Los diez años de controles presupuestarios de Bruselas a España están a punto de llegar a su fin. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles formalmente cerrar el procedimiento por déficit excesivo en que se encuentra España desde 2009 tras comprobar que el país consiguió en 2018 llevar su desvío por debajo del umbral máximo del 3 % del PIB que marcan las normas comunitarias.

"España debe seguir centrándose en unas finanzas públicas sólidas", advirtió el vicepresidente de la Comisión para el euro, Valdis Dombrovskis.

"La Comisión recomienda que el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que el Consejo (los países) adopten esta decisión, todos los procedimientos por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados", informó el Ejecutivo comunitario al presentar sus recomendaciones de política económica para cada país.

La decisión aún no es final: los ministros europeos de Economía y Finanzas tendrán que confirmar que están de acuerdo con la petición de la Comisión cuando se reúnan el próximo 14 de junio. Tras la aprobación de los Veintiocho, España pasará al brazo preventivo del Pacto de Estabilidad (PEC), que exige a los Estados Miembros que cumplan sus objetivos estructurales a medio plazo.

Peor suerte ha corrido Italia, para la que la Comisión Europea ha recomendado que se active un proceso sancionador por deuda excesiva. Cree Bruselas que Italia no ha adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y que previsiblemente seguirá creciendo en los próximos años. La multa podría alcanzar los 3.500 millones de euros.

Por su parte, España cerró el ejercicio 2018 con un déficit del 2,5%, por debajo del 3% que exige Bruselas como máximo a todos los Estados miembros. Según las previsiones de Eurostat, el déficit seguirá bajando este año (2,2%) y en los siguientes.

Para mantenerse fuera de la vigilancia del Ejecutivo comunitario, Bruselas ha recomendado a España que preste atención a la cantidad de contratos temporales existentes, “aún muy extendidos” en nuestro país. Además, ha llamado al Estado a invertir en investigación y desarrollo, que se sitúa a la mitad de la media europea, y ha urgido a prestar más atención a asuntos como la tasa de abandono de la escolarización, el empleo en sectores con alto componente tecnológico y a limar las diferencias jurídicas entre Comunidades Autónomas, que “limitan las economías de escala”.

Es la primera vez que la Unión Europea ha incluye recomendaciones de inversión a cada uno de los países miembros, además de las habituales recomendaciones que hace cada año.

Aunque el Colegio de Comisarios ha ratificado hoy la decisión, el comisario de Economía Pierre Moscovici ya había anunciado el pasado 7 de mayo que la Comisión recomendaría en principio que España saliera del proceso, tras confirmar que el déficit nacional en 2018 se situaría dentro de los márgenes aceptables por la Unión.

La salida de España del proceso de déficit excesivo es un apoyo además para la posición de liderazgo que está tomando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las negociaciones para el nombramiento de las nuevas presidencias de las instituciones europeas clave. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, viajará a Madrid mañana para reunirse con Sánchez, quien a su vez se desplazará a Bruselas el viernes para mantener una cena con los líderes belga, holandés, portugués, letón y croata, que negocian junto a España las presidencias del nuevo ciclo legislativo europeo.

Fin a diez años de control

Tras la salida de Francia del proceso de régimen excesivo el año pasado, España era el último país que quedaba bajo vigilancia, aunque en 2010 y 2011, durante los peores años de la crisis, hasta 24 países de la UE estuvieron controlados por el Ejecutivo comunitario. Si los ministros europeos confirman la recomendación de la Comisión, Italia sustituirá a España como único país bajo control presupuestario. Los únicos países que nunca han estado en este proceso son Estonia y Suecia.

La Comisión Europea abrió el proceso de vigilancia a España en 2009, año en el que el déficit de gasto acabó alcanzando un 11%, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bruselas pedía al Gobierno que alcanzara números aceptables para 2012, un límite que acabó ampliando en tres ocasiones más: 2014, 2016 y 2018.

El momento más delicado de la situación se produjo en 2016, cuando Bruselas amenazó con una multa de más de 2.000 millones de euros por incumplimiento. Al final, el Ejecutivo comunitario no aplicó la multa y aceptó prorrogar el proceso hasta 2018. El año pasado la Comisión ya anunció que si España continuaba con los ajustes demandados saldría del régimen de déficit excesivo en 2019.

Bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Estados miembros se comprometen a mantener sus cuentas en orden siguiendo una serie de parámetros: mantener el déficit bajo el 3% del PIB y su deuda total bajo el 60% del PIB. Según los últimos datos de Eurostat, 14 países tenían una deuda superior a la permitida a finales del año pasado, aunque Bruselas exime del proceso de déficit excesivo a los Estados que lleven al menos tres años rebajando su deuda.

A día de hoy, Grecia es el país de la UE con más deuda (181,1% de su PIB), seguido de Italia (132,2%) y Portugal (121,5%). La deuda española se sitúa en el 97,1% del PIB nacional.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue adoptado en 1997 con el objetivo de asegurar la estabilidad de la Unión ante la cercanía de la entrada en circulación de la moneda única.