El sector eléctrico español ha logrado, gracias al alambicado sistema normativo por el que se rige, un costoso (para el consumidor) y disparatado escenario en el que la luz llega a resultar más cara cuanto menor es el consumo, en el que el cliente de un servicio público privatizado acaba asumiendo de manera encubierta costes de producción de un sector cuyos beneficios aumentan año tras año y en el que, como consecuencia de las trabas a las renovables y el autoconsumo y de la dependencia del petróleo, los precios se disparan hasta alcanzar récords como el de este miércoles sin que haya ningún pico de demanda.

Estas son las principales claves para entender por qué no dejan de crecer el recibo de la luz y el precio de la electricidad, que entre las diez y las once de este miércoles habrá superado para los hogares los 80 euros por megawatio.hora.

Cuando la parte fija del recibo pesa más que el consumo

“El término fijo de la factura se hizo crecer de una manera desmesurada, y eso hace que por debajo de determinados límites de consumo la factura apenas se reduce”, explica Sara Pizzinato, responsable de Energía de Greenpeace España.

¿Y qué es el término fijo? La parte de la factura que no solo varía en función de los días que tiene el mes. Incluye un pago por la potencia contratada, el grueso de cual son los llamados peajes de acceso (38,04 euros al año por kilowatio contratado), destinados a pagar los costes del transporte desde donde se genera hasta donde se produce. Supone 13,28 céntimos por kilowatio y dia; es decir, entre 218 y 286 euros anuales para un hogar estándar (de 18 a 23 mensuales) con una potencia de 3,5 a 4,6 kilowatios, mientras se dispara a 484 anuales y 40 mensuales para quienes tienen contratados diez.

Ese elevado peso de los componentes fijos de las tarifas hace que el precio de la electricidad resulte más elevado cuanto menor sea su consumo en kilowatios, y más barata cuantos más se gastan, en un país cuyo Gobierno admite que cuatro millones y medio de personas sufren pobreza energética.

La parte variable viene determinada por el coste de la energía consumida, que varía por horas y una cuarta parte del cual es peaje de acceso. Y a esos dos bloques se les añade un tercero con el alquiler de los contadores, que supera el euro y medio por mes y a cuyos datos por lo general no tiene acceso el consumidor; el Impuesto a la Electricidad (un 5,11% de la suma del tramo fijo y el consumo) y, en los casos de autoconsumo, el ‘Impuesto al sol’, del que no se descuenta el valor de la energía sobrante vertida a la red, que las compañías acaban comercializando.

El cuarto bloque es el del IVA, del 21%, que se aplica sobre la suma de todo lo anterior. “A la electricidad se le sigue aplicando el IVA estándar pese a que se trata de un producto de primera necesidad”, señala Pizzinato.

¿Quién fija el precio y cómo?

El precio del kilowatio se decide en España mediante el peculiar sistema de “subasta marginal”, que básicamente consiste en que, cada hora, la empresa pública Red Eléctrica cruza los datos de demanda de empresas y consumidores y los de producción de las compañías eléctricas y estima si es necesario reforzar el suministro, para lo que pide a las generadoras que activen o refuercen determinadas centrales. Estas suelen ser las térmicas o las de ciclo combinado, que tienen los mayores costes de producción, mientras el sistema fija como precio de toda la energía que circula por la red el de la más cara del momento, con independencia de qué parte de la misma tenga origen hidráulico o nuclear, tecnologías que prácticamente carecen de costes marginales por estar amortizadas sus instalaciones.

“Están recibiendo un dinero de más por la nuclear y la hidráulica”, anota Pizzinato, que destaca que “la generación es un mercado libre” en manos de unas pocas compañías que, pese a la supervisión de Red Eléctrica, gestionan a su aire ese mercado secundario que acaba disparando los precios.

¿Qué factores influyen en los costes de producción?

Muchos, tanto de tipo económico como político. Entre estos últimos destacan las trabas al desarrollo de las energías limpias que ha sufrido España en los últimos diez años. “Tenemos menos renovables de las que podríamos, y eso se ve en la factura”, apunta Pizzinato, que explica cómo “si se elevara la presencia de la eólica y la solar el recibo bajaría porque no sería necesario recurrir a las centrales de producción cara”.

Entre los económicos, estrechamente ligados con la estructura del sistema de generación, destacan el aumento del precio del gas y de otros derivados del petróleo, que tiene una notable incidencia en sistemas dependientes de esos combustibles como el español, y las tendencias del mercado de futuros, que auguran alzas del 20% en lo que queda de año y un ritmo similar en el primer semestre de 2009.

¿El consumidor asume costes encubiertos?

Greenpeace sostiene que sí. Se trata de distintos componentes de la producción de las eléctricas que acaban cargados en el recibo mensual al incorporarlos las compañías al precio de venta, como una parte de la gestión de los residuos nucleares o los derechos de emisión de CO2, cuya cotización se ha triplicado en lo que va de año al pasar de siete a 21 euros por tonelada. A estos se les suman otros como los llamados ‘pagos por capacidad’, una especie de subvención estatal a las compañías, que ha supuesto 18.000 millones en veinte años, para que tengan disponibles sus centrales térmicas, que son, precisamente, las que más gases de efecto invernadero emiten.

“Eso comienza a hablarnos del coste real de las tecnologías que utilizan combustibles fósiles, que hasta ahora estaban ocultos”, explica Pizzinato, para quien el sistema eléctrico español “sigue anclado en esas fuentes de energía”. “La factura no dejará de crecer mientras no nos deshagamos de los costes encubiertos y sigamos dependiendo de los combustibles. Tenemos que aportar luz a cómo se genera esa factura”, añade.

La organización ecologista estima que el 72,3% de la energía consumida en España en 2016 había sido generada a partir de carbón, gas, petróleo o uranio, mientras el autoconsumo podría llegar a cubrir el 45% de la demanda.

¿Quién controla el sector eléctrico?

En el sector, que el año pasado acumuló más de un millón de quejas de consumidores, operan varios centenares de compañías entre las que destacan cinco: Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y EDP, todas las cuales tienen sendas divisiones de generación, distribución y comercialización y copan más del 70% de los contratos de suministro en sus zonas de predominio. La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) pretende que modifiquen sus denominaciones y que cada área tenga una propia. Greenpeace reclama una segregación real de las actividades entre empresas independientes.