Las firmas Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (EY) se reparten casi el pastel completo de la auditoría de cuentas de las sociedades que forman parte del Ibex 35, el indicador que agrupa a las mayores empresas y bancos de la bolsa española. Solo en 2018, esta tarea supuso un volumen de negocio de en torno a 300 millones de euros para las conocidas como Big Four. 

La nueva Ley de Auditoría obliga a estas firmas multinacionales  a intercambiar cromos cada década (14 años en los casos de coauditoría) pero, al final, todo queda en casa. "Hace años había ocho grandes firmas con el rendimiento y la dimensión internacional suficientes para afrontar el reto que supone un trabajo de auditoría en empresas españolas cotizadas con negocios en el exterior. Hoy se han reducido a la mitad", explica Javier Quintana , director general del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), la principal asociación de los auditores españoles. 

"Hay que tener en cuenta que las entidades cotizadas con negocios en el extranjero requieren un trabajo de auditoría muy exigente, que implica desplazar equipo a la propia compañía durante largos periodos. Eso está fuera de las posibilidades de muchas auditoras medianas, que tendrían que poner todos los huevos en la misma cesta", añade Andrés Recalde, catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Quintana asegura que algunas compañías han invitado a otras firmas de menor tamaño a que presentasen ofertas para auditar sus cuentas y abrir más el mercado, pero la mayoría descarta directamente la posibilidad. 

Sin ir más lejos, Correos, una de las compañías públicas de mayor tamaño y volumen de facturación, se encontró con dificultades para relevar a PwC en 2018. La licitación puesta en marcha por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no recibió ninguna propuesta debido al bajo precio contemplado en la licitación. "La revolución que ha experimentado la normativa de sectorial y otras que también nos afectan como la de contabilidad, blanqueo de capitales o protección de datos requieren un esfuerzo y, por lo tanto, un aumento de las horas necesarias para desarrollar nuestra labor. Esas horas se pagan cada vez peor, lo que supone un importante recorte de la rentabilidad. Con estas condiciones, muy pocos podrán seguir compitiendo. Habrá más fusiones entre despachos y alianzas con redes internacionales", señalan fuentes del sector.

Un mercado atomizado y muy competitivo

Este 'fenómeno' de concentración no solo se produce en nuestro país. A nivel mundial, estas cuatro firmas acumulan el 91% de las auditorías de las grandes empresas del G-8. "Francia hizo un intento de desatomizar el sector y ampliar la competencia más allá de las Big Four mediante la fórmula del joint audit [auditoría conjunta], imprescindible en todas las grandes empresas. Sin embargo, acabó por descartarse la aplicación de este modelo en el resto de la Unión Europea (UE)", recuerda Francisco Javier Arias, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El informe más reciente de la CMA, la autoridad británica de Competencia y Mercados, recomienda expresamente esta fórmula para aumentar la capacidad de los auditores y las opciones en el mercado. De esta forma las firmas medianas trabajarían junto con las Big Four y compartirían la responsabilidad de los resultados. Sin embargo, a excepción del caso francés, el porcentaje medio de auditorías conjuntas de entidades de interés público (EIP) en la Unión Europea aumenta, pero tímidamente: 9,1% en 2017 frente al 8,4% en 2015, según un estudio del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo. 

La razón de que Bruselas tirase la toalla tiene relación directa con una intensa campaña de lobby en contra de la medida. "Las cuatro grandes son un grupo de presión importante, tanto más en Europa que en España. Sería muy complicado optar por un sistema de revisión de cuentas que ponga en peligro su mercado", advierte Recalde. Desde el ICJCE insisten en las desventajas de este modelo. "La coauditoría apenas permitiría entrar a un nuevo jugador en el terreno de las Big Four en España y, además, puede incrementar los costes, duplicar esfuerzos y equipos; por no hablar de los conflictos que originaría la diferencia de criterios entre firmas", puntualiza Quintana.

Baile de sillas entre las cuatro grandes

En este marco se aprobó nuestra nueva regulación sectorial en julio de 2015. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, quiso acelerar la trasposición de la directiva europea a la normativa española y logró que las reinas del Ibex35 se dieran prisa en emprender la rotación de sus auditores.

La normativa contempla que aquellas empresas de interés público [entidades de crédito, bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, servicios de inversión y cotizadas] que lleven más de 20 años con la misma firma tienen hasta 2020 para cambiar de auditor, mientras que las que hayan mantenido sus lazos entre 11 y 20 años podrán retrasar el canje hasta 2023.

"El propósito es favorecer un marco de competencia que garantice la independencia con los clientes por parte de las auditoras que examinan los estados financieros y contables de las empresas cotizadas para evitar disfunciones como el caso emblemático caso ENRON, que contó con la complicidad de Arthur Andersen en un colosal fraude contable en Estados Unidos", señala Luis Velasco, catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Valladolid. "La ley trata de evitar conflictos de interés, con reglas como la necesidad de dedicarse en exclusiva a esta actividad, la exigencia de que las sociedades cotizadas tengan un procedimiento de selección objetiva de los auditores, con intervención del comité de auditoría y donde la última palabra le corresponde a la junta general. Eso significa que los accionistas recuperan, en cierto modo, el poder", agrega.

Sin embargo, eso no ha evitado que siete compañías del Ibex35 hayan 'suspendido' el pasado año por conflictos de interés con sus auditores. El informe de responsabilidad fiscal que publica la Fundación Compromiso y Transparencia pone en el punto de mira al Santander, Naturgy, ACS, Acciona, Merlin Properties, Sabadell e Indra por contratar servicios de asesoría fiscal con empresas auditoras. Las conclusiones del documento señalan que esta práctica "aumenta los riesgos de conflictos de interés y, lo que es más grave, de elusión fiscal". 

Las crisis económicas acentúan la manipulación contable

Este tirón de orejas no se limita a hipótesis sobre el papel. El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional confirmó la sanción récord de 10,49 millones a PwC por la auditoría de AENA. La CNMV denunció también a la firma ante el ICAC por la revisión de las cuentas de Codere en 2012 y en junio se confirmaba la multa de 799.000 euros. Además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) le incoó dos expedientes por las cuentas de 2016 del Banco Popular. No obstante, PwC ha recurrido todos estos casos ante el Tribunal Supremo.

"Los auditores están sometidos a un riguroso régimen de responsabilidad por lo que una actuación incorrecta por su parte puede conducir a la declaración de su responsabilidad por los daños derivados de una información contable inexacta o falsa, como ha sucedido en los casos de la salida a bolsa de Bankia o la crisis económica de Pescanova", introduce Antonio Roncero, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Castilla-La Mancha. "La manipulación contable, no advertida o permitida por las empresas auditoras, ha sido la causa directa de algunas de las más importantes quiebras que hemos vivido en los últimos años. En épocas de crisis se manipulan más las cuentas y el auditor se encuentra con un escenario muy complicado", observa.

PwC no es la única firma que se ha visto salpicada por el escándalo. El historial de Deloitte es extenso: la oferta pública de venta (OPV) de Bankia, ACS y, ahora, la auditoría al Santander en el 2011 y Abengoa. El ICAC encontró infracciones graves en el ejercicio de 2014, anterior a la crisis de la empresa. En ambos casos, el despacho anunció un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. KPMG, por su parte, fue sancionada por Economía con una multa de 2,4 millones de euros por la auditoría a la CAM en 2010. Si volvemos la vista atrás, nos encontramos con la histórica multa a Ernst & Young [actualmente, EY] de 1,1 millones de euros por la revisión de las cuentas de Martinsa Fadesa del año 2007. Nadie queda libre. 

"Estos ejemplos solo demuestran que el sistema de vigilancia funciona", opina Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. "El mercado sanciona a quienes defraudan su confianza y, al mismo tiempo, la auditora pone en juego un activo muy sensible: su reputación", detalla.

El verdadero negocio no es la auditoría

La reforma de la Ley de Auditoría ha transformado la estrategia de negocio y Deloitte es el mejor ejemplo. La firma presidida en España por Fernando Ruiz se ha visto forzada a abandonar a sus principales clientes del Ibex tras más de 20 años de contrato, en beneficio de PwC en la mayoría de los casos. La firma ha tenido que reinventarse y la auditoría ya solo representa un 29,2% de su negocio, frente al 45,8% del negocio de consultoría.

"No podemos perder de vista que, a veces, la remuneración real no está en la auditoría, sino en otros servicios complementarios que la auditora solía prestar a la empresa auditada", desliza Recalde. "Precisamente por esa razón, en Reino Unido se ha planteado la necesidad de que las empresas auditoras no puedan ofertarse como consultoras", añade. 

La normativa española ha puesto el foco en preservar la independencia con la rotación. "Se entiende que cuando una misma firma lleva muchos años con un cliente se crean lazos personales que pueden comprometer la objetividad del auditor pero, a la vez, ese tiempo de permanencia proporciona un conocimiento profundo de la compañía. Eso ha favorecido que Estados Unidos haya optado por lo que se denominan 'murallas chinas': un sistema de rotación de equipos, en lugar de sustituir a la firma", cuenta Arias.

Desde el punto de vista de María Victoria Petit, catedrática de Derecho Mercantil en la Universitat Jaume I, el debate no debería de instalarse entre uno u otro modelo. El verdadero problema radica en la redacción de la normativa: "La ley es farragosa. No ha sido todo lo clara y rotunda que hubiese sido deseable para garantizar la independencia y objetividad del auditor", apunta. "El precepto incluye un montón de adjetivos calificativos y excepciones, que da lugar a dudas de interpretación", subraya.

Esta queja ha perseguido a la nueva legislación desde que entró en vigor. "Las leyes son ingenuas y ésta no es la excepción. Peca de idealismo por pedir a la auditoría lo que ésta no puede dar: detectar corrupción. Si se limitara a canalizar la competencia en el mercado sería más efectiva, regulando la concentración y no la contratación", concluye Arruñada. Asimismo, fuentes del sector solicitan mecanismos que permitan a los auditores llegar a conclusiones proyectivas. "La regulación nos obliga a dejar plasmada una foto fija de lo que era la compañía en el ejercicio anterior. Eso no deja pistas claras a los inversores sobre lo que podría pasar con su dinero. Nos faltan herramientas para darles la valoración que necesitan", zanjan.