El primero en llegar fue el cerrajero. Los nervios de Mariana Rodríguez se hicieron evidentes, aunque la gente que había ido en su apoyo logró calmarla. Aún había pocas personas en el número 11 de la calle Taburiente, en barrio de San Blas de Madrid; pero cuando poco después llegó puntual la comisión judicial, ya había alrededor de una veintena de vecinos, activistas y periodistas.

No se había solicitado la actuación de la unidad antidisturbios de la Policía, así que tras revisar el caso, le dieron una buena noticia y otra mala. Su desahucio quedaba suspendido hasta el próximo 25 de noviembre, pero si un juez no dice lo contrario, esa mañana el desalojo se ejecutará con antidisturbios, "sí o sí", añadía la comisión, "porque es un caso bien trilladito".

La mujer cayó desvanecida sobre la acera tras esas palabras. Le llevó varios minutos en recomponerse del desmayo, aunque bastante menos de lo que tardó la ambulancia en llegar. La animaban los activistas por el derecho a la vivienda y la sostenían los dos policías municipales que habían llegado a controlar el desahucio. Mariana y su madre, de 82 años, han ganado un mes más en esta pelea que mantienen desde 2013, cuando ella y su expareja fueron incapaces de seguir pagando una hipoteca cuya cuota se había duplicado.

"Aquello fue terrible, cada mes había que pagar más de 1.200 euros. Empezamos pagando 600, pero todo pasó en menos de un años", recordaba la mujer antes del desahucio. Compró su vivienda en 2006, en plena burbuja especulativa, cuando las hipotecas se concedían casi sin miramientos, muchas plagadas de cláusulas abusivas, como la suya, que según denuncia, contenía cláusulas suelo. Se la concedió la antigua Caixa Galicia, ahora Abanca, aunque la entidad acabó desprendiéndose de la vivienda y ahora la reclama un fondo de inversión con el que no ha podido negociar un alquiler social en todos estos años.

Su caso fue uno más de los miles de desahucios que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguió poner en la agenda mediática, más como estafa bancaria que como drama social producto de la crisis económica de 2008. Este es uno de los ejemplos más claros por los que tanto se pidió la dación en pago que el entonces Gobierno de Rajoy se negó a debatir en el Parlamento. Aunque el desahucio se ejecute y Mariana pierda la casa, aún tendrá que seguir haciendo frente a una deuda que, cuando todo empezó, ascendía a 270.000 euros. Eso y la situación de su madre es lo que más le preocupa ahora mismo. La casa y todo lo que pagó por ella ya lo da por perdido.

"Son pocos los casos como este de los que nos enteramos hoy, pero siguen existiendo, y con la situación económica actual no es raro que vuelvan a aumentar los desahucios por impago de hipoteca", comenta Alejandra Jacinto, exportavoz de la PAH, experta abogada en materia de vivienda y actual diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. "La ley hipotecaria no ha cambiado, tan solo han cambiado las prácticas de los bancos, pero no por obligación legal", insiste.

Jacinto conoce el caso de Mariana al menos desde 2015, cuando ejercía de letrada en el movimiento por la vivienda, por eso acudió la mañana de este miércoles para hacer lo que solía hacer entonces: mediar con la comisión judicial un aplazamiento, revisar la documentación del caso y visibilizar la dramática situación. 

A pesar de que está sin empleo y de que en su casa solo entran 412 euros al mes de la pensión no contributiva de su madre, el juzgado no le ha concedido la moratoria para ejecuciones hipotecarias que sigue vigente hasta mayo de 2024. Tampoco la suspensión hasta fin de año que el Gobierno aprobó entre las medidas del "escudo social" durante la pandemia. Su abogado de oficio ha logrado ir a aplazando la fecha con recursos e impugnaciones, pero al final ha llegado el día que Mariana esperaba desde hacía años. "No puedo entender por qué no se le aplica ninguna de las moratorias, parece un perfil claramente vulnerable", denuncia Jacinto.

"El banco nos engañó. Ahora las leyes son diferentes y sabemos algo más, pero en aquella época no nos explicaban ni lo que estábamos firmando. Nos envolvieron. Fuimos teniendo problemas para pagar cuando nos faltó el empleo y cuando las cuotas fueron altísimas. La única solución que nos dio el banco fue conceder créditos personales que alargaron los años de hipoteca y la cuantía", recuerda Estalin Barrios, la expareja de Mariana, que también ha estado presente en el intento de desahucio. A él le retienen cada mes un 30% de su nómina por una casa que ya no le pertenece. "Así es muy difícil salir adelante", lamenta.

"Tenemos un mes para volver a preparar todo", explicaba una de las activistas de la PAH que a partir de ahora acompañarán a Mariana en este trance. "Nosotros damos el apoyo que los afectados no encuentran en las instituciones", añadía. "Nos enteramos de este caso hace unos días, cuando Mariana asistió a uno de los coloquios que organizamos después de la película En los márgenes de Juan Diego Botto. Fue el único lugar al que se le ocurrió ir ante su desesperación", explicaba. Pero ya era tarde pensar en algo distinto de intentar frenar el desalojo en la puerta.