Consumo ha abierto una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas. Según la nota oficial distribuida por el Gobierno, esta práctica supondría una infracción de la ley de los consumidores y podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros. 

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto esta investigación después de tener conocimiento por las autoridades autonómicas y municipales de que un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia.

La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para que informen sobre las viviendas que se anuncian, según informa el ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

Con la información que suministren estas plataformas, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales de acuerdo al artículo 47 de la ley de consumidores y usuarios.

Ya con la información que recabe, Consumo estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas a los dueños de los pisos, que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.