El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este lunes el anteproyecto de una nueva ley contra la violencia de género. Fruto de un trabajo iniciado en noviembre de 2015, la “Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género” pretende integrar aspectos clave que hasta ahora estaban en un segundo plano como la asistencia económica a los menores huérfanos o el acceso prioritario al ámbito laboral y a la vivienda pública.

En palabras de Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de la región, “este proyecto ha centrado los esfuerzos más importantes de la legislatura, movilizando recursos en todas las consejerías e implementando el principio de transversalidad, convirtiéndose de esta forma en la ley más participada y participativa de la historia de Castilla-La Mancha con un total de cuatro procesos de consulta con la ciudadanía y las entidades sociales”.

La nueva norma, calificada como la más avanzada a nivel estatal, recoge el testigo de la ley de 2001 de prevención de malos tratos y protección a mujeres maltratadas que ya fue considerada como la avanzadilla de la ley estatal de 2004 contra la violencia de género. Una de las principales actualizaciones en la legislación, en un intento por aglutinar los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género, ha sido la inclusión de “los matrimonios de conveniencia, la mutilación genital, los matrimonios de conveniencia y la utilización de las redes para dañar a la mujer” como formas de violencia contra la mujer.

Otro de los ejes fundamentales de la nueva ley radica en la especial atención a los menores, olvidados hasta ahora en la legislación sobre esta materia. Para paliar esta desatención, el Gobierno regional garantizará una ayuda económica a los huérfanos por violencia de género con el objetivo de que “la pérdida de su madre no suponga perjuicio económico ni para las y los menores ni para sus familias de acogida”.

En la misma línea, la ley también considerará por primera vez víctimas de violencia de género a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por su pareja para causarlas un mayor sufrimiento. Esta casuística, explica Araceli Martínez, responde a casos como el de los niños cordobeses Ruth y José, cuyo padre decidió quitarles la vida estando inmerso en el proceso de separación de su esposa.

“Paradójicamente no existe un tipo penal para definir a estas mujeres como víctimas de violencia de género y es importante que demos este paso hacia delante”, asegura la responsable del Instituto de la Mujer.

Además, en la línea de apoyo económico la Junta de Castilla-La Mancha destinará una ayuda a familiares dependientes que convivían y dependían de la mujer víctima de la violencia de género.

Conscientes de la transversalidad necesaria para abordar una lacra como la violencia machista, la ley centrará sus esfuerzos en la prevención, sensibilización y concienciación en una sociedad igualitaria, apunta Martínez, “desde el convencimiento de que cuanto menor sea la desigualdad por razón de género, también lo será la violencia machista”. De esta forma, en el ámbito educativo se extenderá la experiencia piloto que ya está en marcha en 48 colegios de la comunidad, con una asignatura obligatoria que promueva la educación afectivo-sexual y la prevención de la violencia de género.

Las únicas ampollas que ha levantado la futura ley tienen que ver con el desarrollo de dicha asignatura y el rechazo de la archidiócesis de Toledo al considerar que “contribuirá al adoctrinamiento en las aulas y a la extensión de la ideología de género”. “Está claramente planteado en clave de oposición hombre-mujer y consideran que la única explicación al fenómeno de la violencia contra la mujer radica en el machismo estructural y en las desigualdades entre mujeres y hombres”, añaden desde la archidiócesis.

El Gobierno regional ha querido extender la concienciación en esta materia al ámbito rural. Bajo el nombre de “misiones pedagógicas por la igualdad”, en 2016 decidieron recuperar la experiencia de la Segunda República de acudir a zonas rurales y deprimidas para difundir la cultura, los valores sociales y la democracia. “En una comunidad tan rural como la nuestra y con una despoblación tan elevada es fundamental acudir a los pueblos con caravanas y trabajar por la igualdad. Empleamos el lema ‘Sin un sí es No’ en 2016, adelantándonos a la indignación producida por el caso de ‘La Manada’, con la idea de que sin un sí explicito las mujeres estamos diciendo que no”, explica Araceli Martínez a Público.

La directora del Instituto de la Mujer castellanomanchego también ha querido resaltar que el 95% de las medidas anunciadas ya están en funcionamiento y, por lo tanto, no caerán en saco roto. Se ha querido referir así a la desafección producida a nivel estatal por el llamado Pacto contra la Violencia de Género, que el Partido Popular ha dejado olvidado en el cajón sin presupuesto tras haberse decidido por consenso en una subcomisión parlamentaria los recursos necesarios para la lucha contra la violencia machista. “Después de que la ministra prometiera que ese presupuesto estaría habilitado para el mes de marzo nos damos cuenta que no existe y que nos ha mentido, porque dice que el presupuesto destinado a las comunidades autónomas ya está integrado en los fondos para la financiación autonómica. Además de tratarse de una falsedad, técnicamente sería imposible porque los fondos para el Pacto de Estado son fondos finalistas, no se puede vincular a ningún otro tipo de financiación”, sostiene Martínez.