La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan ha propuesto al Ministerio de Fomento que la autopista AP-1 Burgos-Armiñón siga cobrando peaje una vez que el próximo 30 de noviembre concluya el actual contrato de concesión con Itínere, entre otros motivos, por el elevado tránsito de vehículos extranjeros que registra la vía.

La asociación estima que la autopista necesita una inversión de 327 millones de euros para su ampliación y mejora, y que, posteriormente, su mantenimiento costaría unos 6,2 millones de euros al año al Estado que, además, dejaría de ingresar retornos fiscales de 23,1 millones.

"No tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, estos importes para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista", indicó respecto a su petición de mantener el paje el presidente de la organización que agrupa a las seis grandes constructoras (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr), y a todas las concesionarias de autopistas.

Según datos de Seopan, los vehículos de extranjeros copan gran parte de los alrededor de 20.000 usuarios que diariamente transitan por la autopista, la mitad en los meses de verano.

En el caso de los usuarios nacionales diarios de la vía, muchos de ellos camiomes, para no perjudicarles por el sistema, plantea articular una rebaja en la tasa del peaje.

La patronal considera además que el peaje sirve como instrumento para reequilibrar el tráfico en las distintas vías. Así, estima que, en el caso de la AP-1, levantar las barreras elevaría hasta un 36% su tráfico, lo que, dada a su capacidad, podría generar un "caos".

Por todo ello, Seopan insiste en que "hay que mantener el actual modelo de concesión, con cambios que den satisfacción a todas las partes". "Pero no tiene sentido sufragar con impuestos el tráfico extranjero", remarcó su presidente.

La AP-1 Burgos-Armiñón es la primera de la media docena de autopistas que estos años concluyen el plazo de concesión con el que se contrataron, dado que finaliza el próximo 30 de noviembre.

El resto son el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y el del la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que termina en 2019, mientras que ya en 2021 culmina el del trazado de la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, todos ellos de Abertis.

Seopan calcula que la supresión del peaje en esta media docena de autopistas que terminan su plazo de concesión en los próximos años supondría un coste de unos 450 millones de euros al año para las arcas públicas.

Se trata del importe derivado de su mantenimiento y de la reversión fiscal que deja de ingresar, que se eleva a los 1.000 millones en el caso de considerar a toda la red de pago, que suma unos 2.550 kilómetros de longitud.

Pacto de Estado

Por todo ello, la patronal aboga así por mantener el peaje en estas vías, si bien por el momento sólo ha remitido a Fomento una propuesta en este sentido respecto a la AP-1.

En cuanto al resto de las vías, la asociación confía en que en el momento en que venzan el Gobierno tenga ya determinado el modelo de gestión que quiere implementar en ellas, para lo que aboga por lograr un pacto de Estado.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la voluntad del Gobierno ante estos vencimientos pasa, en primer término, por no prorrogar la gestión de los actuales concesionarios y que las vías reviertan al Estado.

Posteriormente, De la Serna pretende acordar con las principales formaciones políticas la estrategia para estas autopistas que determinará si se mantienen en la red de carreteras del Estado libres de peaje o si su concesión vuelve a salir a concurso.