Bruselas pide a España un ajuste fiscal y le insta a retirar las ayudas energéticas

Bruselas cree que España tiene que empezar a ahorrar y a ajustar su déficit público. En realidad, se lo reclama a casi todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero Bruselas sospecha que España incumplirá la senda del déficit que tiene marcada y por eso le pide básicamente una cosa: austeridad. 

En este sentido, la Comisión Europea cree que el déficit público de España bajará al 4,1% del PIB en 2023 y al 3,3% en 2024, tres décimas por encima tanto del cálculo del Gobierno para el próximo año y como del límite del 3% que marcan las reglas presupuestarias de la UE, actualmente suspendidas pero que se aplicarán de nuevo a partir del próximo año.

En su regreso al rigor fiscal, la Comisión Europea recomienda por tanto a España un ajuste fiscal del 0,7% del PIB para reducir el déficit por debajo del 3%. Para lograr ese objetivo, afirma Bruselas, España debería retirar en 2024 medidas de ayuda energética como la conocida excepción ibérica, el mecanismo pactado con la Comisión Europea para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad.  Bruselas sostiene que en todo caso se deberían mantener las ayudas destinadas a colectivos más vulnerables.

Así se recoge en las recomendaciones del Paquete de Primavera presentadas este miércoles por la Comisión Europea. En ese documento también se analiza la deuda pública española: el informe valora que ha disminuido desde 2020 favorecida por una sólida expansión del PIB, pero advierte de que su nivel sigue siendo elevado al situarse en el 113,2% del PIB al término de 2022, con una previsión de cierre del 110,6% en 2023 y del 109,1% en 2024.

Por ello, considera que "los riesgos persisten a medio y largo plazo"  y señala que "los principales obstáculos que afectan a la evolución de la deuda pública están relacionados con los tipos de interés más altos y el aumento del gasto sanitario y las pensiones".

Bruselas también afirma que España sigue experimentando desequilibrios por las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda privada, pública y externa, que tienen relevancia transfronteriza pese a que estén retrocediendo.