Por primera vez en la última década, el precio medio del alquiler en la ciudad de Barcelona superó el pasado año la media de los 1.000 euros, situándose en los 1.027. Esta barrera de las cuatro cifras se sobrepasó en seis de los distritos de la capital catalana.

El dato, extraído del informe La vivienda tenía un precio, elaborado por el sindicato CCOO Catalunya, recoge la evolución del valor de los arrendamientos entre los años 2013 y 2022. En este período, el precio de los alquileres ha crecido un 50,7%, mientras que el de compraventa lo ha hecho un 54,6%, subiendo de media a los 385.000 euros.

A pesar de formar parte de una realidad más o menos conocida, la estadística que sorprende es la que constata que el mayor encarecimiento, tanto en el alquiler como en las operaciones de compra, se focaliza en Ciutat Vella, el distrito de la ciudad con los salarios más bajos.

En una primera conclusión en su informe, CCOO Catalunya afirma que "los datos muestran también cómo existe una mayor homogeneidad en el precio del alquiler que en el precio de la vivienda de compra, tanto en el interior de los distritos como en el conjunto de la ciudad". Es decir, se ha acortado la diferencia entre los barrios con mayor y menor poder adquisitivo.

Ante la contundencia de las cifras, el sindicato reivindica una serie de medidas en sus conclusiones del estudio. Entre ellas, defiende el impulso por parte de la Generalitat de Catalunya de un salario mínimo de referencia del 60% del sueldo medio, que sería de unos 1.320 euros mensuales, un acuerdo que debería establecerse mediante el Acuerdo Interprofesional de Catalunya (AIC).

Justamente esta semana, la patronal Foment del Treball se desmarcó de las negociaciones para renovar este acuerdo. Desde el punto de vista fiscal, CCOO Catalunya reclama un incremento de la tributación de las rentas del capital para revertir la desigualdad social, que se manifiesta en las dificultades para acceder a una vivienda.

En relación con el papel de la Administración para incentivar un parque de vivienda pública, Irene Galí y Claudia Bruno, autoras del informe, instan a utilizar diferentes figuras legales existentes, como el derecho al tanteo o extender la regla de destinar un 40% de construcciones protegidas en las nuevas obras.

Además, también proponen que las viviendas y el suelo de la Sareb, el banco malo, pasen a manos públicas.

Blindar la vivienda protegida

En una dinámica de precios al alza, es evidente que las personas con renta baja se ven más afectadas. Pero este fenómeno se va moderando y modulando en los últimos tiempos, fruto del "proceso de expulsión vecinal y gentrificación de barrios como Ciutat Vella". Es la visión que aporta la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela.

Una de las claves necesarias que detalla Escorihuela es la protección de la vivienda protegida. "Se ha construido, pero se ha desprotegido, ya que al finalizar un plazo de entre 20 o 30 años, se ha desclasificado en un período de tiempo relativamente corto, pasando al parque de vivienda del mercado libre".

En este sentido, la directora del Observatorio Desc valora como medida positiva el hecho de que la nueva Ley de la Vivienda, de ámbito estatal, incorpore la calificación permanente de piso protegido.

Para Escorihuela, "el fomento de la vivienda protegida es una política pública potente para frenar las prácticas de determinados promotores privados que únicamente se orientan por el afán de lucro".

"Necesitamos una Administración que ya está haciendo vivienda pública de alquiler, pero que debe ser capaz de mantener legalmente esta calificación de vivienda protegida de forma permanente", señala, ante la escalada incesante de precios de los pisos, especialmente en el caso del alquiler.

Por otro lado, un estudio del propio Observatori Desc muestra cómo los municipios de la demarcación de Barcelona se encuentran en riesgo de perder casi un 50% de la vivienda protegida privada actual en siete años.

De las 72.501 viviendas que había con protección en la provincia de Barcelona en 2021 sólo quedarían 36.031 en 2030 y 18.830 una década después. Es decir, se habrá reducido en un 49,7% y un 74%, respectivamente.

Poca vivienda social

Ésta es una de las principales conclusiones del informe El parque de vivienda protegida en Barcelona: stock existente y su evolución, elaborado conjuntamente con el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB). El informe evidencia las razones por las que actualmente Catalunya, Barcelona y el área metropolitana están por debajo de la media de vivienda social en Europa.

El escrito alude a la normativa de vivienda de protección oficial (VPO) en Catalunya durante las últimas décadas, que se ha caracterizado por prever unos períodos de calificación cortos y no permanentes.

Esto provoca una progresiva descalificación de los inmuebles, que dejan de formar parte del stock a precio regulado sin contraprestación alguna para la Administración. Una situación que la legislación actual intenta frenar.

En pleno debate sobre la gestión del suelo y la regulación de los precios del alquiler, en su último boletín, el Banco de España recomienda "revisar los procedimientos de gestión del suelo urbanizable" para abordar "el desajuste entre la oferta y la demanda". Así lo aconseja Lucio San Juan, analista de la entidad y autor de su publicación.

El análisis que hace el banco recuerda a las recetas promulgadas por los gobiernos del PP en 1998, que liberalizó el suelo con el objetivo de bajar los precios, provocando el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ahora, ante la amenaza de un Gobierno de la derecha y la extrema derecha en el Estado, las entidades en defensa de la vivienda y los sindicatos temen una involución que derogue la actual ley estatal.

Dicha norma contempla limitaciones de precios de alquiler en las zonas definidas como tensas y que se vuelva a algunas anomalías, únicas en la esfera comunitaria, como desclasificar la vivienda protegida y pública para incorporarla al mercado libre y privado. Estas posibles afectaciones se ven como un nuevo paso atrás.