MADRID.- Las grandes empresas que cotizan en la bolsa española aumentan su presencia en paraísos fiscales, y ya tienen más de un millar de filiales en estos territorios. Sólo 3 de las compañías que forman parte del Ibex 35 no tienen presencia en estos lugares.

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, elaborado por varias ONG,  el número de sociedades registradas en paraísos fiscales en el año 2012 era de 467, y en 2013 ha sido de 540. El lugar preferido para las empresas es Delaware (EEUU), donde hay registradas 222 sociedades, y de ellas,  180 lo están en dos únicos domicilios.

El Observatorio de RSC, compuesto por ONGs sociales, publica el undécimo estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35”, con el que pretenden evaluar la calidad de la información ofrecida por las empresas españolas.

La conclusión mas evidente del estudio es que las memorias anuales sobre RSC que presentas las grandes empresas responden más a un ejercicio de comunicación que a una rendición de cuentas real y veraz.

Es en los aspectos relacionados con la fiscalidad es donde han encontrado mayores carencias de información, en relación a esto señalan que "una empresa que pretenda gestionar con criterios de RSE no debería usar las diversas posibilidades de elusión fiscal" y menos sacar ventajas de la no regulación de los países en los que actúa.

Además han visto que "los casos de corrupción e interrelación entre el sector público y privado están más presenten que nunca". En España hay muchas investigaciones abiertas por prácticas corruptas, por lo que "no es aceptable que solo cinco empresas aporten algo de información sobre transparencia y rendición de cuentas". 

En el periodo 2012-2013 la Comisión Nacional de la Competencia impuso multas por valor de 454 millones de euros, lo que supone un 88% más que el ejercicio anterior.

El organismo también ha estudiado la información sobre gestión de los Derechos Humanos que hacen las empresas, y la califican de "insuficiente", porque a pesar de adoptar compromisos en esta materia (un 40% de las empresas analizadas tienen políticas específicas) son inexistentes los mecanismos que garanticen que no se vulneren estos derechos. 

Lo que se vislumbra es que el avance en la transparencia y la responsabilidad social de las empresas solo se consigue a golpe de legislación. No hay voluntad expresa de desarrollar comportamientos éticos y respetuosos para con la sociedad.