Hace poco más de un año, el vicepresident segundo de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca (Podemos), envió una carta a la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. La petición era simple, pero poco probable: que las viviendas de la Sareb, el llamado banco malo, engrosaran los parques residenciales públicos del país, delegando la gestión de ese stock en las Comunidades Autónomas.

La demanda no ha sido ni mucho menos satisfecha, pero ha habido un giro en la actual política de la Sareb que acabará dejando en manos de la Generalitat la propiedad de más de 500 viviendas para destinarlas a alquiler social.

No serán cesiones de uso temporales, como se ha hecho hasta ahora, sino una trasmisión de titularidad, un compra cuyo importe aún no está claro. La Sareb habla de 50 millones, aunque el propio Illueca desmiente a Público que haya una cantidad cerrada. "Todavía hay que hacer una tasación propia y negociar. Seguramente será menos dinero", concede. Sareb apunta que ese el importe de salida que ha fijado, aunque están en proceso de revisión de cada vivienda y que puede haber cambios.

La solicitud de Illueca llegaba después de que el Estado, a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), se convirtiera en accionista mayoritario, aumentando su participación de un 45,9% de las acciones de Sareb a casi un 51%. Este movimiento llegaba de forma casi obligatoria después de que Eurostat decidiera computar como pública la deuda acumulada por la Sareb en una década de vida.

El banco malo, que no iba a costar "ni un euro al contribuyente", fue diseñado por el exministro Luis de Guindos (PP), ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, como pieza clave para el rescate del sistema bancario español en 2012. Pero acabó aumentando el déficit público español casi tres puntos en 2021.

Eran 35.000 millones de euros lo que la Sareb debía a la Comisión Europea, que puso los 50.0000 millones de euros con los que el banco malo echó a andar. Una deuda avalada por el Tesoro Público español, es decir, por todos los contribuyentes. En gran medida ha servido para sanear los balances negativos de los bancos, quitarles de encima los activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria y crear una sociedad en pérdidas constantes que trata de amortizar sin demasiado éxito su enorme deuda mediante la venta de grandes carteras de vivienda, sobre todo, a los grandes fondos de inversión extranjeros a precios muy por debajo de lo que inicialmente se presupuestó.

Un "serio problema social"

No es de extrañar que Illueca conciba la Sareb como "un serio problema social" y como una "gran oportunidad perdida para aumentar el parque público de vivienda del país". Por eso decidió iniciar desde las instituciones una batalla que ya habían comenzado hacía años organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los sindicatos de inquilinos. Incluso Podemos, en su programa electoral, incluía esta medida, aunque no pudo añadirla a los acuerdos con el PSOE para formar el actual Gobierno de coalición. 

Calviño nunca respondió a la misiva de Illueca ni aceptó su petición de reunión, pero el empeño del conseller de Vivienda valenciano no cayó en sacó en roto. La pasada semana, la Sareb anunciaba en una nota de prensa que había alcanzado un principio de acuerdo con la Generalitat Valenciana para el traspaso de unas 500 viviendas que serían destinadas a alquileres sociales.

Desde la Conselleria elevan la cifra a 583 casas, lo que equivale a un aumento del 4% del parque de vivienda pública valenciana. No son demasiadas si se tiene en cuenta que Sareb dispone de casi 8.900 casas en esta región, según su página web, aunque es un primer paso. Los técnicos de la Generalitat ya están visitando gran parte de estas viviendas y se espera que una primera partida de más de 335 "en un estado idóneo de habitabilidad" pasen a manos de la Generalitat en "cuestión de semanas". El precio de la Sareb por estas casas es de 31 millones, aunque no es un importe cerrado.

En conversación con Público, Illueca se muestra "doblemente satisfecho", aunque este modelo no sea exactamente lo que demandaban él, su partido y el movimiento por el derecho a la vivienda. "Será la primera transmisión masiva de viviendas de la Sareb a un parque público y, además, culmina la trayectoria que desde el principio me marqué como conseller de vivienda", asegura. "Creo que le hemos quitado el candado a la Sareb. En el futuro será imposible que vuelva a plantearse un debate sobre esta entidad sin que la trasmisión de vivienda al parque público sea ya una batalla ganada", considera.

Según explica, Calviño no le contestó, pero sí derivó el encargo al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo Caballero. Mantuvieron encuentros aunque "con pocos avances" hasta una "reunión reciente". Illueca considera que este "giro" en la política de venta de la Sareb se debe a la "presión social y política y a una unanimidad de opinión inédita". Le gusta recordar que, tras hacer oficial su petición a Calviño, su Conselleria sentó en la misma mesa a los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT en País Valencià) y a la patronal (Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana), que apoyaban su iniciativa.

Después, Illueca comenzó una ronda de reuniones con sus homólogos de otras comunidades autónomas. Se formó en pocos meses un frente común: Catalunya, Asturias, Navarra, Aragón y Euskadi. Incluso Galicia, gobernada por el PP, se adhirió a la demanda valenciana.

En su comunicado, el banco malo aseguraba que "trabaja coordinadamente" con otras administraciones para estudiar nuevas operaciones de compraventa similares. Según el banco malo, hay un acuerdo con la Xunta de Galicia para la compraventa de 40 viviendas que se hará efectivo la próxima semana, aunque no indican el importe. También hay negociaciones en la misma línea con la Comunidad de Madrid (80 viviendas) y el Ayuntamiento de la capital, con Catalunya para la venta de casas y terrenos urbanizables, con la Región de Murcia, con el Gobierno de Cantabria, el de Extremadura y Aragón, aunque no tan avanzados como los del País Valencià. "Hasta ahora siempre se habían negado en redondo a operaciones de traspasos grandes a las comunidades", apostilla Illueca.

El "engaño" de la cesión temporal

"Parecía evidente que la actividad de la Sareb no podía regirse solo por el principio de ventas para amortizar la deuda", considera Illueca. Hasta el momento, el "principio de utilidad social" que había practicado la entidad consistía en la cesión temporal de inmuebles a las Comunidades Autónomas. El último protocolo firmado entre Sareb y los Ministerios de Asuntos Económicos y Transportes aumentaron hasta 15.000 las viviendas destinadas a este fin.

Pero la experiencia en este tipo de cesiones "ha sido negativa en muchos casos", según Illueca. "Nos hemos encontrado con cesiones a cinco años de casas que necesitaban rehabilitación. La mitad del periodo han estado en obras que ha financiado la Generalitat, luego han vuelto a manos de Sareb y se han vendido a fondos buitre totalmente rehabilitadas. Creo que es un engaño, no es una buena manera de gestionar fondos públicos, era regalar el dinero a inversores privados", sostiene.

El Govern espera que la operación al completo pueda culminarse antes de las elecciones autonómicas del próximo mayo, aunque en cualquier caso, "el preacuerdo es firme", insiste Illueca.