La Comisión Europea rebajó este jueves su proyección de crecimiento para España en dos décimas para 2018 y 2019, hasta el 2,6% y 2,2%, respectivamente, y empeoró sus cifra de déficit público español, según sus previsiones macroeconómicas de otoño publicadas este jueves.

El análisis sobre España, incluido en sus llamadas Previsiones de Otoño, señala que  "en su quinto año de expansión, la economía española ha empezado a mostrar señales de una suave desaceleración en la primera mitad del año". Bruselas asegura que el ritmo registrado en el primer semestre se mantendrá estable durante la segunda mitad del año gracias a las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que apoyarán un consumo privado que, de lo contrario, se moderaría.

Esta desaceleración se explica, según el Ejecutivo comunitario, precisamente por la ralentización del consumo privado. En todo caso, el informe subraya que la "sólida" expansión del empleo y el crecimiento "acelerado" de los salarios "deberían seguir apoyando el aumento de la renta disponible".

En cuanto al déficit público, las previsiones de la Comisión apuntan uno números rojos de  las administraciones públicas equivalentes al 2,7% del PIB, en línea con las estimaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque  cinco puntos superior a la senda pactada con las autoridades europeas (del 2,2%) por el Gobierno del PP.

Para el próximo año, estima que el déficit se reducirá hasta el 2,1% del PIB, dos décimas más que lo apuntado en sus anteriores previsiones y por encima de la previsión contemplada en el plan presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez (el 1,8%).

Bruselas señala en su informe que esta previsión de déficit "se basa en una evaluación cautelosa" de las medidas incluidas en el borrador de presupuesto de 2019 que le remitió España, puesto que existe "incertidumbre" en particular sobre algunas de las nuevas medidas tributarias y el impacto del aumento del salario mínimo. 

En su análisis, las autoridades europeas rebajan al 0,1% del PIB el impacto conjunto de todas las nuevas medidas de ingresos y gastos incluidas en el borrador presupuestario, frente al 0,4% que calcula el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La diferencia por el lado de los gastos se debe a que Bruselas prevé un mayor impacto presupuestario de las nuevas medidas de escolarización y de la supresión del copago farmacéutico a los pensionistas. Por el lado de los ingresos, estima que se recaudará la mitad de lo que calcula el Gobierno por las nuevas medidas de lucha contra el fraude y el 20% menos por el impuesto a los gigantes digitales y a las transacciones financieras.

Se ralentiza la creación de empleo

La Comisión Europea también afirma que la creación de empleo se ralentizará como consecuencia de la desaceleración de la demanda final y por el efecto "amortiguador" del incremento del salario mínimo. Aun así, remarca Bruselas, el desempleo seguirá cayendo para alcanzar en 2020 el 13,4%, el nivel más bajo desde 2008.

El crecimiento de los salarios, por su parte, alcanzará un pico en 2019, también por el impacto de la subida del SMI, para después moderarse. Seguirá creciendo, no obstante, por encima de la inflación en 2020.

Este indicador se moderará también a partir de este año, después de haber registrado un crecimiento del 2% en 2017, a pesar del aumento "gradual" de la inflación subyacente, que alcanzará el 1,7% en 2020.

Sobre la subida del SMI hasta los 900 euros, la Comisión Europea calcula que tendrá un impacto de entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo en la creación de empleo en dos años.

En concreto, Bruselas estima que esta medida tendrá un impacto negativo del 0,3% el primer año de implementación y del 0,2% el segundo. El efecto acumulado, explican las mismas fuentes, equivaldría a una contracción en la creación de empleo de entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo. En cambio, la Comisión Europea cree que el efecto del incremento del SMI aumentará la masa salarial total del país un 0,35%.

En cuanto a su impacto sobre la recaudación, el Ejecutivo comunitario estima que será menor que los 1.500 millones que calcula el Gobierno, pero no se alejará mucho. Así, Bruselas piensa que el aumento de la base mínima de cotización elevará la recaudación en unos 750 millones y que los efectos secundarios derivados la aumentarán hasta superar los 1.000 millones.