La CNMV investiga si las pérdidas del Popular en 2017 son de años anteriores

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha explicado este jueves que el supervisor está analizando en qué medida las pérdidas de 12.000 millones de euros presentadas en el primer semestre de 2017 por el Banco Popular son imputables a ese período o corresponden a años anteriores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra analizando "en qué medida es razonable" imputar íntegramente a los primeros seis meses de 2017 los últimos resultados de Popular, correspondientes al primer semestre del pasado ejercicio, o si debían haberse imputado en ejercicios anteriores.

El presidente del supervisor de los mercados ha explicado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros que la CNMV ha formulado varios requerimientos a la entidad con el objetivo de analizar los resultados de los primeros seis meses del año del banco, publicadas en septiembre, que reflejaron unas pérdidas de 12.218 millones de euros tras la resolución de la entidad por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

Durante el último ejercicio completo de Popular como entidad independiente, el banco registró el (hasta el momento) peor resultado de su historia, con pérdidas de 3.485 millones de euros, tras provisionar 5.692 millones de euros, frente al resultado positivo de 105,43 millones de euros que registró en 2015.

Estas cuentas se hicieron públicas en febrero del pasado año, si bien dos meses después, en abril, Popular comunicó a la CNMV una reexpresión de sus cuentas. La entidad manifestó al supervisor que no reformularía las cuentas del ejercicio 2016, pero sí tenía previsto incluir las correcciones oportunas de forma retroactiva en los estados financieros del primer semestre tras una auditoría interna de la cartera de crédito y de la ampliación de capital.

Asimismo, ha señalado sobre el Banco Popular que suspender su cotización antes de la resolución "no hubiera frenado la caída del valor" y podría haber contribuido a empeorar su situación de liquidez, además de no haber detectado "abusos de mercado" en el caso.

Albella ha defendido la actuación del supervisor en los meses previos a la compra del Popular por parte del Santander, porque la evolución bajista de la cotización de la entidad, desde finales de 2016, se consideraba "bastante normal".

En concreto, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha indicado que esta tendencia era "coherente" con las noticias negativas que se fueron sucediendo, desde los resultados peores de lo esperado en 2016 a los ajustes inesperados en abril, pero que "en ningún momento" se apreció "desorden" en la situación de la acción en el mercado, ni "graves asimetrías informativas" que justificarían su suspensión.

Asimismo, Albella ha señalado que, sobre "posibles abusos de mercado", en este caso la CNMV "no ha detectado" aún ni actuaciones manipuladoras con las operaciones en corto sobre sus títulos, ni posibles compras o ventas con información privilegiada en la gestión del Popular, pese a que las investigaciones "siguen en marcha".

También ha añadido que decidir en su momento suspender su cotización, a pocos días de la resolución por parte de la JUR europea, "tampoco era correcto".

Según ha reconocido Albella, el supervisor no conocía la decisión del organismo europeo de resolver la entidad y, además, la suspensión "no hubiera calmado" las tensiones de liquidez que afectaban a la entidad, "sino todo lo contrario".

Acerca de las posiciones cortas sobre el banco, el presidente de la CNMV ha recordado que su evolución se mantuvo "estable" en los últimos seis meses, por lo que no añadían presión bajista en la cotización y que, incluso, en los días previos a su resolución experimentaron un descenso, contribuyendo al alza en la negociación del valor.

Además, ha destacado que el supervisor hizo un seguimiento "estrecho" y "especialmente activo" sobre las informaciones emitidas por el banco al mercado y que llegó a requerir a la entidad publicar "más información o aclaraciones", en especial en cuanto a los ajustes realizados por el banco en abril y sobre las remuneraciones de sus consejeros, aunque la norma permitía que no comunicaran información "sensible o privilegiada".