La posibilidad de eximir a las grandes industrias de los pagos por interrumpibilidad en un nuevo Estatuto para las industrias electrointensivas, mencionada en el decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, tendría un coste de entre 32 millones y 39 millones de euros para el sistema eléctrico que tendría que ser asumido por los demás consumidores en la tarifa eléctrica.

Así figura en la memoria de impacto económico y presupuestario del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.

Este decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y mandata al Ejecutivo para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para definirlos como tal y recoger sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

El Gobierno reconoce que, por el momento, no es viable efectuar una valoración del impacto económico de esta norma, puesto que su alcance se determinará en el desarrollo, aunque sí que propone y cuantifica un ejemplo. Así, señala que una posible medida que podría incluir este estatuto sería el de eximir de los pagos por interrumpibilidad a consumidores que reunieran determinadas características.

Concretamente, eximir a aquellas que tuvieran consumos eléctricos superiores a 50 GW a la hora al año, un consumo valle superior al 50% de su consumo total y ser proveedores del servicio de interrumpibilidad (prestan un servicio por garantía del suministro), tendría un impacto de entre 32 millones y 39 millones de euros.

Esto repercutiría en el precio de la energía y aumentaría el gasto que deberían de abonar el resto de consumidores del sistema eléctrico, ya que se trata de una cantidad que las grandes industrias dejarían de pagar en el mercado. La medida no afectaría a los ingresos regulados del sistema.

Trabajador subido a una torre eléctrica.- EFE

Por otro lado, el Gobierno también detalla el coste que tendrá para los ejercicios 2019 y 2020 la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración, y que supondría un total de 66 millones de euros para los dos años de vigencia de esta medida: 14 millones el próximo año y 52 millones para 2020.

Tomando una media de retribución a la operación de 55 euros por Megawatio/hora y una media de funcionamiento de estas instalaciones, el impacto de la medida se traduce en un incremento de la retribución de estas instalaciones de 26 millones de euros en 2019 y de 65 millones en 2020, con cargo al sistema eléctrico.