Coronavirus y venta ambulanteEl cierre de mercadillos hará perder más de 100 millones de euros mientras los vendedores reclaman más ayudas

El confinamiento a causa del coronavirus ha hecho que, en cierta forma, la vida en los barrios muera un poco más. Los paseos cortos y obligados al supermercado y la farmacia no compiten con los mercadillos de venta ambulante que cada semana ocupaban la calle de siempre para atender a la gente de siempre. Los profesionales del sector se quejan del cese repentino de su actividad, cuando gran parte de los comerciante se dedican a la venta de alimentos, permitida para las grandes cadenas de súper e hipermercados. Un mes de parón dejará estragos que podrían superar los cien millones de euros, según la patronal del sector, y que tan solo en la Comunidad de Madrid afectará a 5.000 vendedores con economías débiles y de subsistencia.

La mayoría de los profesionales que se dedican a la venta ambulante son autónomos o pertenecen a cooperativas de trabajo asociado, por lo que desde la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (Uneca) reclaman medidas eficaces que ayuden a la contingencia de un sector que moviliza a 37.654 empresas, 47.007 personas y 1.732 millones de euros, según los últimos datos publicados al respecto en el INE. "Los mercadillos fueron el primer sector de venta de alimentos que quitaron cuando éramos quienes más garantías sanitarias dábamos a la población al estar al aire libre, no como los supermercados", explica Alberto Chamorro, portavoz del comercio ambulante en la Comunidad de Madrid.

Con 40 años de experiencia en el negocio, Chamorro se dedica a vender frutas y verduras junto a tres trabajadores que están a su cargo. Así explica cómo le llegó la noticia de que le prohibían ejercer su trabajo: "Desde el principio hubo mucha ambigüedad respecto a los mercadillos. Según un primer comunicado podíamos seguir tan normal, pero apenas dos horas después supimos que los habían clausurado. Lo que han hecho con nosotros —continúa el vendedor— ha sido una falta de respeto total hacia el gremio al atacar al más débil".

Ayudas hacia el sector

Carlos Martí, coordinador general de Uneca, confirma que la mayoría de los profesionales de este sector se han acogido al cese de actividad de forma extraordinaria. Desde su punto de vista, se deberían aplazar el pago de las cuotas e impuestos a Hacienda y los ayuntamientos, y proponen que las comunidades autónomas complementen ese 30% que el Gobierno no alcanza para llegar al total de la base reguladora, ya que los gobiernos regionales también tienen ciertas competencias en materia de ordenación del comercio. Del mismo modo, "algunos ayuntamientos han suspendido las tasas por ocupación de vía pública desde que se aprobó el estado de alarma, aunque deberían hacerlo de forma coordinada y clara", enfatiza el propio Martí.

Uneca estima que las pérdidas podrían superar los 100 millones de euros tan solo en este mes de inactividad, una época que coincide con el inicio de la primavera y que se torna óptima para el comercio ambulante, ya que es ahora cuando empiezan las ferias y fiestas populares. Chamorro describe las consecuencias que ha traído el cierre de su profesión como "la ruina". Respecto a las ayudas, este vendedor madrileño las tilda de "gran mentira", una opinión que ejemplifica en el hecho de que la web de la Comunidad de Madrid en la que los autónomos podían inscribirse para acceder a los prometidos 3.200 euros se cerró cuando la cifra de interesados alcanzaba el millar, tal y como apunta el propio Chamorro: "Es una vergüenza cómo se están cargando todo", denuncia.

"Si no se trabaja, no se paga"

Vergüenza es la palabra que también utiliza Anastasio García, vendedor de frutos secos, variantes y legumbres, para describir la situación: "Nos avisaron de la prohibición sin tiempo y nos pillaron sin expectativas. De un día para otro no podíamos trabajar al aire libre mientras que en los supermercados se agolpaba la gente sin respetar las medidas de seguridad", referenciando que el cierre de los mercadillos se produjo en torno al 11 de marzo a nivel nacional, antes de declararse el estado de alarma, un apunte que también recogen desde Uneca en un comunicado. García lleva 30 años vendiendo por distintas zonas de la capital, un negocio que le viene de su padre y que se materializa en seis puestos en diferentes barrios madrileños con dos trabajadores contratados, una realidad que se puede truncar. "Tengo el género en la cámara y ya veremos cómo está cuando lo saque, aunque seguramente sea todo para tirar y me toque empezar de nuevo", lamenta el comerciante.

Cuestionado por las pérdidas que supondrá para él este parón, García admite que aún no ha cogido el lápiz porque si no le da algo, parafraseando sus propios términos. "Viendo los gastos y los cero ingresos que tengo no quiero echar cuentas hasta que vea cómo puedo retomar el negocio", añade este profesional de la venta ambulante y que engrosa la lista de los 5.000 que hay tan solo en la Comunidad de Madrid, según sus propias cifras. Pagar la hipoteca de su casa y las letras de un camión que utiliza para el comercio se convierte en una tarea complicada ahora que no puede vender sus productos, aunque su gestor le ha recomendado que pague todas las cuotas establecidas para evitar penalizaciones futuras. "Esto es un problema grandísimo en el que tenían que haber dicho que si no se trabaja no se paga, porque nadie tiene la culpa. Yo no voy a buscar culpables, pero se tiene que ver la realidad —explica el vendedor— para ayudar a las personas a salir adelante y no ahogarnos como están haciendo".

La falta de competencia sube los precios

Martí comenta que solo se ha autorizado la venta de alimentos en aquellas zonas rurales como garantía de abastecimiento, el llamado comercio itinerante. Por su parte, es precavido a la hora de exigir que se reabran los mercadillos porque son conscientes de la atracción de los mismos y "podrían ser una justificación para que la gente se salte el confinamiento", en sus palabras. Aunque desde Uneca consideran que no se deben reabrir los mercadillos en estos momentos, sí remarcan la discriminación que se produjo al inicio de la pandemia, cuando los tenderos no podían ejercer y los supermercados se llenaban de gente.

Una visión que no comparte Chamorro, que exige a la Comunidad de Madrid que levante el veto al comercio ambulante de forma inmediata, al igual que García. El propio portavoz del sector en esta Comunidad denuncia que "las grandes superficies se están hinchando inflando los precios" y enfatiza que "si realmente estuvieran proporcionando un servicio esencial a la población, bajarían los precios para que la gente pueda comprar barato", estimando que el precio de frutas y verduras en el mercadillo puede ser un 50 por ciento más barato que en el supermercado.

"Yo estoy convencido de que el cierre de los mercadillos ha llevado al incremento de los precios porque ahora mismo somos la gran competencia en el sector de la alimentación, ya que nuestra filosofía es vender muchos kilos con poco margen de beneficio", declara Chamorro a Público. Desde su perspectiva, lo mejor para paliar la situación sería dar libertad a la competencia, que es lo que les niegan en este momento, en lugar de regular los precios. El vendedor de frutos secos confirma este marco: "Tengo clientes que me llaman y me dicen que en los supermercados están pagando el doble por el mismo producto que yo les vendía; un abuso que deberían mirar y estudiar porque hoy en día no todo el mundo tiene dinero para hacer frente a esos precios", comenta García.

Pedirán indemnizaciones por daños y perjuicios

Martí, el coordinador general de la patronal, incide en que las medidas que se deben adoptar desde la Administración no tienen que ir encaminadas a la competición entre gobiernos, porque "se trata de ser Estado, y ser Estado significa una coordinación eficaz entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Actualmente, desde Uneca ya trabajan en un protocolo de buenas prácticas para cuando se reinicie la actividad, además de pedir ayudas para la recuperación y un plan de alfabetización digital de cara a que todos los comerciantes ambulantes puedan seguir vendiendo desde sus plataformas si se repiten situaciones como la actual.

Chamorro se suma a todas las reivindicaciones de Uneca, pero advierte de que cuando la situación haya vuelto a la normalidad se reunirán con la Administración para reclamar indemnizaciones al colectivo por los "daños y perjuicios sufridos debido al tiempo que los mercadillos no han podido realizarse y la forma tan injusta en que han sido cancelados", según sus palabras. Así pues, la incertidumbre reina en un sector que mueve centenares de millones de euros a nivel nacional cada año y en el que las sombras tiñen tanto el futuro más cortoplacista como el que se avecina cuando reinicien su actividad los mercadillos por culpa de unas medidas que, si no llegan mal, llegan tarde.

Comunidad gitana, venta ambulante y confinamiento

Según el último estudio de empleo de la Fundación Secretariado Gitano, publicado en 2019 y relativo a los datos de 2018, el 45% de la población gitana ocupada se dedicaba a la venta ambulante. El hecho de que la mitad de la población gitana se quede sin ingresos es tildado de "terrorífico" por Juan Reyes, el director territorial de la ya mencionada entidad en Andalucía, que llega a asegurar que estos profesionales lo tienen peor que nadie: "Muchos gitanos tienen rentas mínimas del Estado y conocen los circuitos de ayuda de los servicios sociales, así que les es más fácil acceder a las ayudas que los vendedores ambulantes, ya que desconocen los trámites a seguir".

Al haber sido un sector de la población gitana que, generalmente, nunca ha tenido que recurrir a los servicios sociales, la situación durante el confinamiento se complica debido a que todas las oficinas se encuentran cerradas. Desde el Secretariado Gitano aseguran que entre el 30 de marzo y el 4 de abril realizaron una encuesta a 11.000 personas de la comunidad entre las que se encontraban muchos vendedores ambulantes con ciertos problemas de subsistencia, así que les ayudaron a agilizar los trámites pertinentes para que pudieran salir de esa situación cuanto antes. El propio Reyes afirma que "mientras que llegan esas ayudas, que están tardando más de la cuenta, hay ONG a las que se derivan este tipo de necesidades inmediatas, además de que cuentan también con la ayuda de sus familias".

Cuestionado por el parecer de la comunidad gitana sobre la potencial reapertura inminente de los mercadillos, el director territorial aduce que "la población gitana, por el contrario de lo que percibe la sociedad general, está muy concienciada con el confinamiento y tiene claro que la aglomeración de gente hará que su sector sea de los últimos en reincorporarse a la actividad económica dado que la aglomeración de público es esencial". Precisamente por esto, "es necesario que esta parcela de la población tan vulnerable sea digna de una especial protección", reclaman desde el Secretariado Gitano.