Pocas semanas antes de la celebración de las elecciones municipales, el debate sobre la presión fiscal y el porcentaje de impuestos que aplica cada ayuntamiento vuelve a resurgir. En esta ocasión, lo hace de la mano del último Estudio del Índice de Competitividad Fiscal del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El informe muestra que Reus y Girona son los dos municipios del Estado con peor competitividad fiscal. En el top ten de esta lista también se incluyen localidades catalanas como Lleida, Tarragona y Granollers.

En el ámbito autonómico, Catalunya presenta la mayor presión fiscal normativa, con más de un 8% por encima de la media estatal. En su análisis, el IEE concluye que en caso del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), un tributo específico de los ayuntamientos y que supone el 67% de sus ingresos, los municipios con mayor población son los que mejor tratan fiscalmente a sus ciudadanos, es decir que les ofrecen una mejor competitividad fiscal.

En el estudio del IEE, elaborado por Alberto Monreal y Valentín Pich, este último presidente del Consejo General de Economistas de España, se visualiza que IBI de municipios como Reus y Girona casi duplica al de la media estatal. Tras el IBI, en la clasificación de impuestos con los que más recaudan los consistorios locales se sitúan el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu ), más conocido como la plusvalía municipal, y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que, en el caso de las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Palma, aplican el tipo máximo permitido por la ley.

En su informe, el IEE propone una serie de mejoras para afinar la tributación municipal. Respecto al IBI, plantea "acomodar el valor catastral a la realidad inmobiliaria de bajada de precios de una forma dinámica". Para ello, detalla dos posibles vías: mediante la fijación por parte de la Dirección General del Catastro de valores reales y su modificación inmediata frente a la caída de precios de compra, o a través de modificaciones normativas que permitan realizar valoraciones en ámbitos territoriales inferiores.

En busca de la autonomía financiera

"En Catalunya, existe un nivel de impuestos muy alto, lo que parecería indicar que sus ciudadanos disponen de mejores servicios y prestaciones, pero actualmente parece que no es así". Éste es el primer análisis que hace la profesora de Hacienda Pública y experta en Derecho Tributario de la Universitat de Barcelona (UB), Maria Dolors Torregrosa. El especialista advierte de una medida que rompe el principio de igualdad fiscal, que la Generalitat de Catalunya aplica al Impuesto de las Transmisiones Patrimoniales (ITP). "Mediante la creación de un valor de referencia de los inmuebles, habitualmente superior al precio de compra, el ciudadano debe abonar un impuesto más elevado del que le correspondería y la Administración se lleva un 10% del mismo".

Torregrosa, para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas logren mejorar en su autonomía financiera, aboga por suprimir el Impuesto del Patrimonio, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea (UE). Eso sí, el especialista pide contraprestaciones a esa medida. "No se puede eliminar Patrimonio sin tocar el resto de impuestos. En este caso, sería recomendable subir el IVA excepto para los alimentos y productos básicos, más bien incrementar el de los artículos de lujo, para evitar perjudicar aún más a las familias vulnerables".

Además, Torregrosa defiende un incremento del IBI, al contrario que la propuesta del Instituto de Estudios Económicos, basándose en que "es un tributo que afecta a la tenencia de inmuebles, sean de empresas o de particulares, con el que queda más repartida la carga fiscal". En relación con los impuestos ambientales, la profesora cree que "más que el afán recaudatorio que se está demostrando con su diseño, sería más eficaz premiar las actividades económicas que apuestan por el reciclaje o por la reducción de las emisiones de CO2".

Pocos tributos propios

Ante una campaña iniciada por la patronal Foment del Treball para rebajar los impuestos en Catalunya, la Plataforma per una Fiscalitat Justa critica esta receta, amparándose "en las nefastas consecuencias de los recortes en el sector público, con la precarización del sector sanitario, el aumento de las desigualdades y el déficit de inversiones en las infraestructuras de transporte". La entidad recuerda que los ingresos de la Generalitat provienen, en su mayoría, del sistema de financiación autonómica (más de 25.000 millones de euros) mientras que los ingresos por impuestos no llegan a 5.000 millones de euros. De éstos, los que corresponden a tributos propios no alcanzan los 400 millones. Por tanto, la queja de Foment sobre el exceso de tributos propios no tiene fundamento, ya que éstos están destinados, fundamentalmente, a políticas medioambientales y de salud.

La Plataforma denuncia que esta falta de eficacia en la recaudación de impuestos responde "al abuso de los beneficios fiscales porque muchos favorecen a grandes empresas y a las rentas más elevadas". Ante lo que definen como una "precariedad de recursos" de la Generalitat de Catalunya, reclama un nuevo sistema de financiación porque el actual -que data del año 2009- se basa en indicadores de 2007. Este tema recurrente, el de la necesidad de modificar el sistema de financiación, reaparece en las puertas de cualquier celebración de elecciones. Más allá de este supuesto, la Plataforma per una Fiscalitat Justa insiste en la persecución del fraude fiscal como uno de los hitos pendientes. De hecho, uno de los retos del sistema fiscal local y autonómico radica en que, pese a tener uno de los tipos nominales más altos de la Unión Europea, éste obtiene unos ingresos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) inferiores a la media comunitaria. Es otra de las reflexiones a realizar durante la inminente campaña electoral.