Banco Santander pretende deshacerse de la mitad del empleo que absorbió con la compra de Popular por un euro en junio de 2017: la dirección de la entidad ha anunciado este martes a los sindicatos que el ERE que presentará en las próximas semanas incluirá 3.713 despidos, el cierre de 950 oficinas y el traspaso de otras 200 sucursales a autónomos que se hagan cargo de ellas.

Las 3.713 bajas, que los representantes de los trabajadores esperan reducir durante el periodo de negociación del ERE, se sumarán a las 1.100 del ERE que el año pasado afectó a los servicios centrales de las dos entidades y a los 575 traslados de trabajadores a empresas del grupo segregadas de la actividad bancaria, lo que elevará a 4.848 el número de ceses en menos de un año y medio.

El planteamiento de la empresa, que afectará al 11% de la plantilla, incluye 2.847 trabajadores de la red comercial, 588 en las estructuras intermedias y 278 en los servicios centrales.

Esa cifra equivale prácticamente a la mitad del empleo que absorbió Santander al comprar Popular, que en junio de 2017 mantenía una plantilla de 12.343 trabajadores pero se encontraba en plena ejecución de un ERE de 2.592 bajas que dejaron las incorporaciones en el entorno de las 10.000.

Tras los ajustes, la plantilla de Santander se situará en el entorno de los 30.000 miembros.

Cierre de oficinas y “agentes colaboradores”

Los responsables de Santander también plantearon este martes a los sindicatos su intención de deshacerse de 1.150 oficinas de su actual red comercial, 950 mediante el cierre y otras 200 mediante su endose a trabajadores autónomos que se hagan cargo de ellas bajo la figura del agente colaborador.

El banco ya aplica en una pequeña parte de su red este modelo, en la que la entidad paga a los autónomos una pequeña cantidad por esos servicios a la que suma una parte del margen de intereses que genere la actividad comercial de esa sucursal.

Esas 1.150 sucursales equivalen al 72% de las 1.584 de Popular y de Pastor que Santander absorbió con la compra de la primera de esas entidades.

No obstante, los cierres no afectarán únicamente a antiguas oficinas de Popular sino que la dirección prevé tener en cuenta factores como las características funcionales del local, la propiedad o las posibilidades de venderlas.

Buena parte de la red de sucursales de Santander fue, con la excepción de algunos inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, enajenada hace unos años para pasar a ocuparla como inquilino, en algunos casos con contratos de hasta 457 años de arrendamiento.

El paquete de 950 oficinas que cerrarán, en todos los casos antes de que termine este año, incluye 21 de la red de Banca Privada de Popular, que son la totalidad de su antigua red salvo una sucursal de Madrid, que seguirá operando por motivos comerciales e institucionales.

“Detrás de esas cifras hay personas”

La dirección del banco ha citado a los sindicatos de nuevo el próximo jueves, en este caso para que los autores del informe técnico en el que se basa el ERE expongan las causas, que son de tipo organizativo y productivo.

Básicamente, el banco argumenta la duplicidad de puestos y oficinas tras absorber Popular (en Sevilla se da el caso de cuatro oficinas situadas pared con pared), la necesidad de aumentar la eficiencia ante la caída del margen de intereses provocada por los bajos tipos de interés (cerró el primer trimestre con 1.098 millones de ingresos y unos costes de explotación de 1.079), y la intención de redimensionar tanto la red como el trabajo diario ante el aumento de la digitalización, que ha disparado las operaciones telemáticas.

“Hemos recibido esas cifras con preocupación. La empresa tiene beneficios pero la reforma laboral le permite plantear un ERE”, señala Ana Herranz, de CCOO, que marca como prioridades en la negociación reducir el número de salidas, primar la voluntariedad y alcanzar un nivel de indemnizaciones que evite en la medida de lo posible las bajas traumáticas.

“Los números tienen personas detrás”, destaca Juan José Paredes, de CGT, sindicato que rechaza los despidos y reclama que, en todo caso, las bajas se gestionen mediante prejubilaciones.

“No podemos aceptar despidos cuando la empresa tiene beneficios y hay gente que trabaja gratis”, añade, en relación con las ampliaciones de jornada. Según la EPA (Encuesta de Población Activa), los trabajadores de la banca y los seguros hicieron en el primer trimestre una media de 180.900 horas extraordinarias no remuneradas que suponen el 84% de las 215.100 que se realizan en esos ramos.