Los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) extraordinarios habilitados por el Gobierno ante la emergencia sanitaria por el coronavirus ya afectan a más de medio millón de trabajadores cuando ni siquiera llevan una semana en vigor, según los datos de los sindicatos UGT y CCOO y de las principales comunidades autónomas.

La cifra, a la que habrá que añadir el desplome de la contratación de precarios y el cese de actividad de autónomos para medir los efectos en el empleo, ofrece una perspectiva tajante sobre la escalofriante magnitud que, a las primeras de cambio, están alcanzando las consecuencias del parón económico por el confinamiento: el volumen de suspensiones de contratos solicitado por las empresas en los seis primeros días de vigencia del decreto que habilita el sistema extraordinario de ERTEs, del miércoles pasado a este lunes, supera al de las suspensiones de empleo aprobadas en todo el año 2009, el de mayor dureza de la anterior crisis a efectos laborales con 465.215.

También lleva camino de rebasar la cifra total de los afectados por ERE en aquel ejercicio, que fue de 549.282, con 63.476 víctimas de despidos colectivos y 20.591 reducciones de jornada, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Esa volumen de suspensiones resulta, por otro lado, casi diez veces superior a las 55.285 registradas el año pasado, cuando el país se encaminaba hacia un incierto escenario de desaceleración económica que a finales de año resulto no serlo tanto, y resulta claramente superior a las acumuladas en los seis años de la llamada recuperación, con 341.061 entre 2014 y 2019.

Catalunya acapara casi la mitad de las suspensiones

A falta de conocer los datos de Madrid, que el viernes acumulaba 13.400 solicitudes de ERTE, y de Andalucía, que ese mismo día llegaba a 4.330, solo las otras dos locomotoras económicas de España, Catalunya y la Comunitat Valenciana, suman más de 325.000 afectados, con, respectivamente, 247.690 y 80.285 trabajadores y 25.160 y 11.186 expedientes.

Por debajo de estas, el volumen de trabajadores cuya suspensión de empleo han pedido las empresas se acerca a 100.000 solo en Euskadi y Galicia con, respectivamente, 51.213 propuestas en 7.250 expedientes y 45.440 en 8.276.

A esos números se les suman los 20.000 asalariados incluidos en los primeros 4.000 procedimientos en Baleares, una comunidad insular donde las previsiones apuntan a alcanzar los 250.000 por, como ocurre en Baleares, la dependencia del turismo de su sistema económico.

A esas cifras hay que añadirles, entre las de otros territorios, los 10.000 afectados en Castilla y León, los 3.300 que Aragón acumulaba el viernes, a los que hay que añadir el acuerdo cerrado este lunes para parar a partir del día 30 la planta de PSA de Figueruelas, con algo más de 5.000 empleados y otros tantos en la industria auxiliar, o los 500 expedientes en marcha en Castilla-La Mancha.

Efectos en la microempresa, pero no solo

Esos datos indican que, tal y como apuntaban todas las previsiones, los primeros damnificados por el parón económico han sido, además de los autónomos, las pymes y, especialmente dentro de estas, las microempresas, ya que la mayor media de afectados por expediente la ofrece Catalunya con algo menos de diez (9,8).

Sin embargo, no son las únicas que están recurriendo a los ERE. Varias multinacionales y empresas de implantación estatal de todo tipo de sectores han ido anunciando que van a acogerse a esa vía, o que están estudiando hacerlo, para suspender los contratos de más de 70.000 empleados mientras dura la emergencia sanitaria del coronavirus.

Es el caso de Renault, con 11.650 empleados en Sevilla, Valladolid y Palencia; H&M, que lo plantea para los 5.600 empleados de sus tiendas y los 5.000 de logística; y Desigual o Tendam, para, respectivamente, 1.500 y 7.200 asalariados.
Varias firmas del sector de la construcción y de servicios como la limpieza están preparando expedientes que afectarían a otros 23.000 trabajadores, mientras IAG, la antigua Iberia, ha puesto sobre la mesa un ERTE de tres meses para entre el 60% y el 90% de la plantilla de sus distintos departamentos, en los que trabajan 17.000 personas, por lo que las suspensiones afectarían a más de 12.000 de ellos.

¿Qué es un ERTE de suspensión?

Los ERTE de suspensión de empleo vienen aplicándose desde hace varias décadas, como una de las modalidades de los expedientes de regulación de empleo, los ERE, junto con los de extinción o despido colectivo, cada vez más recurrentes en la gran empresa en los últimos meses, y con la reducción de jornada para las plantillas, ya sea de manera completa o parcial.

En este caso, y de ahí su nombre, la vigencia de los contratos de una plantilla o de parte de ella queda suspendida durante un periodo, en el que los afectados pueden optar entre ir cobrando el subsidio de desempleo que les corresponda, que se va descontando de su historial, o vivir por sus propios medios.

Ante los efectos que el confinamiento supone para un elevado número de empresas y de autónomos con trabajadores a su cargo, el ejecutivo optó por habilitar un procedimiento específico al que pueden acogerse las que se han visto obligadas a cerrar por orden gubernamental.

En esos casos se reducen a siete días unos trámites que en condiciones normales no bajan de quince mientras el SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo) paga el 70% de la base reguladora del salario a los trabajadores, como prestación pero sin consumir desempleo, y el empresario queda eximido de la aportación que debería hacer a la Seguridad Social por cada uno de los empleados afectados.

¿Cómo se va a pagar la prestación?

El principal escollo con el que se enfrenta el Ministerio de Trabajo, que es quien gestiona las prestaciones a través del SEPE, se encuentra en evitar el colapso que va a suponer el descomunal aumento de perceptores del subsidio de desempleo, que deberían comenzar a recibir el 1 de abril ya que el objetivo de la medida es, al mismo tiempo, oxigenar la tesorería de las empresas mientras dure el parón y evitar que los asalariados se queden sin cobrar por una causa de fuerza mayor.

La opción que ahora mismo cobra más fuerza consistiría en que las propias empresas afectadas colaboren con el SEPE en el pago de las prestaciones, ya que disponen de todos los datos personales y bancarios de sus empleados. En este caso, la Administración pagaría al empleador la ‘nómina’ mensual completa de su ERTE y este se encargaría de distribuirla entre sus trabajadores.

La avalancha de los ERTE entraña un serio riesgo de colapsar el sistema del subsidio de desempleo. A lo largo del año pasado, según los datos de la Agencia Tributaria, llegaron a percibirlo 4,36 millones de personas, aunque, de ellos, 3,45 tuvieron otros ingresos a lo largo del, ejercicio.

El grueso de estos últimos, 3,3, son los precarios que deambulan entre el subempleo y el desempleo, y cuya contratación se ha desplomado con el parón de la actividad económica.