sexual, siendo éste un dato de especial sensibilidad, añade el escrito.

Esta información personal e íntima solamente pudo descubrirse mediante una actividad de espionaje, puesto que se mantenía reservada en su esfera más personal y cercana; su difusión produjo efectos devastadores, ya que no tenía intención de revelar públicamente datos tan íntimos, que ni siquiera conocían muchos de sus allegados.

No contentos con ello, prosigue el relato, se le "inventó una vida paralela" que se publicó en la prensa, donde se comenzó a parodiar sobre su vida sexual, relatándose supuestos novios cubanos e infidelidades inexistentes.

Se constata así una fusión "de información veraz y sensible que no deseaba revelar, y cuyo descubrimiento fue fruto del espionaje al que fue sometido, con otra información falsa y morbosa publicada en prensa" sobre sus supuestos "escarceos" amorosos que nada tenían que ver con su austera vida personal.

El exministro considera que el "banco asumió con naturalidad que se excepcionase su normativa interna para dar encaje a la contratación ilegal realizada por los mencionados directivos, lo que evidencia que no existió, por parte del BBVA, compromiso alguno, no ya para evitar el delito sino para cumplir y verificar mínimamente la observancia de sus normas internas, aún a sabiendas de las responsabilidades, incluida la civil, que pudiesen derivarse de todo ello". "De hecho, nunca se preocupó por averiguar la condición de policía en activo de Villarejo ni su compatibilidad para ejercer una actividad privada absolutamente incompatible con la función policial", concluye.