Para la Fiscalía fue "una de las mayores estafas conocidas en España por su cuantía, número de perjudicados e impacto en la economía"; incluso el Tribunal Supremo afirmó que fue un "engaño"; ahora, sin embargo, en una sentencia que ha provocado tanta polémica como estupor, la Audiencia Nacional ha absuelto a Rodrigo Rato y a otros 33 acusados por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia. 

El tribunal considera que Rato y los demás acusados son inocentes de los delitos de estafa a inversores y de falsedad contable porque en el momento de su salida a Bolsa, Bankia contó con la aprobación de todos los supervisores, desde el Banco de España hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pasando por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la propia Autoridad Bancaria Europea (EBA). Eso es lo que afirma una sentencia que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y que probablemente lo será dado el gran número de insatisfechos que ha dejado por el camino: desde asociaciones de usuarios de banca hasta partidos políticos. 

La pregunta entonces es bien sencilla: ¿Cómo es posible que lo que en principio parecía a todas luces una estafa y un engaño reconocido por el propio Tribunal Supremo se resuelva ahora con una absolución por parte de la Audiencia Nacional? ¿No es contradictorio que en sentencias anteriores, después de demandas presentadas por ciudadanos particulares, la Justicia haya fallado a favor de los pequeños accionistas, reconociendo así que algo se hizo mal, y ahora sin embargo absuelva a los responsables de aquella operación?

La respuesta a estas preguntas viene determinada por el hecho de que este juicio tenía una innegable carga simbólica: en el fondo también se estaba juzgando a todo un sistema, a una forma de gestionar y también de supervisar, que terminó por reventar en los bolsillos de los ciudadanos. Con su decisión, la Audiencia Nacional exonera a toda una época que marcó a España como país, la época del ladrillo desmedido, de la burbuja, de la especulación ilimitada y de los excesos de una banca que terminó siendo rescatada con 60.000 millones de euros de dinero público. 

Concluye así –de momento– un proceso que ha durado más de ocho años. Todo empezó a principios del verano de 2012, cuando UPyD, el partido que entonces dirigía Rosa Díez, denunció ante la Audiencia Nacional la salida de Bolsa de Bankia un año antes. Unos días más tarde, el 15MpaRato, una plataforma surgida del movimiento de indignados del 15-M, hizo lo mismo. La querella estaba marcha: se acusaba a Rato y al resto de las antiguas cúpulas de Bankia y su matriz BFA de estafa y falsificación de cuentas. 

Los hechos en el momento de presentar la querella parecían incontestables. En julio de 2011, necesitada con urgencia de capital, Bankia –entidad que surgió en 2010 de la fusión de siete cajas– captó en una operación encabezada por Rodrigo Rato, al que entonces se presentaba como el hombre milagro de la economía española, 3.092 millones de euros en su salida a Bolsa, de los que 1.237 millones correspondían a inversores institucionales y 1.855 millones a inversores minoristas. Gracias a una ambiciosa campaña de publicidad, miles de pequeños ahorradores pasaron a ser pequeños accionistas. Los títulos salieron a un precio de 3,75 euros la acción, un 15% menos del mínimo anunciado en el folleto, lo que, sin caer en el alarmismo, no era una buena señal. 

Algo empezó a ir mal ya casi desde el principio. Solo diez meses después de su estreno en los mercados, Bankia tuvo que ser rescatada después de devorar algo más de 22.000 millones en ayudas públicas. Las cuentas que en 2011 reflejaron un beneficio de 309 millones de euros fueron reformuladas tras la salida forzada de Rato y la nacionalización de facto del banco: se declararon unas pérdidas de 2.979 millones en junio de 2012, apenas un año después. Tras estos acontecimientos, el valor de la acción de Bankia se desplomó un 82%. 400.000 personas se vieron abocadas a perder sus ahorros, si es que no los habían perdido ya antes con el escándalo de las preferentes, otro agujero negro del banco que también se llevó por delante mucho dinero de los ahorradores.

¿Maquillaron Rato y el resto de la cúpula de Bankia las cuentas de la entidad para poder acceder a los mercados? Esa era la cuestión que trataba de dilucidar este juicio.

En su escrito de acusación, la fiscal Anticorrupción del caso, Carmen Launa, afirmaba que sí, que los responsables de la entidad recurrieron a una "irregular y anómala operativa" para ocultar la situación real de las siete cajas que se habían fusionado para dar origen a Bankia. Los peritos del Banco de España pensaban lo mismo.

En cambio, la Audiencia Nacional cree que nadie falseó las cuentas y legitima con su sentencia la operación: aduce que todo fue legal, que Bankia no sólo contó con el beneplácito de los organismos supervisores, sino que además el folleto que se entregó a los inversores "contenía una amplia y certera" información. Es más, en su sentencia el tribunal de la Audiencia Nacional reprocha a la Fiscalía que pusiera el foco en la "inadecuada gestión precedente" de dos de las cajas integradas en Bankia cuando se trataban de hechos al margen de la investigación.

El dinero de los accionistas

Tras la sentencia va a ser complicado que los accionistas que aún no han recuperado su dinero vayan a hacerlo y más ahora que Bankia ha sido absorbida por CaixaBank. En ese sentido, el economista Carlos Sánchez Mato, muy familiarizado con este asunto, pues asesoró a 15MpaRato en la presentación de su querella, advierte en su cuenta de Twitter que "al absorber Bankia, Caixabank no se llevará un total de 1.500 millones de euros de riesgo por demandas vinculadas a preferentes y deuda subordinada. Eso se lo va a quedar el Estado". 

"Ahora resulta que CaixaBank va a comprar Bankia y tras la fusión no será más que una especie de sucursal, sólo queda miseria", abunda Manuel Pardos, presidente de la asociación de usuarios Adicae, otro de los querellantes. "Primero cayeron las siete cajas, a lo que le siguió la quiebra de Bankia, entidad que ahora parece ser que también es inviable", añade Pardos.

La sentencia, de hecho, cierra la puerta a que los grandes inversores que participaron en la salida a Bolsa –muchos de ellos poco menos obligados ante el riesgo de que una entidad sistémica como Bankia pudiera quebrar– reclamen su dinero. No podrán alegar falta de información o que fueron engañados.

Afortunadamente para la mayoría de los pequeños accionistas, Bankia ya procedió a la devolución a los minoristas de la práctica totalidad de sus inversiones tras una goteo incesante de denuncias –y algunas sentencias adversas– presentadas por particulares en los juzgados de toda España a partir de 2013. En la mayor parte de esos casos, lo que hacía Bankia era recomprar las acciones. En febrero de 2016 el Tribunal Supremo confirmó la anulación de la adquisición de acciones de Bankia en su salida a Bolsa, y pocos días después Bankia abrió un proceso extrajudicial para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa.

En este proceso, la entidad ha devuelto ya 1.900 millones de euros a más de 225.000 cuentas de inversores. Pero tampoco aquí se puede hablar de éxito completo. Pardos recuerda que a los accionistas "defraudados" solo se les pagó de complemento al capital invertido el 1% y no el interés legal del dinero, que debía de haber sido de un 3% o un 4%. En esta línea, Pardos cree que seguramente muchos accionistas aún no han cobrado por ser un procedimiento "truculento y arbitrario".

Lo cierto es que tras conocer el fallo, las acusaciones particulares ya han manifestado su malestar con una sentencia que califican de "injusta" entre otras cosas porque la Justicia ya ha reconocido en sentencias anteriores que las cosas se hicieron mal, pero ahora la Audiencia Nacional no considera que Rato y el resto de la cúpula de Bankia tuvieran la intención de engañar a nadie.

Ahora a las acusaciones particulares les queda presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esperarán a que ver qué hace la Fiscalía, que aún está sopesando sus próximos pasos.  

Adicae, la asociación que agrupa a los usuarios de la fusión de CaixaBank y Bankia, recurrirá "casi seguro" la sentencia de Bankia porque, dice su portavoz, no esclarece nada y contiene mil contradicciones.  "Es una sentencia complemente inesperada y retrasada en diez años",  dice Pardos, quien además, tacha el proceso de "poco transparente".

Desde el 15MpaRato también dan por hecho que habrá recurso y piden cambios legislativos "para que no haya más casos Bankia" que incorporen una "reforma radical" de los organismos reguladores.

Por su parte, el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Gonzalo Postigo, acata la sentencia pero no la comparte, y apunta a la jurisprudencia civil del Supremo, que "se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la inexactitud y los errores considerables" del folleto informativo de la salida a bolsa.