Casi 400 sicav se evaporaron durante 2017, pese a la resistencia de Rajoy a eliminar sus privilegios

La demanda una regulación menos favorable de las sociedades de inversión colectiva de capital variable (las célebres sicav) hizo mella en sus propietarios durante 2017. Por segundo año consecutivo, disminuyó el número de estos instrumentos financieros, que utilizan los grandes patrimonios para ahorrarse impuestos.

Según los últimos datos facilitados por la patronal del sector (Inverco), a 31 de diciembre había 2.844 sicav en funcionamiento, casi 400 menos que al comienzo del ejercicio. Su patrimonio también era menor (32.058 millones de euros, frente a 32.794) y el número de partícipes había bajado de 483.172 a 433.565.

En 2016, ya se produjo un retroceso desde las cifras récord alcanzadas el año anterior, cuando aún no había unanimidad entre los grandes partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) sobre la necesidad de acabar con las ventajas que las sicav ofrecen en materia tributaria desde su nacimiento.

La más atractiva es que sus beneficios tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, mientras que el tipo general es del 25%. Gracias a ello, sólo en los peores años de la crisis (2012-2014) las sicav vieron reducida su factura tributaria en más de 600 millones, mientras que el gasto público era objeto de fuertes recortes.

A cambio de semejante privilegio, las sociedades deben tener un capital mínimo de 2,4 millones de euros y al menos cien accionistas, aunque los promotores suelen sortear este último requisito utilizando a personas que sólo ponen su nombre y que son conocidas en el argot como mariachis.

Para poner coto a la pérdida de recursos públicos que suponen las sicav, la oposición viene exigiendo una reforma de su marco regulatorio, que llegó a incluirse en el pacto con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, pero sin que el PP haya admitido hasta la fecha ningún cambio jurídico.

A pesar de ello, por lo que pueda pasar, los bancos llevan meses ofreciendo alternativas a sus clientes de sicav, que van desde el traslado a países con un trato fiscal más favorable, como Luxemburgo, hasta su fusión, su transformación en sociedades de inversión ordinarias o su liquidación pura y dura.

Las sicav ha despertado tradicionalmente un fuerte interés entre las mayores fortunas españolas, que en septiembre de 2017 controlaban ocho de las diez más grandes, según datos de la empresa de servicios financieros VDOS.

La primera era Torrenova de Inversiones, con 1.539,7 millones de euros, liderada por la familia March, igual que a la tercera del ranking, Cartera Bellver, cuyo patrimonio ascendía a 551,3 millones. Entre una y otra, ocupando el segundo puesto, se encontraba Morinvest (556,7), de Alicia Koplowitz.

Las siete restantes eran: Elitia Invest (403,1 millones), de los hermanos Gallardo Ballart, dueños de Almirall; Allocation (380,6) y Chart de Inversiones (308,8), ambas de la familia Del Pino, socios de referencia de Ferrovial; Soixa (364,8), de Antonio Hernández Calleja, presidente de Ebro Foods; Lierde (331,0), de la familia Alierta; Soandres de Activos (295,4), de Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, y Gesprisa (269,3), de Alberto Palatchi y Susana Gallardo, propietarios de Pronovias.