La bodega Ramón Bilbao, con sede en Haro (La Rioja), ha acaparado el 21% de las ayudas concedidas por la Xunta para la reestructuración de viñedos en el año 2017 en Galicia, al llevarse más de 156.000 euros del total de las subvenciones concedidas por el ejecutivo gallego en ese capítulo. Entre cinco grandes bodegas, entre la que también figura la empresa jerezana González Byass, han acaparado el 60% del total del dinero repartido, que suma 726.400 euros. Según ha denunciado el Sindicato Labrego Galego (SLG), las condiciones para solicitar esas partidas hacen que los pequeños productores, en su mayoría familias propietarias de modestas explotaciones, incluso lleguen a perder dinero si se las acaban concediendo, lo que disuade a muchas de ellas de pedirlas.

Las ayudas para la reestructuración están pensadas para permitir a los productores financiar la sustitución de vides viejas por cepas jóvenes, así como para reconvertir sus viñedos a otras variedades de uva y para mejorar la gestión de las plantaciones. Están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), pero es la Xunta la que establece las condiciones para acceder a ellas y la que decide a quién y en qué cantidades se conceden. Aunque en la orden de la convocatoria del 2017 se especificaba que su finalidad era “aumentar la competitividad de las personas productoras del sector vitivinícola de Galicia”, lo cierto es que han acabado beneficiando a las grandes compañías, algunas de ellas con sede social fuera de la comunidad.

En una resolución de la Consellería do Medio Rural publicada el pasado 9 de enero en el Diario Oficial de Galicia figura el listado de beneficiarios: Ramón Bilbao, filial del grupo murciano Zamora Company, propietario también de Licor 43 y del albariño gallego Mar de Frades, entre otras marcas, es el mayor perceptor con 156.706 euros. Esa bodega cuenta con unas sesenta hectáreas de viñedos en la denominación de origen Rías Baixas. Le siguen las gallegas Agrícola Anmar, productora de Martín Códax, con 94.941 euros; Terras Gauda (61.907 euros) y Virxe de Galir (74.753), y la gaditana González Byass Jerez, con 51.115 euros. En total se han aprobado 62 planes de ayuda, cuya media, de 11.716 euros por solicitud, es considerablemente inferior a esas cifras.

“Las políticas de Medio Rural estimulan la concentración del sector vinícola en unas pocas bodegas de grandes dimensiones apoyadas por grandes capitales, a menudo foráneos; y favorecen la desaparición de un medio rural vivo”, asegura el SLG, que advierte de que esa estrategia favorecerá a medio plazo que esas empresas “tengan cada vez un mayor dominio sobre la producción, los precios de la uva, el mercado y el sector”.

Según explica Bernardo Estévez, un viticultor de 47 años con tres hectáreas de viñedos en la comarca ourensana de O Ribeiro, hasta hace tres años, y una vez concedidas las subvenciones, la Xunta las abonaba contra la presentación de las facturas de compra de las nuevas vides y de los productos necesarios para los trabajos de arranque y replantación, con las que el viticultor demostraba que el plan de reestructuración que había presentado se había ejecutado. Aunque posteriormente los servicios de Extensión Agraria Se entendía que eran los propios viticultores quienes ponían su mano de obra, como se ha venido haciendo ancestralmente en Galicia. Pero en las últimas convocatorias la Xunta obliga a que se presenten también las facturas de empresas externas por la mano de obra.

“Soy agricultor, ese es mi trabajo, ¿cómo voy a contratar a una empresa de servicios para que haga mi trabajo? A las grandes bodegas les compensa porque en cualquier caso iban a subcontratar esas tareas, pero a nosotros, no”, se lamenta Estévez, quien advierte además de que en muchas zonas de su comarca las plantaciones de uva están situadas en zonas altas y en laderas a donde ni siquiera pueden entrar máquinas, que se trabajan a mano y donde cualquier empresa le cobraría por esos trabajos mucho más del importe de la subvención que recibiría. “Lo que intentan es cambiar el modelo de producción. Que desaparezcan los pequeños productores y que el sector quede en manos de las grandes empresas”, concluye.