BankiaLa Audiencia Nacional rechaza dar más plazo a Lagarde para declarar por el caso Bankia

La Audiencia Nacional ha rechazado este lunes ampliar hasta el próximo 16 de agosto la declaración en el juicio por la salida a bolsa de Bankia de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, que debía responder a un cuestionario pero pidió la semana pasada más tiempo al recibirlo mojado y deteriorado.

Aunque Lagarde, cuyo testimonio se solicitó a instancias de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), recibió el cuestionario el 25 de junio, la semana pasada se supo que lo había recibido mojado y deteriorado, por lo que pidió que se ampliara el plazo para responder hasta el 16 de agosto. En la práctica, esto equivalía a aplazar la respuesta hasta septiembre, ya que el mes de agosto es inhábil en los juzgados españoles.

De ahí que la presidenta de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, haya declinado hoy esperar hasta esa fecha, ya que su intención, ha explicado, es concluir en julio con las fases pericial y documental del juicio y empezar en septiembre con la presentación de los informes finales.

Murillo le ha explicado al abogado de CIC, Andrés Herzog, que si el testimonio de Lagarde no llega durante el mes de julio esta acusación tendrá que renunciar al mismo.

En la sesión de este lunes han declarados peritos de algunos de los acusados, como la exconsejera de Bankia Araceli Mora o la firma auditora Deloitte.

Los catedráticos Begoña Giner Inchausti y José Antonio Gonzalo Angulo, que además es expresidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), han destacado que Mora se cercioró de que Bankia "lo estaba haciendo bien, habló con el auditor y por eso no puso problemas" a la formulación de las cuentas del ejercicio 2011 realizada en marzo de 2012.

También ha declarado como experto a petición de Deloitte el abogado Carlos Gómez Jara, experto en cumplimiento normativo o "compliance", que ha defendido la pulcritud y rigor con la que la firma auditora realiza los procesos y su exhaustivo control de riesgos.

La Fiscalía Anticorrupción no acusa ni a Araceli Mora ni a Deloitte, y son sólo las acusaciones particulares y populares las que solicitan penas de hasta 12 años de prisión por estafa a inversores y falsedad contable.