Cinco datos sobre el mercado de vivienda que anticipan un 2023 convulso

Hablar de vivienda en España es hablar de un bien de mercado más que de un derecho básico. Así lo han dejado claro los expertos de la ONG Provivienda, que ha presentado este martes su informe La casa a cuestas: el problema de la vivienda asequible en España. Son los últimos datos del Observatorio de Vivienda Asequible, del que se extrae uno de los datos más preocupantes del panorama inmobiliario nacional: apenas existen casas a un precio que no genere estrés económico entre la población más vulnerable.

Según este observatorio, en España hay 4,5 millones de personas en situación de exclusión residencial, es decir, que no tienen resueltas sus necesidades de alojamiento, la base sobre la que pivotan gran parte de los demás derechos. Según ha explicado durante la presentación la directora general de Diversidad Familiar y Derechos Sociales, Patricia Bezunartea, más del 80% las personas que atienden los servicios sociales tienen un problema de vivienda.

Entre las causas están unos precios muy elevados, tanto en alquiler como en venta, y la falta de vivienda pública o a precios asequibles. Las consecuencias no son solo el aumento del número de desahucios, sino también el endeudamiento de las familias o las dificultades para emanciparse de los jóvenes, y ponen sobre todo en peligro a los hogares más vulnerables, no solo por bajos ingresos, sino por cargas familiares en diferentes contextos.

Provivienda destaca la exigua cifra de vivienda pública en España, que apenas llega al 2,5% del total. Muy lejos de la medio europea, que supera el 9%. La consecuencia es que solo el 2,8% de la vivienda en alquiler tiene un precio inferior al de mercado. España se ha comprometido con Bruselas a alcanzar la media europea de viviendas públicas, el presupuesto estatal para vivienda se ha multiplicado gracias a la llegada de fondos europeos, aunque ahora llega el reto de aplicarlos acertadamente, aunque son las comunidades autónomas quienes detentas estas competencias. En los últimos dos años aún no ha aumentado el número de viviendas públicas o a precios asequibles, incide Provivienda.

Mientras tanto, el proyecto de ley de vivienda estatal lleva más de dos años sin avanzar, ahora atascado en la fase de enmiendas por las reticencias del PSOE a introducir la limitación del precio de los alquileres, que no han dejado de aumentar en los últimos años. A lo que hay que sumar un aumento en el precio de la compra de viviendas de forma ininterrumpida.

Comprar una casa es un 8% más caro

Según los datos recopilados por este observatorio, la compraventa de viviendas se ha encarecido un 8% respecto a 2021, y la cifra repunta hasta un 12.6% respecto a 2020, tomando como referencia en Índice de Precios de la Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, las diferencias son abismales entre las distintas comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid, Balears y Catalunya son las comunidades donde más caro es comprar. Nos obstante, las regiones donde más ha aumentado el precio son Balears, Andalucía y Cantabria.

Son aumentos que no se equiparan ni de lejos a la subida media de los salarios en ningún territorio. Aunque este desfase entre el coste y los ingresos alcanza límites de vértigo en comunidades como Madrid o Balears, donde la diferencia entre el precio de la vivienda y los salarios supera los 45 puntos porcentuales. El problema también es acuciante en cualquier comunidad, Ceuta y Melilla, con la leve excepción de Extremadura.

A esto hay que añadir el encarecimiento de las hipotecas a tipo de interés variable después de las últimas subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo. En un contexto de inflación, el organismo da por hecho que seguirá aumentándolos, con el correspondiente alza del euribor que implica, que según algunos expertos podría llegar al entorno del 4% en el próximo año.

Alquileres en ascenso ininterrumpido 

Desde que hay datos, los precios del alquiler no han bajado nunca. Y aquí radica uno de los principales problemas. Los datos de una entidad independiente (que no sea un actor determinante en el mercado del alquiler) solo muestran su evolución desde 2015 hasta 2020, el último año fiscal del que tiene información el índice de precios del alquiler del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Estos datos se basan en los ingresos por alquiler que declaran al fisco los arrendadores en cada comunidad autónoma.

Así, un alquiler medio en la Comunidad de Madrid se situó en los 700 euros en 2020, cien euros más que el precio medio de 2017. Esta es la comunidad donde más se nota la pujanza, aunque el precio medio de la renta supera los 600 euros en Balears y Catalunya. Este último territorio, de hecho, ha registrado un nuevo aumento del precio de los alquileres en el último trimestre del 6,6% respecto al mismo periodo de 2021, según datos de la Secretaría de Vivienda e Inclusión Social de Catalunya. Un aumento que coincide con la suspensión de la ley que limitaba el precio de los alquileres.

Hasta el 64% del salario mínimo, para el alquiler

Con esta situación, es desmedido el número de personas que destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, que es el umbral de gasto estipulado para evitar situaciones de estrés económico derivado de la vivienda. 

El observatorio ha comparado estos precios medios con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) neto mensual, y en ninguna comunidad autónoma el gasto en alquiler desciende del 30% del SMI. Destacan, como siempre, Madrid, donde se destina el 64,1% del SMI al pago de una renta, pero también Ceuta, Catalunya, Balears o Melilla, donde no baja del 50%.

En ese sentido, la directora general de Provivienda, Gema Gallardo, ha recordado que la estancada ley estatal de vivienda, "aunque mejorable", sería digna de celebrar y aboga por la intervención pública en los "precios desorbitados del alquiler", sobre todo en grandes ciudades. Aunque la regulación de precios sería "una medida más" que debe ir acompañada de más vivienda pública y de más implicación de entidades del tercer sector en la gestión del parque de vivienda asequible.

El 8,2% tiene problemas para pagar la vivienda

Así, según datos del INE, el 8,2% de la población tiene una gasto elevado en vivienda o retrasos en los pagos. Son 4,5 millones de personas y el problema afecta sobre todo a las mujeres (52,76%). Según este observatorio, por lo general son personas en desempleo, jóvenes y las familias monomarentales con menores a su cargo.

Las personas más vulnerables debido al precio de la vivienda son, sobre todo, personas de menos de 65 años que viven solas y familias monomarentales con hijos dependientes a cargo. 

Derivado de todo lo anterior, el número de desahucios ha repuntado con fuerza desde 2020, el año en que una gran cantidad de casos quedaron paralizados por la pandemia. En 2021 se ha ejecutado 41.359, un 71,1% más que el año anterior. Y son sobre todo lanzamiento derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que acumulan más del 70% del total y se concentran, sobre todo, en Catalunya.

Todo ello, a pesar de las medidas extraordinarias del Gobierno que permiten la suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional que se activó durante la crisis sanitaria. Siguen prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que es muy probable que la cifra de desalojos sigue subiendo una vez que decaiga el real decreto.

La emancipación de jóvenes más baja desde 1998

En 2021 solo lograron independizarse un 16,75% de los jóvenes españoles, es decir, con edades entre los 16 y los 29 años. Es la cifra más baja desde 1998 y el séptimo año consecutivo de descenso en la tasa de emancipación. Teniendo en cuenta que el 52,5% de los jóvenes independientes vive de alquiler, su elevado precio y la enorme precariedad laboral de este segmento de la población, era evidente que el Gobierno debía actuar.

El Bono de Alquiler Joven ha sido la respuesta del Ejecutivo a esta acuciante problema, una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de dos años para personas entre 18 y 35 años con ingreso no superiores a 24.318,84. Según Provivienda, territorios como Cantabria o Catalunya ya han cerrado su convocatoria con una demanda que se excedido por mucho el presupuesto asignado.