La deuda pública baja en 2021 al 118,7% del PIB, por debajo del objetivo del Gobierno

La deuda pública española se redujo al 118,7% del PIB el año pasado desde el 120% en 2020, situándose por debajo del objetivo del Gobierno del 119,5% y devolviendo a España a la senda de reducción de la deuda tras un fuerte aumento inducido por la pandemia, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.

El volumen de deuda ascendía a 31 de diciembre a 1,427 billones euros y supone un récord respecto al cierre de años previos, pero no bate el máximo registrado el pasado mes de septiembre, cuando la cifra superó los 1,432 billones.

El volumen de deuda en términos totales se incrementó en 81.979 millones de euros durante el pasado ejercicio, un 6,1% más, aunque su peso en comparación con el PIB es inferior respecto a la cifra de cierre de 2020 debido al crecimiento económico del país.

Los datos del Banco de España reflejan también una progresiva reducción a lo largo de 2021, ya que en el primer trimestre el peso de la deuda en la economía era del 125,3 %, bajó al 122,8 % en el segundo y se colocó en el 121,8 % en el tercero.

La deuda española se disparó casi 25 puntos porcentuales en 2020, ya que el Gobierno aumentó el gasto público para contener el impacto negativo de las restricciones del COVID-19 en la economía, que se desplomó un 10,8% en ese año.

"El crecimiento de la economía, especialmente en la segunda mitad del año, junto con la positiva evolución de los ingresos públicos han permitido iniciar ya en 2021 la reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, que se intensificará en los próximos años", dijo el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado el jueves.

Deuda por administraciones

La mayor parte de la deuda corresponde a la Administración Central: el Estado acabó el ejercicio con 1,245 billones de euros, lo que representa una subida del 6,8% respecto a 2020, mientras que el saldo correspondiente a "otras unidades" se contrajo un 7,8%, hasta los 54.138 millones.

La deuda en manos de las comunidades autónomas creció un 2,9%, hasta los 312.898 millones de euros, y la de las corporaciones locales repuntó un 0,8% hasta los 22.122 millones. A estas cifras se suma la correspondiente a la Seguridad Social, que ascendió a 99.185 millones, un 16,2% más que a diciembre de 2020.

Las estadísticas de las distintas administraciones no suman el total de la deuda debido a la existencia de 305.619 millones de deuda autonómica y de la Seguridad Social que también contabiliza al Estado como acreedor, según se desprende de la información aportada hoy por el Banco de España.

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha destacado que los datos son mejores de los que preveía su entidad (su proyección apuntaba a un 119,2 % del PIB), aunque los niveles de deuda "siguen siendo elevados". Cardoso ha explicado que la reducción del ratio de deuda respecto a la economía indica que el déficit también terminó el ejercicio mejor de lo esperado, en torno al 6,8% del PIB, como consecuencia de un "fuerte crecimiento de los ingresos" gracias en buena parte a la vía fiscal, así como a la mayor inflación.

"El incremento de la deuda neta en 2021 finalmente ha sido de 81.900 millones de euros, menos de lo que a lo largo del año habíamos anticipado", ha corroborado la economista sénior de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) María Jesús Fernández. Sus estimaciones apuntan a que la deuda aumentará en unos 73.000 millones en 2022, pero precisamente por que se esperan unas elevadas tasas de crecimiento económico su peso en el PIB descenderá hasta el 116% y en 2023 seguirá en la misma línea al bajar al 114%; por el contrario, a partir de 2024 "esos efectos desaparecen" y el indicador previsiblemente volverá a ascender.

Las normas fiscales que exigen a los países de la UE que reduzcan la deuda por debajo del 60% del PIB y el déficit anual por debajo del 3% del PIB o se enfrenten a multas se han suspendido debido a la pandemia y se están debatiendo actualmente. La ministra de Economía española, Nadia Calviño, ha sugerido recientemente que cada Estado miembro de la UE debería desempeñar un papel destacado en la fijación de sus propios objetivos fiscales en lugar de tener objetivos comunes definidos por las normas del bloque.