El PP interioriza el mensaje de Vox contra los menores migrantes en pleno auge de la ultraderecha

Carlos Mazón ha vuelto a abrir la caja de los truenos en el Partido Popular. Desde que anunció su acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025 en el País Valencià, su partido se ha visto arrastrado a un debate sobre la acogida de menores migrantes que ya puso en aprietos al partido el verano pasado. A diferencia de entonces, el PP ha interiorizado ahora el mensaje de la extrema derecha contra la llegada de menores migrantes no acompañados a España y trata de convencer a Vox de que, aun estando en contra del acuerdo del Gobierno con Junts para la reubicación obligatoria entre comunidades de los niños que llegan a Canarias, debe cumplir con la ley cuando se apruebe.

Las declaraciones del pasado lunes del president de la Generalitat fueron en sí mismas el pago del 'sí' de Vox a sus presupuestos. Mazón dijo todo lo que Santiago Abascal quería que dijera, en aras de normalizar del todos su discurso antimigratorio: que el País Valencià "ha rebosado su capacidad y no admitirá más repartos de inmigración ilegal", que buscaría "las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres" y que quería saber la nacionalidad de las personas detenidas por robos durante los días de caos tras la DANA. Mazón vinculó los actos de pillaje con el "fracaso manifiesto de la política migratoria del Gobierno". Es decir, migración con delincuencia.

Génova avaló por completo sus palabras. Fuentes de la dirección nacional del partido defendieron estar "muy cómodas" con el acuerdo y el discurso de Mazón, señalando así el camino a seguir al resto de barones populares que no tienen aún presupuestos y a los que Vox les pide que hagan los mismo que el president de la Generalitat. Murcia y Aragón, por ese orden, podrían ser las siguientes comunidades en tener un acuerdo entre PP y Vox para unas nuevas cuentas públicas.

“Repatriación”

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ya ha dejado claro que no va a acoger a más menores migrantes —si el Gobierno no dota a su comunidad de más infraestructuras y medios económicos, dijo— y también comparte que lo más conveniente para ellos es que "estén con su padre y con su madre". Aun así, López Miras ha corregido a Mazón explicando que las comunidades "no tienen competencias para repatriar inmigrantes". Javier de Andrés, presidente del PP en el País Vasco, también ha defendido que "la primera opción para los jóvenes no acompañados sería repatriarlos junto a sus familias" y que lo que echaba en falta "en este reparto de inmigrantes" es que "ninguno vaya para Marruecos". 

Fuentes de la dirección nacional del PP también aseguran que esta puede ser una "medida más", aunque se resisten a hacerla suya del todo. En mayo de 2024, Feijóo ya propuso repatriar a "los inmigrantes ilegales que reinciden".

Pese a todo, cumplirán la ley

Con todo, y sin perjuicio de la anunciada ofensiva judicial contra la reforma de la ley de extranjería, las comunidades gobernadas por el PP cumplirán con la norma. Así lo han explicado casi todos los presidentes autonómicos, desde Isabel Díaz Ayuso a Juan Manuel Moreno Bonilla. También en Génova quieren subrayar que los territorios en los que gobiernan se acatará la ley, aunque no les guste. Ni Mazón ni López Miras se han comprometido a ello, mientras que el Gobierno ya ha advertido de que habrá consecuencias penales para aquellas comunidades que se nieguen a acoger a menores. 

Sin embargo, en la cúpula de Feijóo ya advierten de que habrá territorios donde no podrán asumir la tutela de más niños migrantes no acompañados y amenazan con visibilizar que el Gobierno "deja tirados" a los menores. Antes del 31 de marzo las comunidades autónomas deberán informar al Ejecutivo de los datos actualizados de acogida de niños para, a partir de ellos, "estudiar la sobreocupación y optar al fondo de financiación" que pondrán en marcha. Fuentes de Génova aseguran que ellos no tienen esos datos y que desconocen la situación "concreta" de cada territorio. Aun así, insisten en que "no pueden" acoger un solo menor más. 

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EFE

Uno de los principales argumentos que sale del cuartel general de los conservadores es que el Gobierno "deja solas" a las comunidades en materia de financiación e infraestructuras. En 2025 se creara un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia con un crédito extraordinario de 100 millones de euros para este propósito. "Cuando ese dinero se reciba, veremos", zanjan desde Génova. 

El PP piensa sortear la presión de Vox en materia migratoria asumiendo buena parte de su retórica, como hizo Mazón esta semana, pero garantizando el cumplimiento de la ley. Para los de Abascal, por el momento, parece suficiente.